Reconocimiento de justicia

Las ayudas, que se conceden al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, tienen un doble objetivo: por una parte reconocer la deuda histórica con los afectados, y por otra contribuir a satisfacer sus necesidades básicas. Para cumplirlo se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados durante su minoría de edad al extranjero, entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, como consecuencia de la Contienda española, y que han desarrollado la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Guadalajara, no es de las provincias españolas que cuenta con más refugiados de este tipo, aunque no por ello deja de ser relevante que tres de los niños, que por entonces correteaban por tierras alcarreñas acabasen repartidos por el mundo. Por eso, parece más que justo que, ahora, se les garantice unos ingresos equivalentes a la cuantía de la pensión contributiva por jubilación para mayores de 65 años. Igualmente justo es que se apoye, desde nuestro país, a aquellos que en otras épocas tuvieron que dejar todo atrás para poder emprender una nueva vida y sustentar, en muchas ocasiones, los hogares que quedaban en Guadalajara. Son esos 58 alcarreños que residen en el extranjero y que han tenido que acogerse a pensiones asistenciales por ancianidad a favor de emigrantes y pensiones de jubilación no contributivas de la Seguridad Social. Tanto el primer colectivo como el segundo tienen que contar con el mayor de nuestros respetos y, por tanto, con todo el apoyo que nos sea posible ofrecerles a través de las distintas administraciones. Es el único modo de reconocer el sacrificio hecho.