Zapatero-Rajoy: debate de trámite
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
ANTONIO PAPELL,
PERIODISTA
La verdad radica en que si las medidas gubernamentales no nos salvarán de la crisis, aunque ayudarán a mitigarla, las del PP tampoco obrarían ni mucho menos el prodigio..
Zapatero sorteó ayer con aplomo la borrasca del debate económico, tan inexorable como previsible, frente a un Rajoy que es consciente de que tiene la gran ocasión de su vida de explotar la debilidad de un Gobierno acosado por una crisis de alcance cuasi planetario y tan compleja que admite pocos parches a escala nacional. No es ocioso reiterar que el Gobierno francés, conservador, ha desistido de formular un plan anticrisis para plantear, aprovechando que Francia ostenta la presidencia de la UE, un plan comunitario que se redactará en Bruselas.
En líneas generales, Zapatero estuvo en su papel. Reconoció con realismo la gravedad de la situación, invocó la necesidad de la confianza para salir del pozo, animó a los españoles con la ya conocida relación de ventajas comparativas que estimulan cierto optimismo, asumió la plena responsabilidad de sacar a este país de la crisis y describió el conjunto de medidas ya conocido, ampliado con algunas ayudas a los promotores inmobiliarios, con la mención expresa de que ésta es la respuesta que puede dar un Gobierno convencido de que las preferencias en esta hora no pueden ser meramente técnicas: han de tener en cuenta los compromisos sociales contraídos.
Si acaso, habría que subrayar dos rasgos interesantes de la intervención de Zapatero: de un lado, la afirmación de que este conjunto de medidas, y muy especialmente las tendentes a lograr una mayor competitividad, son prácticamente las mismas que deben generar un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía del conocimiento, es decir, en la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido. Y, de otro lado, el énfasis en la necesidad de acelerar las reformas estructurales en los grandes sectores de actividad, desde los transportes a la energía, pasando por las telecomunicaciones los aeropuertos o los puertos, e incluyendo la trasposición de la Directiva Europea sobre el sector Servicios- que han de contribuir decisivamente a la modernización del país e, indirectamente, a la reducción definitiva del diferencial de inflación que nos separa sistemáticamente de la Eurozona.
Rajoy, con un punto de comprensible demagogia, volvió a confundir las promesas con las previsiones, imputó toda la carga de la crisis al Gobierno, afeó los malos datos macroeconómicos, exageró nuestras carencias España es el país de Europa más afectado por la crisis, como si alemanes, franceses, italianos o británicos no temieran entrar en recesión- y olvidó que el repertorio de problemas propios, el hundimiento del sector construcción por ejemplo, ya pendía del techo como la célebre espada de Damocles cuando el PP abandonó el poder en 2004. En cualquier caso, el líder de la oposición ofreció sus propias recetas anticrisis, lo cual es plausible en este género de debates parlamentarios en que el interés partidario sobrevuela a menudo el interés general: control del gasto, con un crecimiento de sólo el 2% para el 2008, inyección financiera a las pymes mediante una reducción del impuesto de sociedades al 20% (el Gobierno quiere combatir el paro con el INEM, yo prefiero apoyar a las pymes) y lucha contra la inflación mediante reformas estructurales, de la distribución de alimentos por ejemplo.
La verdad de todo esto radica en que si las medidas gubernamentales no nos salvarán de la crisis, aunque ayudarán a mitigarla, las del PP tampoco obrarían ni mucho menos el prodigio. En este mundo globalizado y en el seno de la Unión Europea, los márgenes de actuación de los gobiernos nacionales son muy escasos, y probablemente no se pueda hacer más que lo anunciado (lo importante será ahora cumplir lo prometido, no efectuar nuevas promesas). Si acaso, las direcciones apuntadas por el gobierno socialista y por el PP difieren en un matiz de fondo: el mayor recorte presupuestario sugerido por éste y la nueva reducción fiscal limitaría todavía más los recursos disponibles para mitigar el infortunio de quienes más duramente soportan el peso de la adversidad, las familias y sobre todo los parados. Esta evidencia fue ayer el argumento más eficaz de Zapatero en su réplica a Rajoy.
Ambos líderes apelaron a la necesidad de recuperar la confianza de los agentes sociales y de los mercados. Zapatero pretendía con ello justificar cierto optimismo que cualquier presidente del Gobierno tiene la obligación de exhibir, pese a que la evidencia pinta una realidad muy negra. Rajoy, en cambio, también en su papel, apeló al concepto para censurar la política gubernamental, para reprochar a Zapatero su inoperancia y asegurar que él mismo es parte del problema. Lo cierto es que la palabra de los políticos, no muy acreditada en este país, actúa sólo muy tangencialmente sobre la opinión pública, que es capaz de valorar por sí sola el alcance, la responsabilidad y el horizonte de la crisis. De una crisis que viene de fuera y que nos ha puesto a nosotros en evidencia al señalar dramáticamente nuestras viejas carencias, nuestros errores antiguos y nuestras omisiones más recientes.
