Asalto al poder

Uno de los efectos secundarios de esta sucesión de plagas bíblicas que estamos padeciendo, que cuando no estás confinado por Covid lo estás por Filomena, es que añoramos las sesiones de cine y palomitas. A mi me resultan muy entretenidas esas películas de explosiones y ataques de ultras de aquí y de allá, generalmente resueltas por mocetones briosos, solos o en compañía de otros, como decían las sentencias de antaño.

En estas pelis hay un denominador común: se intenta poner en jaque a la democracia, atacando sus instituciones y sus edificios representativos y se saca lo mejor de cada uno, desde el presidente, normalmente de los Estados Unidos, que para eso son pelis de la industria norteamericana, hasta el cocinero, la aguerrida agente del servicio secreto o el guía turístico; y el héroe, guapetón siempre, aunque ahora se despeina más que nuestros añorados James Bond de Moore o Connery. 

Pues en este estado de cosas, el día de Reyes nos trajo en el telediario, a falta de cine y en vez de una suscripción a una plataforma de películas y series, un asalto al Capitolio. Atónitos contemplábamos como una serie de personas y personajes tomaron, entre el esperpento y la tragedia, uno de los edificios emblemáticos de nuestra cultura cinéfila y representación de las ensoñaciones democráticas de todos. A las bravas, porque sí, alentados desde algunos irresponsables políticos que se negaban a admitir los resultados electorales. Y desde entonces volvemos a escuchar los términos impeachment, la vigesimoquinta enmienda, sedición… De repente todos hemos cursado un máster en constitucionalismo estadounidense, de esos que nos gustan tanto a los españoles, de oído y sin pagar matrícula.

Esa cualificación académica de la señorita Pepis nos permite afirmar con contundencia que lo sucedido en Washington no es comparable a nada ni a nadie. Que los americanos son unos sediciosos, pero que lo del asalto al Parlament catalán fue una excursión con visita guiada incluida. Que el “rodea el Congreso” para protestar por la investidura de Rajoy en 2016 fue un producto de la libertad de expresión y manifestación, como por otra parte han sentenciado algunos jueces, que ”hay gente pa tó”, como dijo el Gallo cuando le presentaron al filósofo Ortega y Gasset.

El artículo 544 del Código penal establece como delito de sedición la conducta de alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o el legítimo ejercicio de funciones a autoridades o funcionarios, o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales. Y eso, siempre que no sea rebelión, que en el “Violento” versus “Tumultuario” está la diferencia entre estas figuras, fundamentalmente.

Nuestro derecho también castigaría el asalto al Capitolio y otras situaciones similares que, pese a los memes, no son divertidas sino gravísimas. El Código penal contempla en sus artículos 493 a 495, dentro de los delitos contra las Instituciones del Estado, la invasión por la fuerza en el Congreso, Senado o las Cámaras Legislativas de las Comunidades Autónomas, o sin violencia, pero portando armas; pero también a los que, promuevan, dirijan o presidan manifestaciones en estos Parlamentos si están reunidos, alterando su normal funcionamiento. 

La ley debe ser aplicada, siempre, a todos y para todos, en España y en todo el mundo; desde el presidente de los Estados Unidos a los “Jordis”. Desde el independentismo catalán, la ultraizquierda populista o los supremacistas y racistas de la américa profunda, todos los que promueven la intimidación institucional o, directamente, asaltan las instituciones en vez de los cielos, deben ser juzgados y, si procede, condenados. Y para garantizar la prevención general de la pena, para evitar que otros vuelvan a cometer estos delitos, no deberían ser indultados. Por si acaso alguno quiere cambiar el final feliz propio del género por el “montaje del director”.