Zapatero en solitario
01/10/2010 - 09:45
Antonio Papell
Lo han señalado todos los actores políticos y mediáticos: José Bono ha sido el primer presidente del Congreso elegido en segunda votación y por mayoría simple desde los tiempos de la Transición.
Pero ello no se ha debido, como ha interpretado erróneamente algún observador, a la mayor dificultad de conseguir aliados que completasen la potente mayoría relativa de que disfruta el PSOE sino a la expresa voluntad de Rodríguez Zapatero, quien ha querido tener en esta ocasión un premonitorio gesto de autonomía, que podría repetirse en la investidura presidencial, en la que bien pudiera ocurrir que el candidato prefiriera también alcanzar la presidencia del Ejecutivo con los únicos votos de su propio partido. Zapatero ha optado conscientemente por jugar la partida en solitario.
Nuestro sistema político, basado en la Constitución y en la ley electoral -algunas de cuyas características han sido fijadas por la Carta Magna-, oscila periódicamente entre la mayoría absoluta, que genera Gobiernos monocolores fuertes, y la mayoría relativa, que obliga a formar Gobiernos más o menos débiles sustentados en acuerdos interpartidarios. El modelo actual, surgido de las elecciones del 9-M, es, podríamos decir, híbrido o mixto, puesto que está a medio camino entre ambos: los 169 diputados con que cuenta el PSOE y que sostendrán por lo tanto al Gobierno en la legislatura no forman la mayoría absoluta le faltan siete escaños- pero están lo bastante cerca de ella para asegurar en cualquier caso la estabilidad gubernamental sin ni siquiera recurrir a pactos estables. Máxime si se piensa en la proverbial hostilidad entre el principal partido de la oposición, el PP, y los nacionalismos periféricos, lo que descarta un acuerdo sistemático anti PSOE.
Así las cosas, Rodríquez Zapatero, que por voluntad del cuerpo electoral hubo de buscar imperativamente aliados en la legislatura anterior (y que compatibilizarlos con la coalición que su propio partido había formado con anterioridad para gobernar Cataluña), está evidentemente dispuesto a adaptarse a la minoría reforzada con que cuenta esta vez. Lo que le permitirá realizar más fácilmente los designios programáticos que dice querer afrontar.
En un régimen parlamentario clásico como el español en que se alternan las derechas y las izquierdas al frente del Estado, la mayoría de cada signo introduce avances normativos y políticos según las corrientes dominantes, que hacen progresar al país y que generalmente son después respetados por el adversario cuando le llega el turno de gobernar. Así, Zapatero, después de ocho años de gobiernos conservadores, acometió en el período 2004-2008 algunas iniciativas consideradas radicales de fuerte contenido laico y social, apoyado en socios excéntricos que no vieron con malos ojos sino al contrario aquella evolución. Ahora, la legislatura que comienza está siendo planteada de forma muy distinta por Zapatero: de un lado, es necesario consolidar algunas innovaciones provenientes de la legislatura anterior, como la ley de Dependencia; de otro lado, es preciso asentar determinadas reformas y otras nuevas que habrán de producirse en el gran consenso PP-PSOE que les confiera sentido y permanencia. Así, la autonomía de que disfrutará este Gobierno ha de ser aprovechada para acordar con el PP el final y el cierre de la reforma territorial, en pro de un Estado de las Autonomías que sea capaz de soportar sin cambios el paso de dos o tres generaciones; para promover ciertas reformas institucionales inaplazables que estabilicen y activen los órganos del poder judicial, desde el Consejo General al Tribunal Constitucional; para la reforma de la Constitución, tantas veces aplazada, incluso la revitalización del Senado; y para restaurar algunas líneas de avance incuestionadas y comunes en materia de política exterior, educación, etc. Al mismo tiempo, será necesario el esfuerzo de todos para afrontar la grave crisis económica que ya nos aqueja y cuya gravedad no ha sido probablemente advertida con suficiente realismo.
Naturalmente, pasar de la confrontación y la crispación a la apacibilidad de una legislatura con predominio de los grandes consensos requiere ciertas condiciones. De una parte, era preciso que las minorías perdieran peso y protagonismo, e inteligentemente lo ha dispuesto así el propio cuerpo electoral. De otra parte, era necesario que las personas encargadas de las relaciones entre los partidos fueran apropiadas, y las designaciones van en esta dirección: tanto José Bono, un personaje bien visto por el PP, como los portavoces José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría destacan mucho más por su afabilidad, moderación y capacidad de encuentro que por lo contrario. Finalmente, era preciso que los dos grandes partidos dejasen de someterse a los cantos de sirena incendiarios que provenían del sistema mediático; también en esto parece que, al marcar las oportunas distancias, las fuerzas políticas están en el buen camino. En definitiva, tras la tormenta podría venir la calma y la serenidad de un período de diálogo fecundo y de lucha en común por ganar de nuevo el porvenir de este país.
