Tomadura de pelo

El presupuesto de ingresos para 2010 es de 14.826.062,60 euros, de los que, también 13 millones, corresponden al palacio, un edificio que es una mina de oro, ya que, sin ser construido, ya ha dado, según los presupuestos de esta institución, 26 millones de euros a sus arcas. De risa, vamos. Tanto, que la Administración, que debe ejercer su tutela, como recoge el artículo 22 de la Ley 3/1993 básica de las Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación, y que en este caso corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha –según Real Decreto 2942/1983 de 25 de agosto- no ha aprobado los presupuestos de 2009 y tampoco los de 2010. Que les tomen el pelo a otros, pensarán con razón. Sin el apoyo de la Administración, que estudia presuntas irregularidades, el proyecto del futuro Palacio de Congresos y Exposiciones de Guadalajara de la Cámara de Comercio es una utopía. Con los bancos y cajas en situación delicada, es lícito dudar que sean capaces de financiar una operación de 26 millones a una institución cuyos ingresos ordinarios suponen no más de siete millones al año, y, menos, cuando para una operación crediticia de esa envergadura debería haberse contado con la aprobación previa de la administración tutelar, hecho éste que no se ha producido. Así las cosas, ¿cómo es posible que la Cámara ponga en marcha el proceso del concurso para su edificación sin cumplir con las exigencias que previene la Ley? ¿Es punible implicar a un buen número de grandes empresas –ajenas a los tejemanejes camerales- en un concurso presuntamente ilegal, con el esfuerzo económico que supone? La codicia desmedida provoca situaciones indeseables. Un concurso de esta magnitud no debería adjudicarse en base a un criterio en el que el 60% de su baremo es el diseño técnico porque, de esta manera, se da pábulo a las sospechas; a las intrigas; a las irregularidades. Éstas no deberían presuponerse en la gestión de las personas que están administrando el dinero de los empresarios y comerciantes de Guadalajara.