Torturas
01/10/2010 - 09:45
Antonio Papell
A instancias de Aralar, el Parlamento vasco aprobó el viernes una inaceptable resolución, suscrita por las fuerzas del tripartito y por el PCTV, en la que se reprueba al Gobierno del Estado por dar amparo sin excepción a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas.
Además, el texto aprobado exige al Gobierno que cese en la concesión sistemática de indultos a condenados por torturas y censura especialmente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba en el caso de la denuncia los detenidos acusados del atentado contra la T-4; uno de ellos fue hospitalizado y ocho guardias civiles, imputados; los agentes declararon en su descargo que tuvieron que reducir a los asesinos por la fuerza. El portavoz socialista en la Cámara vasca destacó muy pertinentemente la obscenidad de aquella resolución, aprobada poco después de que fuera enterrado un guardia civil, Manuel Piñuel, víctima del brutal atentado etarra de Legutiano, que puso además en riesgo grave la vida de unas treinta personas, en su mayor parte civiles y varias de ellas, niños. El Gobierno del Estado ha considerado muy grave la imputación que le ha hecho la Cámara Vasca, Rubalcaba ha negado rotundamente el supuesto amparo y ha recordado que todo el mundo sabe que ETA instruye a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos y Esperanza Aguirre ha pedido que Zapatero no reciba hoy a Ibarretxe en protesta por esta ominosa acusación. El consejero del Interior del Gobierno Vasco, Balza, ha dicho cínicamente que la resolución parlamentaria le merece todo el respeto porque expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca.
Nunca puede descartarse que algún elemento de las fuerzas de seguridad del Estado se extralimite, pero es un hecho objetivo que la tortura no es en absoluto un método habitual de la lucha antiterrorista (sí en cambio es sistemático el uso de la denuncia falsa de los terroristas detenidos, que son, no se olvide, gente peligrosa, armada y dispuesta a matar a quien se le enfrente). Esta realidad no es una invención bien intencionada: es la que responde a la percepción que se pulsa en la sociedad y a través del conjunto de los medios de comunicación. De cualquier modo, en una democracia no hay asuntos tabúes y, en abstracto, nada hay que objetar a que se debatan los métodos o los excesos de las fuerzas policiales en las cámaras parlamentarias, ni a que se controle a los ministros y responsables del ramo con toda minuciosidad. Después de todo, aquí tenemos experiencia de guerra sucia, y aunque eran otros tiempos, no está mal la vigilancia estricta.
Pero en política nunca puede ignorarse el criterio de oportunidad. Traer a colación el eventual maltrato, por lo demás improbable, de unos agentes policiales a unos desalmados terroristas en el momento de la detención a las pocas horas que la banda de aquéllos ha hecho volar por los aires a varias docenas de personas matando a una de ellas e hiriendo a otras de gravedad es, efectivamente, una obscenidad. Y ello da perfectamente argumentos a quienes piensan que en el fondo, y a pesar de los gestos insólitos que hemos visto esta vez en las honras fúnebres al fallecido, en el dilema entre ETA y el Estado, el nacionalismo vasco sigue sintiendo una cierta inclinación, consciente o subconsciente, hacia ETA. Ha tenido razón el portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda cuando ha dicho que Ibarretxe está con las víctimas los días pares y los impares vota sobre las torturas (el domingo, el lehendakari asistió a un acto de homenaje a las víctimas en San Sebastián, emotivo y pertinente, y en cierto modo también insólito).
El asunto es grave pero no hay que hacer concesiones a la demagogia. El gesto abyecto de la cámara vasca no tiene por qué interferir en la entrevista entre el presidente del Gobierno y el lehendakari, en la que aquél informará personalmente a éste de su inflexibilidad con respecto al ilusorio plan que Ibarretxe lleva en la cartera. Y tampoco cabe inferir en absoluto de lo ocurrido que el PNV mantiene alguna connivencia con los violentos. Simplemente, el nacionalismo llamado democrático no puede liberarse de su complejo síndrome psicológico que en el fondo es una perverso acomplejamiento frente a quienes, irracionalmente, defienden sus mismas ideas a sangre y fuego. Después de todo, ser nacionalista es anteponer los supuestos derechos colectivos de una entelequia abstracta llamada pueblo a los derechos individuales, a los derechos humanos.
Lo que es indudable, a la luz de estos acontecimientos, es que cada vez es menos pertinente que los partidos estatales se apoyen en las minorías periféricas para asegurar la gobernabilidad del Estado. Algún día, cuando se colme el vaso, habrá que acabar reformando la ley electoral para impedir que esos particularismos influyan en la estabilidad general.
Nunca puede descartarse que algún elemento de las fuerzas de seguridad del Estado se extralimite, pero es un hecho objetivo que la tortura no es en absoluto un método habitual de la lucha antiterrorista (sí en cambio es sistemático el uso de la denuncia falsa de los terroristas detenidos, que son, no se olvide, gente peligrosa, armada y dispuesta a matar a quien se le enfrente). Esta realidad no es una invención bien intencionada: es la que responde a la percepción que se pulsa en la sociedad y a través del conjunto de los medios de comunicación. De cualquier modo, en una democracia no hay asuntos tabúes y, en abstracto, nada hay que objetar a que se debatan los métodos o los excesos de las fuerzas policiales en las cámaras parlamentarias, ni a que se controle a los ministros y responsables del ramo con toda minuciosidad. Después de todo, aquí tenemos experiencia de guerra sucia, y aunque eran otros tiempos, no está mal la vigilancia estricta.
Pero en política nunca puede ignorarse el criterio de oportunidad. Traer a colación el eventual maltrato, por lo demás improbable, de unos agentes policiales a unos desalmados terroristas en el momento de la detención a las pocas horas que la banda de aquéllos ha hecho volar por los aires a varias docenas de personas matando a una de ellas e hiriendo a otras de gravedad es, efectivamente, una obscenidad. Y ello da perfectamente argumentos a quienes piensan que en el fondo, y a pesar de los gestos insólitos que hemos visto esta vez en las honras fúnebres al fallecido, en el dilema entre ETA y el Estado, el nacionalismo vasco sigue sintiendo una cierta inclinación, consciente o subconsciente, hacia ETA. Ha tenido razón el portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda cuando ha dicho que Ibarretxe está con las víctimas los días pares y los impares vota sobre las torturas (el domingo, el lehendakari asistió a un acto de homenaje a las víctimas en San Sebastián, emotivo y pertinente, y en cierto modo también insólito).
El asunto es grave pero no hay que hacer concesiones a la demagogia. El gesto abyecto de la cámara vasca no tiene por qué interferir en la entrevista entre el presidente del Gobierno y el lehendakari, en la que aquél informará personalmente a éste de su inflexibilidad con respecto al ilusorio plan que Ibarretxe lleva en la cartera. Y tampoco cabe inferir en absoluto de lo ocurrido que el PNV mantiene alguna connivencia con los violentos. Simplemente, el nacionalismo llamado democrático no puede liberarse de su complejo síndrome psicológico que en el fondo es una perverso acomplejamiento frente a quienes, irracionalmente, defienden sus mismas ideas a sangre y fuego. Después de todo, ser nacionalista es anteponer los supuestos derechos colectivos de una entelequia abstracta llamada pueblo a los derechos individuales, a los derechos humanos.
Lo que es indudable, a la luz de estos acontecimientos, es que cada vez es menos pertinente que los partidos estatales se apoyen en las minorías periféricas para asegurar la gobernabilidad del Estado. Algún día, cuando se colme el vaso, habrá que acabar reformando la ley electoral para impedir que esos particularismos influyan en la estabilidad general.