Asepeyo organiza en Guadalajara una jornada para analizar la protección por desempleo

21/09/2010 - 19:50 Redacción

Los trabajadores autónomos ya cuentan con un sistema específico de protección por desempleo. La Ley 32/2010, que entrará en vigor el próximo 6 de noviembre, establece que se trata de una prestación voluntaria, a excepción de los trabajadores autónomos que actualmente ya cotizan por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), para quienes esta ayuda por cese de actividad es ya obligatoria.

Asepeyo ha organizado en el Salón de Actos de Caja Guadalajara una jornada informativa para trabajadores autónomos
Para conocer los pormenores de esta Ley, Asepeyo ha organizado en el Salón de Actos de Caja Guadalajara una jornada informativa para trabajadores autónomos, asesores laborales, mutualistas y, en general, a todo el personal implicado en el ámbito de la gestión de los nuevos aspectos normativos. Silvia Ferré, abogada de la dirección de Prestaciones de Asepeyo, ha analizado las complejidades y detalles de esta Ley, como son su ámbito de aplicación y los requisitos para tener derecho a ella. Inauguró la jornada Constantino Lobo, director de Asepeyo en Guadalajara. 
El trabajador por cuenta propia, para poder obtener esta ayuda, tendrá que cotizar un 2,2% aplicable a la base reguladora y la obligación de tener cubiertas las contingencias profesionales con una mutua de accidentes de trabajo. Su duración máxima dependerá de los periodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores al cese de actividad. Así, la cobertura va desde los dos meses (para quienes coticen entre un año y 17 meses), hasta los doce meses (por cotizar 48 meses o más).
En un principio se estableció que La Ley 32/2010 contemplaba también que los trabajadores por cuenta propia que hubiesen cesado su actividad a partir del 1 de enero de 2009 y que no recibieran ninguna otra ayuda pública, tendrían derecho a un subsidio de 425 euros mensuales durante un máximo de seis meses. Esta prestación ha quedado finalmente derogada por la Ley 35/2010.