Alique dice que el PP "ha garantizado por ley y de por vida el trasvase Tajo-Segura

“El PP ha cambiado la historia del trasvase. Antes era obligado justificar cada derivación en función del agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, pero ahora eso ha dejado de ser necesario, pues los trasvases están garantizados sin más. Por eso, ha sido posible este último trasvase. Cospedal ha entregado las llaves del trasvase a los regantes murcianos y la cabecera del Tajo se ha convertido en un afluente del Segura”, ha explicado Alique. Además, el cambio de las reglas se ha hecho de manera totalmente oscurantista.

De hecho, la oficina del Defensor del Pueblo ha advertido de que el memorándum suscrito por las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia y Murcia para imponer unas nuevas normas de regulación del trasvase claramente favorables a estas últimas, no fue sometido a información pública y carece de evaluación ambiental. Sin participación ciudadana ni evaluación de impacto ambiental Para eludir estos requisitos, el Gobierno de Mariano Rajoy se apresuró a concederle rango de ley, “saltándose así el proceso de participación ciudadana y la posibilidad de que fuera accesible a quienes lo solicitaran, además de evitar los estudios de impacto ambiental para conocer la influencia que tienen sobre el río los caudales que está permitido trasvasar, así como los caudales ecológicos que deben respetarse en sus distintos tramos”.

El Defensor del Pueblo subraya que las reglas del trasvase deben formar parte de la planificación hidrológica ordinaria y, por tanto, estar sometidas a los requisitos de impacto ambiental y participación pública. Alique ha una recordado que el Gobierno de Rajoy introdujo serie de enmiendas en la tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental, en lo que ha denominado “un ejercicio de piratería parlamentaria”, para cambiar las reglas de explotación del trasvase y aumentar el volumen de agua trasvasable.

Con la nueva legislación, se declara trasvasable toda el agua de los embalses de cabecera por encima de la reserva de 400 hectómetros cúbicos, aunque incluso esta podría ser revisada a la baja. Así, se consolida como un derecho de los regantes levantinos el acceso al agua de la cabecera del Tajo a través del trasvase, algo que hasta ahora les habían negado en repetidas ocasiones los tribunales. De hecho, establece la obligación automática de trasvasar, “que ya no es discrecionalidad de la administración, en función de la disponibilidad de la cabecera, sino un derecho reconocido por ley, que daría lugar a indemnizaciones si no se puede cumplir por falta de agua”, ha explicado Alique. Los propios regantes han cifrado en 11.000 millones de euros esas indemnizaciones, “que tendrían que salir de bolsillo de todos los españoles”, ha señalado el senador socialista.

Esta posibilidad no es ni mucho menos descartable, puesto que la Unión Europea (UE) obliga a España a mantener unos caudales ecológicos en el Tajo absolutamente incompatibles con el memorándum suscrito por las cinco comunidades gobernada por el PP. “Con esta actitud, el PP de Rajoy y de Cospedal da muerte al Tajo y a los pueblos ribereños al convertir la cabecera del río en un afluente de Segura. Es una prueba más de que Cospedal no defiende a Castilla-La Mancha porque está más preocupada de sus intereses personales”, ha agregado.