Solbes encauza la financiación
01/10/2010 - 09:45
ARTICULOS
Antonio Papell
El vicepresidente Solbes está conduciendo con su proverbial y socarrona habilidad el arranque de la difícil negociación del nuevo sistema de financiación autonómica anteayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y anoche se celebró una cena de los presidentes autonómicos socialistas con Zapatero y con Solbes en Moncloa-, sin que durante estos prolegómenos en los que empiezan a sentarse criterios haya asomado ni una brizna de belicosidad, a pesar de que, según algunos conspicuos hermeneutas de la actualidad política, la bilateralidad con el Estado a la hora de establecer la financiación de Cataluña establecida en su renovado Estatuto justificaba por sí sola el melodramático España se rompe con que fue acogida la Carta catalana.
Para disponer de argumentos de autoridad, Economía había creado en su Instituto de Estudios Fiscales una comisión de 26 expertos (entre ellos, Juan Manuel López Carbajo, nuevo secretario general de Financiación Territorial) que ha producido un informe que, en síntesis, defiende como no podía ser de otra manera- que es en el ámbito multilateral, o sea en el CPFF, donde se fija el sistema de financiación. Pero el informe comparte asimismo el diagnóstico de Montilla sobre las graves deficiencias del modelo que ha regido hasta ahora, ya que genera excesivas diferencias en la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos.
Como es natural, el objetivo [del nuevo sistema de financiación] dijo Solbes el lunes en el CPFF ante todos los consejeros de Economía- es que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales. Para asegurar tal igualdad, un fondo del Estado compensa a las comunidades autónomas cuyos ingresos no cubren tales gastos. El criterio es inobjetable, pero ahí radica precisamente la discrepancia entre Cataluña (secundada por Baleares) y las demás comunidades: Cataluña cree que es injusta la garantía de igualdad total y pide que el Estado limite la aplicación de este fondo de solidaridad a salud, educación y asuntos sociales, lo que reduciría la aplicación del fondo estatal a entre el 65% y el 75% de los gastos; lógicamente, las autonomías que más se benefician de la situación actual se oponen a cualquier reforma, pero es evidente que estamos ante discrepancias negociables porque no encierran una controversia ideológica irreductible. Todo indica que la solución final estará a medio camino entre la propuesta catalana que reduce en exceso el fondo de solidaridad- y la situación actual, que efectivamente genera lesivos desequilibrios y deja incluso sin recursos suficientes a alguna de las regiones teóricamente más ricas.
Quedaba pendiente de resolver el problema de la bilateralidad, consagrada por el nuevo Estatut. Como es lógico, el reparto de la tarta cuyo límite, impuesto por Rodríguez Zapatero, es el 50% de los recursos públicos disponibles- que corresponde al conjunto de las autonomías (salvo los territorios forales) ha de acordarse en un marco multilateral. Las restantes comunidades no aceptarían que Cataluña negociase lo suyo directamente con Madrid. Y también Solbes ha resuelto el problema con la mayor sencillez: primero se producirán contactos bilaterales con cada autonomía, después el Gobierno formulará su propuesta, que se debatirá en el CPFF para cerrar un acuerdo, que luego se plasmará en las comisiones mixtas del Estado con cada comunidad. De este modo, y como ordena el Estatuto catalán, la financiación provendrá en última instancia de la negociación bilateral que se produzca en la Comisión Mixta Administración Central-Generalitat.
La simplicidad de los desarrollos políticos cuando cunden la flexibilidad y la cordura es una premonición de lo que asimismo podría hacer el TC con los recursos presentados contra el Estatut, con las facilidades que ofrecen el lenguaje forense y la habilidad jurídica de quienes en este caso han de aplicar el Derecho: una sentencia interpretativa podría fácilmente salvar por elevación ciertas incongruencias internas del texto estatutario sin necesidad de dramatizarlas ni de suscitar un grave problema político.
