APAG, ASAJA CLM y Atamaco valoran en más de 2 millones de euros las pérdidas por las paradas en cosecha

Las organizaciones APAG, Asaja Castilla-La Mancha y ATAMACO han valorado positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que anula la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 8 de julio de 2021, por la que se prohibían las labores de cosecha en toda la región los días 11 y 12 de ese mes, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Según indican desde APAG, la sentencia recoge que las restricciones impuestas “no se encuentran previstas entre las reguladas para su aplicación durante las campañas de prevención de incendios forestales”, por lo que estima el recurso contencioso presentado por Asaja y APAG, y anula la resolución por no ajustarse a derecho.

El presidente de Asaja CLM, José María Fresneda, ha declarado que “cinco magistrados del TSJ nos dan la razón en algo fundamental: la falta de sensibilidad de las administraciones”. Ha añadido que “no son competentes para decir cuándo o cómo podemos llevar a cabo nuestro trabajo” y ha afirmado que, a partir de ahora, “o se negocia, o no se determina bajo ningún concepto cuándo y cómo debemos trabajar”.

Por su parte, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha indicado que la sentencia permite estudiar una reclamación patrimonial a la Junta de Castilla-La Mancha, y ha considerado que la medida de 2021 fue “irresponsable, no ajustada a derecho y atentaba contra el sector productor”. Laso ha criticado la falta de diálogo con el sector y ha asegurado que “la agricultura y la ganadería no son el enemigo en la lucha contra los incendios, sino un aliado”.

Desde la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras (ATAMACO), su presidente, Félix Andrés, ha cifrado en 750.000 euros las pérdidas económicas sufridas por sus asociados debido a la paralización de dos días, y en más de 2 millones a nivel regional. Andrés ha señalado que esperan que esta sentencia “abra la puerta a negociaciones reales con la administración” y ha anunciado que la asociación celebrará una asamblea para valorar cómo formalizar su reclamación patrimonial.

Las tres entidades coinciden en que la resolución anulada tuvo un impacto económico considerable y apelan al consenso en futuras medidas de prevención, reclamando que se escuche al sector antes de aplicar restricciones que afecten a su actividad.