Barreda pedirá que se retire el Estatuto si las modificaciones perjudicaran a la región
01/10/2010 - 09:45

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha salvó ayer su primer trámite parlamentario antes de su definitiva aprobación. Todos los grupos políticos del Congreso, excepto UPyD y dos diputados del PP murciano, votaron a favor de que se tome en consideración el documento, en torno al cual se abre ahora un periodo de debate y de consenso para introducir las debidas enmiendas. El presidente regional, José María Barreda, afirmó que si el texto fuera modificado sustancialmente, pedirá a las Cortes de Castilla-La Mancha que lo retire.
El primer debate que se celebra en las Cortes nacionales en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se centró en torno al agua, y, concretamente, en el punto que hace referencia a la cancelación del trasvase Tajo-Segura en 2015. Pese a las controversias surgidas, y con el telón de fondo de las palabras de la vicepresidenta de la Vega y el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, que indicaron que, a partir de ahora, se abre el camino de la deliberación y el acuerdo, ningún grupo político se opuso a su toma en consideración, excepto dos diputados murcianos del PP y la diputada de UPyD, Rosa Díez.
Las palabras de la vicepresidenta fueron un aliento para las aspiraciones de la región: No debe sorprender que una reforma estatutaria prevea una sección completa destinada a regular la política del agua. Una norma institucional básica que quiere afrontar nuevos retos ha de ser sensible a una cuestión que nos preocupa a todos pero que, al igual que en otras Comunidades Autónomas, adquiere especial relevancia en el caso de Castilla-La Mancha.
El presidente regional, José María Barreda, ofreció un discurso claro, conciso y contundente en torno a los intereses de la región. Sin embargo, mostró su disposición al consenso sobre la propuesta de reforma estatutaria para lograr un buen acuerdo para todos, sobre todo para Castilla-La Mancha, pero no a cualquier arreglo que trate de conformarnos con cualquier cosa. En esta línea advirtió de que si resulta devaluado o modificado sustancialmente pedirá su retirada y seguiremos luchando.
El objetivo del Estatuto -recalcó- es terminar con un trasvase ineficaz, inservible y obsoleto a medio y largo plazo. En cualquier caso, manifestó que se abre una gran esperanza para lograr un acuerdo y aseguró que Castilla-La Mancha respaldaría un pacto que se apoyara en una nueva cultura del agua, capaz de aportar soluciones globales y de dejar atrás las polémicas. Agua para todos, sí; agua para todo no, ha recalcado Barreda, quien ha aprovechado para dejar claro que él jamás excitará desde Castilla-La Mancha sentimientos contra otra región, ni ofenderá a ninguna otra comunidad ni a ninguna otra nacionalidad, pues respeta a todas.
Recordó que la propuesta contempla que el volumen de agua trasvasable se reduzca progresivamente, hasta su definitiva extinción en 2015, coincidiendo con el plazo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y referidos al buen estado ecológico de las aguas establecidos por la Directiva Marco. En esta línea abogó por un pacto de Estado que, dejando atrás polémicas sobre planes anteriores, sea capaz de abordar el problema con vocación de encontrar soluciones globales desde las posibilidades que ofrecen el presente y el futuro. En la línea de la solidaridad interterritorial, argumentó que el agua de los ríos de España es de todos los españoles. Estoy de acuerdo en que no se pueden blindar los ríos y, por eso, no quiero el blindaje, la hipoteca, que ahora pesa sobre el Tajo desde el Segura.
Frente a esto, el diputado del PP por Toledo Arturo García-Tizón, acusó a Barreda de albergar poca solidaridad con otras comunidades autónomas en lo relativo a la política hidrológica. A su juicio, el presidente castellano-manchego, que ha formado parte de la delegación que ha defendido el proyecto en representación de las Cortes de la comunidad autónoma, ha equivocado el discurso y el lugar al dedicar su alocución en el Congreso a reclamar una gestión hidrológica más favorable para la región.
Las palabras de la vicepresidenta fueron un aliento para las aspiraciones de la región: No debe sorprender que una reforma estatutaria prevea una sección completa destinada a regular la política del agua. Una norma institucional básica que quiere afrontar nuevos retos ha de ser sensible a una cuestión que nos preocupa a todos pero que, al igual que en otras Comunidades Autónomas, adquiere especial relevancia en el caso de Castilla-La Mancha.
El presidente regional, José María Barreda, ofreció un discurso claro, conciso y contundente en torno a los intereses de la región. Sin embargo, mostró su disposición al consenso sobre la propuesta de reforma estatutaria para lograr un buen acuerdo para todos, sobre todo para Castilla-La Mancha, pero no a cualquier arreglo que trate de conformarnos con cualquier cosa. En esta línea advirtió de que si resulta devaluado o modificado sustancialmente pedirá su retirada y seguiremos luchando.
El objetivo del Estatuto -recalcó- es terminar con un trasvase ineficaz, inservible y obsoleto a medio y largo plazo. En cualquier caso, manifestó que se abre una gran esperanza para lograr un acuerdo y aseguró que Castilla-La Mancha respaldaría un pacto que se apoyara en una nueva cultura del agua, capaz de aportar soluciones globales y de dejar atrás las polémicas. Agua para todos, sí; agua para todo no, ha recalcado Barreda, quien ha aprovechado para dejar claro que él jamás excitará desde Castilla-La Mancha sentimientos contra otra región, ni ofenderá a ninguna otra comunidad ni a ninguna otra nacionalidad, pues respeta a todas.
Recordó que la propuesta contempla que el volumen de agua trasvasable se reduzca progresivamente, hasta su definitiva extinción en 2015, coincidiendo con el plazo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y referidos al buen estado ecológico de las aguas establecidos por la Directiva Marco. En esta línea abogó por un pacto de Estado que, dejando atrás polémicas sobre planes anteriores, sea capaz de abordar el problema con vocación de encontrar soluciones globales desde las posibilidades que ofrecen el presente y el futuro. En la línea de la solidaridad interterritorial, argumentó que el agua de los ríos de España es de todos los españoles. Estoy de acuerdo en que no se pueden blindar los ríos y, por eso, no quiero el blindaje, la hipoteca, que ahora pesa sobre el Tajo desde el Segura.
Frente a esto, el diputado del PP por Toledo Arturo García-Tizón, acusó a Barreda de albergar poca solidaridad con otras comunidades autónomas en lo relativo a la política hidrológica. A su juicio, el presidente castellano-manchego, que ha formado parte de la delegación que ha defendido el proyecto en representación de las Cortes de la comunidad autónoma, ha equivocado el discurso y el lugar al dedicar su alocución en el Congreso a reclamar una gestión hidrológica más favorable para la región.