Un Defensor sin defensas

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

EL COMENTARIO
C. SANZ ESTABLÉS. Periodista
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha emitido una Resolución, en base a una reclamación del Grupo Socialista municipal, en la que insta al alcalde de Guadalajara a facilitarles la información que soliciten para hacer su labor de oposición.
Nada nuevo en el funcionamiento de un Ayuntamiento, pero ha sido suficiente para poner sobre el tapete el grave error que cometió el PSOE de Castilla-la Mancha al proponer y elegir en el Parlamento autónomo para ese puesto a un cargo político defenestrado por las urnas, como es el de José Manuel Martínez Cenzano, exalcalde de Cuenca y otras muchas cosas, porque la Resolución del Defensor, aun cuando pueda estar cargada de razón, carece de algo elemental en el funcionamiento de las instituciones democráticas, carece de credibilidad.

La pérdida de credibilidad de esta importante figura está en el origen mismo de su nombramiento. Un cargo como el del Defensor del Pueblo además de serlo –independiente, autónomo en sus decisiones y ajeno a cualquier partido político, quiero decir- tiene que parecerlo, y evidentemente, por su antecedentes políticos, es difícil creer que Martínez Cenzano lo sea y que no tenga una importante carga ideológica en sus actuaciones y, aunque no la tuviera, nadie se lo va a creer, con lo cual el daño para la Institución a la que representa es el mismo. Si, además, el Grupo Socialista municipal se entera de la decisión del Defensor del Pueblo antes incluso de que llegue la carta oficial al Ayuntamiento, la Institución a la que representa queda, francamente, muy mal parada y especialmente desacreditada (y todo ello sin entrar en su gestión como alcalde de Cuenca y en los varapalos que recibió, precisamente, de su antecesora en el cargo).

Ciertos cargos públicos y las instituciones a las que representan merecen una mayor consideración por parte de todos, especialmente de los poderes públicos, porque su trabajo debe estar por encima de las debilidades partidistas tan propias de los humanos para que realmente sean útiles a los ciudadanos a los que deben servir. En este caso concreto, el nombramiento comenzó con mal pie, sin consenso en las Cortes regionales, y ahora, hechos como el que nos ocupan, demuestran que nunca debió haberse producido una elección semejante. Evidentemente, alguien que ha desempeñado importantes puestos en representación de un partido político, el que sea, no debe ser nunca elegido Defensor del Pueblo y, además, nadie en esas circunstancias debería aceptarlo.