Un curso complejo

Como es normal, el conjunto de los afanes que habremos de encarar inmediatamente forma un conglomerado complejo en el que todo tiene que ver con todo. Sin embargo, y como obvio, las mayores urgencias pertenecen a la categoría económica. Ya corre el plazo de tres meses que Solbes ha convenido con las fuerzas políticas para acordar la financiación autonómica, que parece que podrá ser consensuada con el Partido Popular (Rajoy apenas exigía el domingo en una gran entrevista tres razonables condiciones para ello: unanimidad, no aumentar los impuestos y no dejar desprotegido al Estado). Y es obvio que la conducción de ese acuerdo condicionará decisivamente los Presupuestos Generales del Estado, en los que el Gobierno quiere que el gasto público crezca sólo el 4% (3,5% nominal), en tanto el PP propone que ese incremento no pase del 2%, al tiempo que este partido reduciría el impuesto de sociedades de las pymes y elevaría la desgravación fiscal por el interés de las hipotecas.

La financiación autonómica podría asimismo quedar afectada por la sentencia del Constitucional sobre los recursos contra el Estatuto de Cataluña, que nadie sabe todavía si va a ser dictada por este tribunal o por el renovado; al parecer, el Constitucional trabaja intensamente en este asunto, pero están también muy avanzadas las negociaciones PP-PSOE para designar a los cinco miembros que han de ingresar inmediatamente en el alto tribunal, lo que supondría recomenzar, o casi, las deliberaciones. Asimismo, es suponer que se abordará inmediatamente también la renovación del CGPJ, asimismo acordada por Zapatero y Rajoy en su última y productiva reunión.

En las próximas semanas, PP y PSOE deberán plasmar la afirmación pública de su acuerdo antiterrorista, que ahora cuenta con nuevos elementos: Urkullu ha manifestado que quiere estar desde el primer momento en la génesis del acuerdo, ya que no es voluntad del PNV sumarse a un pacto ya suscrito de antemano; y el presidente de los nacionalistas vascos ha mostrado su conformidad con los cinco puntos verbalizados por los dos grandes partidos, al tiempo que ha apostado por un acuerdo no escrito (quizá esta fórmula sea la adecuada).

Y todo lo anterior habrá de hacerse en un ambiente claramente preelectoral puesto que muy probablemente se celebrarán en primavera las elecciones gallegas y vascas. Aquéllas, con seguridad, puesto que el presidente Pérez Touriño ya ha confirmado que sólo piensa adelantarlas lo preciso para que no coincidan con las elecciones al Parlamento Europeo de junio; y las vascas habrán de ser en abril si Ibarretxe no las adelanta tras el naufragio de la imposible consulta, que obviamente no se celebrará.

La ‘rentrée’ está, en fin, cargada de contenidos, y sin embargo es más pacífica que las de la legislatura anterior, a causa evidentemente del nuevo tono del Partido Popular que, como también declaraba el domingo Rajoy, quiere convertirse por vía de la moderación en una opción posible incluso para quienes no comparten el grueso de su doctrina.

Este cambio permite esperar que los debates que se avecinan sean asimismo templados y constructivos. En materia de política económica, Rajoy ha concretado –por primera vez- en la citada entrevista cuáles son sus posiciones, en cierto modo simétricas pero no muy alejadas de las del Gobierno. De cualquier modo, resultaría muy positivo que gobierno y oposición sustituyeran en este asunto tan sensible la táctica de la descalificación mutua por la del debate, aunque sea desde la discrepancia, porque ello tranquilizaría a la desazonada opinión pública, contribuiría al renacer de la destrozada confianza y mitigaría los efectos psicológicos de la crisis.

De cualquier modo, es de agradecer que la antigua confrontación a cara de perro y sin lugar para la coincidencia haya dado paso a este nuevo clima más habitable, en que los problemas más arduos parecen incluso menos insolubles. En este marco, el trabajo político, tan desacreditado, puede llegar incluso a dignificarse.