Votos y bobos

Cuando llegan elecciones, como ocurrió ante el 20D en Molina, los políticos salen como lebreles tras el voto de los 9,3 millones de pensionistas. Siempre con la añagaza de que las pensiones no son sostenibles, peligran, y las reducirán e incluso eliminarán los otros si ganan. Pero no cuestionan la sostenibilidad de las suyas ni las inmersiones lingüísticas, las teles autonómicas, la burocracia funcionarial de la Administración, las embajadas regionales, la duplicidad de servicios meteorológicos, el Senado o las diputaciones.
    Tampoco se han leído el artículo dos de la Constitución, que dice expresamente que “España se constituye en un Estado social y Derecho”. Lo que significa que las pensiones deberían estar fuera del debate e incluidas en los Presupuestos Generales del Estado como prioridad básica, irrenunciable y fundacional de nuestra legalidad. No como un lujo dependiente del número de cotizantes ni como fuente de inspiración temática de los mítines.
    El PSOE trata de vendernos como gran conquista social el sostenimiento de las pagas a nuestros pensionistas a costa de una subida en el IRPF. Pero no a modo del 0,7%  de la Iglesia sino como impuesto añadido al ciudadano que suficiente esfuerzo hace ya para sostenerse el mismo pagando su cotización a la Seguridad Social. Rajoy lo ha llamado “disparate”, pero desacertadamente basa el mantenimiento en el crecimiento del empleo. Los de Iglesias apuntan hacia el carro de Sánchez y los de Rivera todavía se aclaran menos.
    Nos toman por bobos. En Europa ni hay fondos ni huchas ni impuestos finalistas para pagar las pensiones. Se abonan de los presupuestos generales y punto. Aquí se les olvida que se trata de una deuda del Estado con quienes lo han sostenido para que, por ejemplo, Rajoy fuera Registrador  o Sánchez e Iglesias estudiaran gratis marxismos mal digeridos. Para más inri, llegan a incluir entre las víctimas de los recortes sociales a la financiación autonómica que es una de las culpables del expolio al Estado social que nos dimos en 1978.
    Ningún Estado serio ha dejado nunca de pagar las pensiones. Fue lo último que hizo la Alemania de Hitler, pero apenas ocho días antes de rendirse. Todavía las abona Merkel a los escasos supervivientes españoles de la División Azul. Sobra demagogia electoralista. Quizá los no sostenibles son ellos.