Nuestro sistema político, basado en la Constitución y en la ley electoral -algunas de cuyas características han sido fijadas por la Carta Magna-, oscila periódicamente entre la mayoría absoluta, que genera Gobiernos monocolores fuertes, y la mayoría relativa, que obliga a formar Gobiernos más o menos débiles sustentados en acuerdos interpartidarios. El modelo actual, surgido de las elecciones del 9-M, es, podríamos decir, híbrido o mixto, puesto que está a medio camino entre ambos: los 169 diputados con que cuenta el PSOE y que sostendrán por lo tanto al Gobierno en la legislatura no forman la mayoría absoluta le faltan siete escaños- pero están lo bastante cerca de ella para asegurar en cualquier caso la estabilidad gubernamental sin ni siquiera recurrir a pactos estables. Máxime si se piensa en la proverbial hostilidad entre el principal partido de la oposición, el PP, y los nacionalismos periféricos, lo que descarta un acuerdo sistemático anti PSOE.
Así las cosas, Rodríquez Zapatero, que por voluntad del cuerpo electoral hubo de buscar imperativamente aliados en la legislatura anterior (y que compatibilizarlos con la coalición que su propio partido había formado con anterioridad para gobernar Cataluña), está evidentemente dispuesto a adaptarse a la minoría reforzada con que cuenta esta vez. Lo que le permitirá realizar más fácilmente los designios programáticos que dice querer afrontar.
En un régimen parlamentario clásico como el español en que se alternan las derechas y las izquierdas al frente del Estado, la mayoría de cada signo introduce avances normativos y políticos según las corrientes dominantes, que hacen progresar al país y que generalmente son después respetados por el adversario cuando le llega el turno de gobernar. Así, Zapatero, después de ocho años de gobiernos conservadores, acometió en el período 2004-2008 algunas iniciativas consideradas radicales de fuerte contenido laico y social, apoyado en socios excéntricos que no vieron con malos ojos sino al contrario aquella evolución. Ahora, la legislatura que comienza está siendo planteada de forma muy distinta por Zapatero: de un lado, es necesario consolidar algunas innovaciones provenientes de la legislatura anterior, como la ley de Dependencia; de otro lado, es preciso asentar determinadas reformas y otras nuevas que habrán de producirse en el gran consenso PP-PSOE que les confiera sentido y permanencia. Así, la autonomía de que disfrutará este Gobierno ha de ser aprovechada para acordar con el PP el final y el cierre de la reforma territorial, en pro de un Estado de las Autonomías que sea capaz de soportar sin cambios el paso de dos o tres generaciones; para promover ciertas reformas institucionales inaplazables que estabilicen y activen los órganos del poder judicial, desde el Consejo General al Tribunal Constitucional; para la reforma de la Constitución, tantas veces aplazada, incluso la revitalización del Senado; y para restaurar algunas líneas de avance incuestionadas y comunes en materia de política exterior, educación, etc. Al mismo tiempo, será necesario el esfuerzo de todos para afrontar la grave crisis económica que ya nos aqueja y cuya gravedad no ha sido probablemente advertida con suficiente realismo.
Naturalmente, pasar de la confrontación y la crispación a la apacibilidad de una legislatura con predominio de los grandes consensos requiere ciertas condiciones. De una parte, era preciso que las minorías perdieran peso y protagonismo, e inteligentemente lo ha dispuesto así el propio cuerpo electoral. De otra parte, era necesario que las personas encargadas de las relaciones entre los partidos fueran apropiadas, y las designaciones van en esta dirección: tanto José Bono, un personaje bien visto por el PP, como los portavoces José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría destacan mucho más por su afabilidad, moderación y capacidad de encuentro que por lo contrario. Finalmente, era preciso que los dos grandes partidos dejasen de someterse a los cantos de sirena incendiarios que provenían del sistema mediático; también en esto parece que, al marcar las oportunas distancias, las fuerzas políticas están en el buen camino. En definitiva, tras la tormenta podría venir la calma y la serenidad de un período de diálogo fecundo y de lucha en común por ganar de nuevo el porvenir de este país.