Saltarse la ley tiene un precio

Según los datos de la Asociación de Productores de Caza de Castilla-La Mancha genera más de 5.000 empleos en puestos directos de trabajo, crianza y aprovechamiento de especies cazables. Sin embargo, todo el movimiento económico en cadena que genera el mundo de la caza no se puede cuantificar. Desde el perrero, el guarda, el cazador, el armero, el taxidermista hasta el vendedor de ropa o el propietario de un establecimiento especializado en cocina de caza, son oficios que viven directamente de esta actividad. La propia caza mueve cientos de millones de euros en nuestra Comunidad Autónoma y afecta a miles de personas. Esta práctica, además tiene unas profundas raíces históricas y unas reglas, que siempre han tenido que controlarse, a través de normas y leyes. Algo parecido ocurre con la pesca, aunque en un nivel muy inferior. Es ese desarrollo es el que ha llevado a aplicar una amplia normativa que pretende evitar los delitos medioambientales. La tarea de un agente medioambiental va mucho más allá de vigilar los montes en relación con los incendios forestales o participar en labores de prevención y extinción. En Castilla-La Mancha trabajan en torno a 500 agentes medioambientales, que poseen la condición de agentes de la autoridad, por lo que tienen competencias para denunciar las posibles infracciones en materia de montes, espacios protegidos, caza y pesca, vías pecuarias, incendios forestales y todo lo que tenga que ver con la conservación del medio natural, así como con los residuos, la calidad ambiental o la contaminación. Son ellos los que se encargan de velar por el cumplimiento de la norma aunque todavía haya muchos que pretenden salir airosos de la infracción. Gracias a su labor, cada día son menos los que infringen la ley y salen impunes.