En líneas generales, Zapatero estuvo en su papel. Reconoció con realismo la gravedad de la situación, invocó la necesidad de la confianza para salir del pozo, animó a los españoles con la ya conocida relación de ventajas comparativas que estimulan cierto optimismo, asumió la plena responsabilidad de sacar a este país de la crisis y describió el conjunto de medidas ya conocido, ampliado con algunas ayudas a los promotores inmobiliarios, con la mención expresa de que ésta es la respuesta que puede dar un Gobierno convencido de que las preferencias en esta hora no pueden ser meramente técnicas: han de tener en cuenta los compromisos sociales contraídos.
Si acaso, habría que subrayar dos rasgos interesantes de la intervención de Zapatero: de un lado, la afirmación de que este conjunto de medidas, y muy especialmente las tendentes a lograr una mayor competitividad, son prácticamente las mismas que deben generar un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía del conocimiento, es decir, en la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido. Y, de otro lado, el énfasis en la necesidad de acelerar las reformas estructurales en los grandes sectores de actividad, desde los transportes a la energía, pasando por las telecomunicaciones los aeropuertos o los puertos, e incluyendo la trasposición de la Directiva Europea sobre el sector Servicios- que han de contribuir decisivamente a la modernización del país e, indirectamente, a la reducción definitiva del diferencial de inflación que nos separa sistemáticamente de la Eurozona.
Rajoy, con un punto de comprensible demagogia, volvió a confundir las promesas con las previsiones, imputó toda la carga de la crisis al Gobierno, afeó los malos datos macroeconómicos, exageró nuestras carencias España es el país de Europa más afectado por la crisis, como si alemanes, franceses, italianos o británicos no temieran entrar en recesión- y olvidó que el repertorio de problemas propios, el hundimiento del sector construcción por ejemplo, ya pendía del techo como la célebre espada de Damocles cuando el PP abandonó el poder en 2004. En cualquier caso, el líder de la oposición ofreció sus propias recetas anticrisis, lo cual es plausible en este género de debates parlamentarios en que el interés partidario sobrevuela a menudo el interés general: control del gasto, con un crecimiento de sólo el 2% para el 2008, inyección financiera a las pymes mediante una reducción del impuesto de sociedades al 20% (el Gobierno quiere combatir el paro con el INEM, yo prefiero apoyar a las pymes) y lucha contra la inflación mediante reformas estructurales, de la distribución de alimentos por ejemplo.
La verdad de todo esto radica en que si las medidas gubernamentales no nos salvarán de la crisis, aunque ayudarán a mitigarla, las del PP tampoco obrarían ni mucho menos el prodigio. En este mundo globalizado y en el seno de la Unión Europea, los márgenes de actuación de los gobiernos nacionales son muy escasos, y probablemente no se pueda hacer más que lo anunciado (lo importante será ahora cumplir lo prometido, no efectuar nuevas promesas). Si acaso, las direcciones apuntadas por el gobierno socialista y por el PP difieren en un matiz de fondo: el mayor recorte presupuestario sugerido por éste y la nueva reducción fiscal limitaría todavía más los recursos disponibles para mitigar el infortunio de quienes más duramente soportan el peso de la adversidad, las familias y sobre todo los parados. Esta evidencia fue ayer el argumento más eficaz de Zapatero en su réplica a Rajoy.
Ambos líderes apelaron a la necesidad de recuperar la confianza de los agentes sociales y de los mercados. Zapatero pretendía con ello justificar cierto optimismo que cualquier presidente del Gobierno tiene la obligación de exhibir, pese a que la evidencia pinta una realidad muy negra. Rajoy, en cambio, también en su papel, apeló al concepto para censurar la política gubernamental, para reprochar a Zapatero su inoperancia y asegurar que él mismo es parte del problema. Lo cierto es que la palabra de los políticos, no muy acreditada en este país, actúa sólo muy tangencialmente sobre la opinión pública, que es capaz de valorar por sí sola el alcance, la responsabilidad y el horizonte de la crisis. De una crisis que viene de fuera y que nos ha puesto a nosotros en evidencia al señalar dramáticamente nuestras viejas carencias, nuestros errores antiguos y nuestras omisiones más recientes.
