Un debate tóxico
01/10/2010 - 09:45
Por:
El comentario
Antonio Casado / Periodista
Se despachan cantidades industriales de mala fe en el debate sobre la reforma de la Ley del Aborto apadrinada por el Gobierno y aprobada por el órgano de la soberanía nacional, de donde salen las leyes que todos estamos obligados a cumplir. Los discrepantes tienden a adjudicarse la defensa del derecho a la vida, como si quienes defendemos la ley fuéramos unos desalmados novios de la muerte. Algunos no se limitan a dejar flotando la sospecha.
Directamente valoran la interrupción voluntaria del embarazo como un asesinato y, por lo tanto, están llamando asesinos a las mujeres que toman esa decisión y a los poderes públicos que cumplen con su obligación de regular un fenómeno que iba a más. De los 84.985 abortos voluntarios de 2004 hemos pasado a los 115.812 en 2008.
No es justo, ni decente, ni razonable, acusar al Gobierno de convertir el aborto voluntario en un método anticonceptivo más y negarle la intención de disminuir la cifra mediante la educación y la prevención, con el objetivo de prevenir embarazos no deseados. Y si se producen, porque es imposible prohibir el apareamiento desde el BOE, desde ese mismo BOE tienen el gobernante y el legislador el deber de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado en las mejores condiciones sanitarias y jurídicas. ¿Es tan difícil de entender?
Bueno, pues siempre habrá voces políticas y mediáticas dispuestas a inocular la especie tóxica de que la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva es una incitación de Zapatero a la práctica del aborto. O cosas peores. Como la animalada escrita en un periódico de tirada nacional por cierta periodista, conocida por haber prestado su voz en las manifestaciones antiabortistas. Dirigiéndose a las señoras y señores del Gobierno, puso negro sobre blanco: Ustedes apuestan por la muerte de los no queridos, los minusválidos y los pobres, porque liquidarlos es la fórmula más barata para las arcas públicas (El Mundo, 17 octubre 2010).
Con todos esos elementos contaminantes en el debate de estos días, cuando la ley acaba de entrar en vigor y al PP le ha faltado tiempo para recurrirla ante el Tribunal Constitucional (está en su derecho, por supuesto), no me sorprende nada que algunos presidentes regionales de ese partido estén bordeando la insumisión institucional con sus declaraciones y sus actitudes respecto al cumplimiento de la norma legal. Uno de ellos, el de Murcia, que, por cierto encabeza el ranking en la práctica de abortos voluntarios, ha declarado que no encuentra motivos para acatar la ley. La lealtad institucional o la obligación de cumplir las leyes (incluso sin conocerlas, como reza el conocido aforismo jurídico) no son suficientes razones, al parecer, para el señor Valcárcel.
No es justo, ni decente, ni razonable, acusar al Gobierno de convertir el aborto voluntario en un método anticonceptivo más y negarle la intención de disminuir la cifra mediante la educación y la prevención, con el objetivo de prevenir embarazos no deseados. Y si se producen, porque es imposible prohibir el apareamiento desde el BOE, desde ese mismo BOE tienen el gobernante y el legislador el deber de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado en las mejores condiciones sanitarias y jurídicas. ¿Es tan difícil de entender?
Bueno, pues siempre habrá voces políticas y mediáticas dispuestas a inocular la especie tóxica de que la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva es una incitación de Zapatero a la práctica del aborto. O cosas peores. Como la animalada escrita en un periódico de tirada nacional por cierta periodista, conocida por haber prestado su voz en las manifestaciones antiabortistas. Dirigiéndose a las señoras y señores del Gobierno, puso negro sobre blanco: Ustedes apuestan por la muerte de los no queridos, los minusválidos y los pobres, porque liquidarlos es la fórmula más barata para las arcas públicas (El Mundo, 17 octubre 2010).
Con todos esos elementos contaminantes en el debate de estos días, cuando la ley acaba de entrar en vigor y al PP le ha faltado tiempo para recurrirla ante el Tribunal Constitucional (está en su derecho, por supuesto), no me sorprende nada que algunos presidentes regionales de ese partido estén bordeando la insumisión institucional con sus declaraciones y sus actitudes respecto al cumplimiento de la norma legal. Uno de ellos, el de Murcia, que, por cierto encabeza el ranking en la práctica de abortos voluntarios, ha declarado que no encuentra motivos para acatar la ley. La lealtad institucional o la obligación de cumplir las leyes (incluso sin conocerlas, como reza el conocido aforismo jurídico) no son suficientes razones, al parecer, para el señor Valcárcel.