Así las cosas, y dada la sensibilidad que había creado este problema, la puesta en marcha de esta negociación era inaplazable a pesar de los buenos argumentos de Felipe González para oponerse a ello-, aunque no es seguro que pueda haber concluido el 9 de agosto, la fecha estatutariamente prefijada. Una vez encauzado este asunto, que ya comienza a reseñarse con escaso realce hasta por la propia prensa catalana, habrá que cambiar el objeto de la preocupación general: una vez decidido cómo gastar los recursos disponibles, tendremos que centrar la atención en cómo conseguirlos, ya que la desaceleración económica que estamos viviendo incidirá sin duda muy negativamente en la recaudación fiscal. Esta evidencia ha de ser una razón más para la flexibilidad de las posturas en las negociaciones sobre la financiación, en la que la defensa de los propios intereses ha de compatibilizarse a la fuerza con el sentido de la solidaridad que está en la base de nuestras propias convicciones constitucionales.
Como es natural, el objetivo [del nuevo sistema de financiación] dijo Solbes el lunes en el CPFF ante todos los consejeros de Economía- es que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales. Para asegurar tal igualdad, un fondo del Estado compensa a las comunidades autónomas cuyos ingresos no cubren tales gastos. El criterio es inobjetable, pero ahí radica precisamente la discrepancia entre Cataluña (secundada por Baleares) y las demás comunidades: Cataluña cree que es injusta la garantía de igualdad total y pide que el Estado limite la aplicación de este fondo de solidaridad a salud, educación y asuntos sociales, lo que reduciría la aplicación del fondo estatal a entre el 65% y el 75% de los gastos; lógicamente, las autonomías que más se benefician de la situación actual se oponen a cualquier reforma, pero es evidente que estamos ante discrepancias negociables porque no encierran una controversia ideológica irreductible. Todo indica que la solución final estará a medio camino entre la propuesta catalana que reduce en exceso el fondo de solidaridad- y la situación actual, que efectivamente genera lesivos desequilibrios y deja incluso sin recursos suficientes a alguna de las regiones teóricamente más ricas.
Quedaba pendiente de resolver el problema de la bilateralidad, consagrada por el nuevo Estatut. Como es lógico, el reparto de la tarta cuyo límite, impuesto por Rodríguez Zapatero, es el 50% de los recursos públicos disponibles- que corresponde al conjunto de las autonomías (salvo los territorios forales) ha de acordarse en un marco multilateral. Las restantes comunidades no aceptarían que Cataluña negociase lo suyo directamente con Madrid. Y también Solbes ha resuelto el problema con la mayor sencillez: primero se producirán contactos bilaterales con cada autonomía, después el Gobierno formulará su propuesta, que se debatirá en el CPFF para cerrar un acuerdo, que luego se plasmará en las comisiones mixtas del Estado con cada comunidad. De este modo, y como ordena el Estatuto catalán, la financiación provendrá en última instancia de la negociación bilateral que se produzca en la Comisión Mixta Administración Central-Generalitat.
La simplicidad de los desarrollos políticos cuando cunden la flexibilidad y la cordura es una premonición de lo que asimismo podría hacer el TC con los recursos presentados contra el Estatut, con las facilidades que ofrecen el lenguaje forense y la habilidad jurídica de quienes en este caso han de aplicar el Derecho: una sentencia interpretativa podría fácilmente salvar por elevación ciertas incongruencias internas del texto estatutario sin necesidad de dramatizarlas ni de suscitar un grave problema político.
Así las cosas, y dada la sensibilidad que había creado este problema, la puesta en marcha de esta negociación era inaplazable a pesar de los buenos argumentos de Felipe González para oponerse a ello-, aunque no es seguro que pueda haber concluido el 9 de agosto, la fecha estatutariamente prefijada. Una vez encauzado este asunto, que ya comienza a reseñarse con escaso realce hasta por la propia prensa catalana, habrá que cambiar el objeto de la preocupación general: una vez decidido cómo gastar los recursos disponibles, tendremos que centrar la atención en cómo conseguirlos, ya que la desaceleración económica que estamos viviendo incidirá sin duda muy negativamente en la recaudación fiscal. Esta evidencia ha de ser una razón más para la flexibilidad de las posturas en las negociaciones sobre la financiación, en la que la defensa de los propios intereses ha de compatibilizarse a la fuerza con el sentido de la solidaridad que está en la base de nuestras propias convicciones constitucionales.