28/01/2019 / 12:22
Redacción


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Alovera, Cabanillas y Villanueva de la Torre exigen a la Diputación que sufrague sus administraciones electrónicas municipales


El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, y las alcaldesas de Villanueva de la Torre (Vanessa Sánchez) y Alovera (Purificación Tortuero), han acordado que los respectivos ayuntamientos que presiden presentarán de modo conjunto de alegaciones contra la reciente aprobación inicial del Presupuesto 2019 de la Diputación Provincial de Guadalajara.

El motivo para presentar estas alegaciones conjuntas entre tres ayuntamientos (que además son de distinto signo político) es que, un año más, la institución provincial no ha presupuestado el montante necesario para cumplir una obligación legal que debería estar asumiendo desde hace años, como es sufragar el coste de las “sedes electrónicas municipales” de todos los consistorios de la provincia menos de 20.000 habitantes.

Hay que reseñar que Diputación sí sufraga el coste de la administración electrónica de las localidades de la provincia de menos de 5.000, pero olvida deliberadamente a un puñado de municipios de Guadalajara, los que están entre los 5.000 y los 20.000 vecinos, a pesar de que la Ley es nítida en este punto.

En concreto, la Diputación de Guadalajara vulnera reiterada y flagrantemente el artículo 36.1.g de la Ley de Bases de Régimen Local, que dice literalmente: “Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: (….) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes”.

Hay que reseñar que desde los ayuntamientos afectados se han presentado en años anteriores reiterados escritos, exigiendo que la Diputación cumpla con la Ley, pero hasta la fecha la institución que dirigen José Manuel Latre y Ana Cristina Guarinos ha dado la callada por respuesta.

Los tres alcaldes exigen por tanto a los responsables de la institución provincial que enmienden su presupuesto, incluyan la partida necesaria para presetar este servicio, y dejen de incumplir sus obligaciones legales. Los ediles, finalmente, anuncian que si el Equipo de Gobierno de Diputación se reitera en el incumplimiento, y no enmienda el Presupuesto antes de su aprobación definitiva, se reservan la posibilidad de acabar llevando este asunto a los tribunales.


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