Pura estrategia, política

Ante la necesidad política de dar una salida al texto consensuado en su día con el PP, el Gobierno regional ha puesto sobre la mesa una propuesta que se olvida de la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura para el año 2015. Ahora se pretende recoger una “reserva estratégica” de 6.000 hectómetros cúbicos. El final del trasvase con fecha de caducidad para el 2015 incluida, era para el Presidente de la Junta y todos los miembros de la Mesa del Agua un objetivo irrenunciable y una reivindicación básica para los intereses presentes y futuros de la región, quien pensara lo contrario, según ellos, estaba fuera de la realidad. Tras varios años de defensa a toda costa, de ríos de tinta, de adhesiones inquebrantables, de unanimidad en las Cortes, de grandes manifestaciones, debates y cientos de titulares, hoy nada queda de esa fecha de caducidad del trasvase y aquí parece que nadie se extrañe del cambio de rumbo. Es como si se asumiera que lo del agua es cuestión de negocio político, es decir, simplemente se intenta sacar ventaja política. Cuando una posición no es ventajosa políticamente se inventa otra. Y en esas estamos, ¿quién se acuerda del “año 2015”?, o peor aún ¿quién habla de gestión ambiental y nueva cultura del agua? Ahora lo rentable es tener una reserva estratégica cuya cuantía se cifra, no sabemos por qué, en 6.000 hectómetros cúbicos, fórmula que se copia del Estatuto de Aragón. No se si esta reserva es el final del trayecto, tengo muchas dudas, puede ser un bandazo más. Este gobierno nuestro ha pasado de apoyar el plan hidrológico nacional que después derogó Zapatero, a firmar un acuerdo histórico sobre el agua que era la panacea de todos los pactos y que poco o nada solucionó, a proponer de manera irrenunciable la caducidad del trasvase y ahora es capaz de olvidarse de todo lo anterior. Y que decir del PP que soluciona los problemas del agua con trasvases y es capaz de defender, aunque sea fugazmente, la caducidad del Tajo-Segura. ¿Qué intereses se defienden?
La nueva formula planteada, no es ni mejor ni peor que las anteriores, es simplemente algo imposible de cumplir que ni vincula, ni obliga ni compromete al Gobierno de España ni a los órganos de gestión del agua y además, es una formula recurrida ante el Tribunal Constitucional al ser recogida en el Estatuto de Aragón. Se trata de una salida política para continuar con los problemas de siempre, ríos hipotecados que no conocen una adecuada gestión ambiental y que se secan en algunos tramos de forma periódica, acuíferos sobrexplotados, trasvases entre cuencas, el Tajo la cloaca de siempre, Entrepeñas y Buendía bajo mínimos, parques nacionales casi abandonados a su suerte, proyectos de adosados con piscina y a un puñado de kilómetros poblaciones abastecidas con cubas y preponderancia de un urbanismo depredador del medio natural, de todo esto se habla menos.