Aprobado el anteproyecto de ley para la supresión del Defensor del Pueblo y el CES

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Leandro Esteban, ambas decisiones -a las que ya se comprometiera durante la campaña electoral la actual presidenta regional, María Dolores de Cospedal- obedecen a la necesaria "austeridad" y a la priorización de la prestación de servicios públicos a los ciudadanos.

En el caso del Defensor del Pueblo, a la duplicidad con la institución estatal se suma, según Esteban, el elevado coste que supone para la región, ya que, mientras que iniciar un procedimiento en Castilla-La Mancha cuesta 2.563 euros a las arcas regionales, en el órgano estatal es siete veces menos, 437 euros.

A la duplicidad se ha sumado, en el caso del CES el hecho de que este órgano ha "incumplido su objetivo fundacional" -apuntó Esteban-, ya que su misión, que era la de informar de leyes con contenido económico y social, no ha sido cumplida en casos como la Ley de Cajas, o la normativa relativa a RTCM, entre otras. Por todo ello "lo más aconsejable es suprimirlo", lo que permitirá ahorrar 1.113.730 euros al año.

También en el capítulo de ahorro se ha dado el visto bueno definitivo al decreto por el que el personal eventual de la Junta, -"cargos políticos", como los ha denominado el portavoz-, se verá reducido en un 40% pasando de 134 a 80, permitiendo un ahorro de 12 millones de euros en toda la legislatura a la vez que se "despolitiza" y "profesionaliza" la Administración regional.

Estas tres medidas de austeridad aprobadas por el Consejo supondrán un ahorro de 30 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años.

Pero también ha habido nuevos nombramientos, con los que prácticamente quedaría cerrado el nuevo Gobierno regional, según ha apuntado el portavoz. En este capítulo, se ha nombrado al director general de Coordinación y Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, puesto que ocupará el hasta ahora concejal del Ayuntamiento de Toledo, José Julián Gómez Escalonilla.

Dentro de Sanidad y Asuntos Sociales, Luis Carretera Alcántara será el nuevo director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), mientras que  Silvia Valmaña Ochaíta será la nueva directora general de Familia y Menores, Promoción Social y voluntariado.

En la Consejería de Cultura y Deportes, Miguel Panadero será el director de Universidades, Investigacion e Innovacion y José Jaime Alonso Díaz será director de Recursos Humanos y Programación Educativa.

Por último, en Fomento, Aquilino Iniesta López será director gerente de la Agencia del Agua; Jesús Rodríguez Caamaño será director general de Coordinación Informativa y Publicidad Institucional y Paloma Barredo -candidata a la Alcaldía de Toledo en las últimas elecciones municipales- será la nueva directora del Servicio Público de Empleo (Sepecam).

Por otra parte, el consejo ha estudiado el primera avance de las líneas maestras que conformarán la Ley de apoyo a Emprendedores, Pymes y Autónomos de castilla-La Mancha, en una "primera aproximación" a la misma. En ella, adelantó Esteban, habrá medidas educativas (adaptar la formación a las necesidades reales del mercado de trabajo), de simplificación administrativa de los trámites para constituir empresas (ventanillas únicas, simultanear la puesta en marcha de una actividad con los trámites de constitucion de las empresas, etc), un paquete de medidas fiscales y financieras y medidas incentivadoras en materia formativa. Una ley que pretende reactivar económicamente la región y que será tramitada en el primer periodo de sesiones de las Cortes regionales.