Admitido a trámite el recurso contra el fallo que anulaba la RPT de la Diputación
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que anulaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la Diputación en noviembre de 2002. La presidenta de la Institución provincial, María Antonia Pérez León, ha valorado esta decisión señalando que los recursos de casación que son admitidos suelen prosperar, y ha destacado que supone un nuevo elemento de tranquilidad para todo el personal de la Institución provincial.
Cabe recodar que la sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha se pronunciaba tan solo sobre el procedimiento de tramitación de la RPT, sin entrar en el fondo. Por el contrario, existen más de 40 resoluciones judiciales que han desestimado recursos individuales presentados por trabajadores de la Diputación contra el contenido de la RPT. En estas resoluciones, el propio TSJ la considera una norma de carácter general válida y aplicable.
La aplicación de la RPT aprobada en 2002 supuso una mejora generalizada en las condiciones laborales y retributivas de los profesionales, que la apoyaron mayoritariamente. Solo en términos retributivos permitió incrementar los salarios en una media de 30.000 pesetas mensuales, ha indicado la presidenta.
En la actualidad, la Diputación está trabajando en la elaboración de una RPT adaptada a las exigencias de la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, la normativa vigente establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad de elaborar una nueva RPT cada cuatro años.
La aplicación de la RPT aprobada en 2002 supuso una mejora generalizada en las condiciones laborales y retributivas de los profesionales, que la apoyaron mayoritariamente. Solo en términos retributivos permitió incrementar los salarios en una media de 30.000 pesetas mensuales, ha indicado la presidenta.
En la actualidad, la Diputación está trabajando en la elaboración de una RPT adaptada a las exigencias de la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, la normativa vigente establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad de elaborar una nueva RPT cada cuatro años.