Sanidad: pronóstico reservado
30/04/2012 - 17:08
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió de sus vacaciones de Semana Santa descansado y relajado, sin atisbo de preocupación alguna al anunciarnos por medio de una nota de prensa un recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Así, tan tranquilo, sin analgesia y sin anestesia, ha asestado una estocada que hiere brutalmente la asistencia sanitaria pública, provocando una hemorragia que debilita la capacidad del sistema como vertebrador y generador de equilibrio y bienestar de una sociedad.
Rajoy debería saber a estas alturas que el sistema sanitario público es un logro colectivo de este país. Por eso, los ciudadanos estamos en nuestro derecho de defenderlo con uñas y dientes. Más aún, yo diría que es nuestra obligación hacerlo en nombre de nuestros hijos y de las generaciones futuras, y también en el de nuestros padres, que seguramente son quienes más necesitan de los servicios de una sanidad que hasta ahora han construido y mantenido. Sin embargo, Rajoy ha decidido usarlos nuevamente para recaudar. Ha decidido que paguen las recetas, que paguen las prótesis y que paguen el transporte sanitario no urgente. Eso para empezar.
Actuaciones de este calado social y de este nivel de agresión deben tener enfrente a la ciudadanía para defender un patrimonio único de este país: la sanidad pública. Una sanidad que ofrece la mayor cobertura, menor coste y mejores resultados en salud de todo el mundo desarrollado. La inversión que no gasto en sanidad en España es del 7% del PIB, por debajo de la media europea, según la OCDE. Un sistema que supone aproximadamente 1.500 euros por persona en España 1000 euros menos que Francia y 3000 euros menos que en EEUU y, a cambio, ha conseguido situar la esperanza de vida de los españoles entre las más elevadas del mundo y un grado satisfacción de los usuarios de notable alto, son elementos más que objetivos para decir que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
De forma inexorable, se va a generar un progresivo deterioro de la asistencia sanitaria agudizado, como si de un brote epidémico se tratase, por el recorte de 7.000 millones de euros que producirán privatizaciones, despidos, recortes de prestaciones, copago/repago, incremento en las listas de espera, muertes prematuras y multitud de efectos indeseables para la salud y el bienestar de los ciudadanos.
No procede quedarse paralizado, no procede quedarse con los brazos caídos, no podemos ni debemos quedarnos quietos. Con las herramientas que tiene un Estado democrático de derecho, debemos utilizar la movilización ciudadana, las asociaciones de pacientes, los profesionales, los sindicatos, los partidos políticos, para iniciar una resistencia cívica activa. Un activismo ciudadano, profesional y político mediante la presentación de reclamaciones, cartas a los directivos sanitarios, recogida de firmas, presión política a los gobiernos autonómicos, etc.
La sanidad pública, universal y gratuita, que tanto esfuerzo ha costado construir, se está convirtiendo en un paciente crítico al que el parte médico emitido por el gobierno ha etiquetado con un pronostico reservado, el tradicional eufemismo médico utilizado para cubrirse las espaldas ante una situación incierta. Un término muy adecuado como resumen de la situación a la que el gobierno de Rajoy está llevando a la sanidad española, con el seguidismo aventajado de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Rajoy debería saber a estas alturas que el sistema sanitario público es un logro colectivo de este país. Por eso, los ciudadanos estamos en nuestro derecho de defenderlo con uñas y dientes. Más aún, yo diría que es nuestra obligación hacerlo en nombre de nuestros hijos y de las generaciones futuras, y también en el de nuestros padres, que seguramente son quienes más necesitan de los servicios de una sanidad que hasta ahora han construido y mantenido. Sin embargo, Rajoy ha decidido usarlos nuevamente para recaudar. Ha decidido que paguen las recetas, que paguen las prótesis y que paguen el transporte sanitario no urgente. Eso para empezar.
Actuaciones de este calado social y de este nivel de agresión deben tener enfrente a la ciudadanía para defender un patrimonio único de este país: la sanidad pública. Una sanidad que ofrece la mayor cobertura, menor coste y mejores resultados en salud de todo el mundo desarrollado. La inversión que no gasto en sanidad en España es del 7% del PIB, por debajo de la media europea, según la OCDE. Un sistema que supone aproximadamente 1.500 euros por persona en España 1000 euros menos que Francia y 3000 euros menos que en EEUU y, a cambio, ha conseguido situar la esperanza de vida de los españoles entre las más elevadas del mundo y un grado satisfacción de los usuarios de notable alto, son elementos más que objetivos para decir que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
De forma inexorable, se va a generar un progresivo deterioro de la asistencia sanitaria agudizado, como si de un brote epidémico se tratase, por el recorte de 7.000 millones de euros que producirán privatizaciones, despidos, recortes de prestaciones, copago/repago, incremento en las listas de espera, muertes prematuras y multitud de efectos indeseables para la salud y el bienestar de los ciudadanos.
No procede quedarse paralizado, no procede quedarse con los brazos caídos, no podemos ni debemos quedarnos quietos. Con las herramientas que tiene un Estado democrático de derecho, debemos utilizar la movilización ciudadana, las asociaciones de pacientes, los profesionales, los sindicatos, los partidos políticos, para iniciar una resistencia cívica activa. Un activismo ciudadano, profesional y político mediante la presentación de reclamaciones, cartas a los directivos sanitarios, recogida de firmas, presión política a los gobiernos autonómicos, etc.
La sanidad pública, universal y gratuita, que tanto esfuerzo ha costado construir, se está convirtiendo en un paciente crítico al que el parte médico emitido por el gobierno ha etiquetado con un pronostico reservado, el tradicional eufemismo médico utilizado para cubrirse las espaldas ante una situación incierta. Un término muy adecuado como resumen de la situación a la que el gobierno de Rajoy está llevando a la sanidad española, con el seguidismo aventajado de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.