AEFG avisa de cobros abusivos en las revisiones no oficiales de las instalaciones de gas

07/04/2011 - 18:45 Redacción

La Asociación de Instaladores y Mantenedores de Fluidos de Guadalajara-AEFG, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, quiere lanzar una alerta a los consumidores de cobros abusivos que se están llevando a cabo en la provincia de Guadalajara, relacionadas con las revisiones e inspecciones de instalaciones de gas butano y propano de los hogares.
   Según ha podido saber AEFG, por varios asociados, un grupo de personas, que aparentan representar a las empresas suministradoras oficiales, están recorriendo los pueblos de la provincia, llamando a las casas que tienen instalación de gas butano y propano instando al usuario a acometer trabajos y reparaciones más que de dudosa profesionalidad, cobrando una cifra desorbitada en comparación a lo que cobran las empresas suministradoras oficiales por los mismos servicios, según las tarifas establecidas.
   Ante esta situación, desde AEFG se quiere advertir a los ciudadanos, que no abran la puerta ni dejen pasar a nadie que diga que es inspector de gas si, previamente, no ha recibido una carta de la empresa suministradora oficial, procedimiento habitual para hacer las revisiones, comunicándole que se va a realizar esta inspección de mantenimiento. Haciendo caso omiso si se le dice que se le cortará el suministro de gas, pues no puede hacerlo.
    En ese momento puede ponerse en contacto con la oficina del consumidor, con AEFG, CEOE-CEPYME Guadalajara, la Subdelegación del Gobierno o con su distribuidor oficial de butano o propano y contarle lo ocurrido. En estos momentos, las denuncias y acusaciones que se están recibiendo son de hechos ocurridos en la zona de Albalate, pues cuando estos presuntos timadores terminan en un pueblo van al siguiente, centrándose, sobre todo, en personas mayores y extranjeros, más susceptibles a ser engañados, habiéndose producido con anterioridad en otras zonas de la provincia (Azuqueca de Henares, Alovera …) A tener en cuenta que, por las “reparaciones” que estas personas hacen cobran cerca de 140 euros, cuando, después de consultar oficialmente a las compañías suministradoras nos indican que la tarifa oficial recomendada ronda entre los 60 y 70 euros.