Alcaldes y vocales de la MAS piden alternativas al recargo por consumo abusivo

13/04/2012 - 12:19 D. Pizarro

El vocal del Ayuntamiento de Azuqueca en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Julio García, calificó este viernes los presupuestos del organismo para 2012 como derrochón e insolidario, asegurando que el 83 por ciento del Plan de Ajuste lo va a aportar sólo el 10 por ciento de la población de la mancomunidad. García señaló que las medidas económicas aprobadas en la asamblea de este jueves parecen dirigidar a maltrechar la economía de lso ayuntamientos, principalmente del Corredor. El vocal socialista reconoció que la MAS no está en una situación boyante, pero lo achacó no a las deudas de los ayuntamientos o los retrasos en los pagos, sino a la gestión no es excesivamente buena.

Ante el desfase del 40 por ciento entre derechos y obligaciones reconocidas, García afirmó que había dos opciones: reducir los gastos o incrementar los ingresos. La MAS hace lo más sencillo, castigar a los ayuntamientos a base de sanciones, señaló haciendo referencia al recargo por los consumos abusivos. ç

Para hablar sobre la situación particular de sus municipios, acudieron a la rueda de prensa los alcaldes de Marchamalo, de Alovera y de Yunquera. El primero, Rafael Esteban, señaló que su pueblo consume 972.000 metros cúbicos al año, a los que hay que sumar el 10 por ciento del consumo de Guadalajara en concepto del consumo de parte del polígono del Henares. Esto suma unos 1,9 millones de metros cúbicos al año, lo que dividido entre los 6.628 habitantes de Marchamalo daría una media de 796 litros por habitante y día. De esta manera, la recuperación del recargo supondría un incremento del 26 por ciento en el gasto, unos 60.000 al año según la estimación del regidor. Le he pedido al presidente de la MAS que optimice su criterio de justicia, porque si por tener un gran suelo industrial se nos va a gravar en un 26 por ciento, no hay justicia.

Por su parte, la alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero, hizo referencia a la planta de Mahou, subrayando que la penalización va en contra del entramado empresarial de Guadalajara.