Anpe denuncia la inseguridad jurídica y el desprecio a los derechos de los docentes

  Decidir e imponer sin el preceptivo procedimiento administrativo previo, incumpliendo mandatos y principios legales fundamentales, sin la legitimidad de una norma preliminar que habilite determinadas actuaciones administrativas, es inadmisible en un estado de derecho. Las actuaciones educativas desprovistas de forma, procedimiento y de base legal se van acumulando en nuestra Comunidad Autónoma; pero perseguir legítimos fines de ahorro no significa que “todo vale”.

  Los funcionarios docentes viven en un clima de inseguridad jurídica inconcebible y alarmante que pone en riesgo la debida prestación del servicio educativo. Se les ha modificado sus derechos y condiciones laborales, variado sus destinos, revocado sus contratos, cesándoles en sus puestos de trabajo..etc.; empujando a los perjudicados a una vía judicial que, por su sabida lentitud, deja blindada la arbitrariedad y discrecionalidad de la Administración.

  Ejemplos ilustrativos de lo referido son: - Funcionarios de carrera desprovistos de sus destinos definitivos sin base legal, sin procedimiento previo y sin motivación jurídico legal. - Funcionarios interinos a los que se les revoca el nombramiento y se les cesa en una fecha anterior a la debida, sin que exista causa legal del cese. - Funcionarias interinas embarazadas o que han dado a luz y se les revoca el nombramiento y/o se les declara indisponibles para ser nombradas. - Profesores itinerantes a los que se les obliga a utilizar sus vehículos particulares. - Profesorado de Religión con contratos de sustitución a os que se cesa sin que se haya incorporado el trabajador sustituto.

  ANPE exige que se deje de atentar contra los derechos de los trabajadores docentes y se deje de recortar en educación, mientras se mantiene el exceso de políticos y sus privilegios, en una gran “burbuja” que, innecesaria e inútil, constituye uno de los verdaderos males de nuestro