Blanco pide a Rajoy que “se relaje” y “no cuestione el Estado de Derecho”

Blanco entiende que el líder del principal partido de la oposición debe “relajarse”, “no cuestione el Estado de Derecho” y no trate de desviar la atención de “sus problemas” acusando a los demás “sin pruebas”. Así lo señaló en la sede de su Ministerio, tras reunirse con una delegación de responsables del Gobierno, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos que se encuentran muy interesados en la red ferroviaria española.
En cuanto al sobreseimiento de los acusados en la vertiente valenciana del caso Gürtel, el titular de la cartera de Fomento, instó al PP a que “no aplauda” las decisiones ahora para luego arremeter contra las decisiones de los jueces en actuaciones “presuntamente delictivas”. Por lo que, se mostró tajante a la hora de exigir a los populares que no utilicen una “doble vara de medir”.

“Responsabilidad”
Por su parte, el vicesecretario de Política autonómica y local del PP, Javier Arenas, explicó que el trato que se ha dado a militantes del PP en Palma de Mallorca ha sido una “barbaridad” y pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “que no se eternice la investigación y que asuman sus responsabilidades políticas por lo que allí ha sucedido”. Así, comparó esta situación con la de las dictaduras y países no democráticos en las que se persigue a la oposición utilizado “a los policías y a los fiscales”.
“Estamos hartos de la discriminación, de la desproporción y de las dobles varas de medir”, acusó Arenas, quien aseguró que basta analizar lo que ha ocurrido con los detenidos por el caso Palma Arena y compararlo con el trato que la Fiscalía en Ibiza dio a responsables del PSOE o con los “saludos al tendido” que hacía el alcalde de Alcaucín (Málaga) cuando salía del Consistorio tras su detención.

Por estos motivos, hace “responsable” al presidente del Gobierno de crear “un clima irrespirable en la política española, que atenta contra el espíritu de la transición, el cual se ha respetado por todos los anteriores presidentes del Gobierno”. E insiste en que el Ejecutivo “nunca puede ser portavoz de los fiscales, como ha sucedido con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega”. No obstante, Arenas no descarta que su partido, que ya ha presentado denuncias por estas circunstancias en los juzgados, estudie presentar más en “el ámbito de instituciones españolas y europeas”.

Esposas ilegales
El Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha solicitado la dimisión del Delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Ramón Socías, al entender que éste emitió una orden “ilegal” cuando pidió que los arrestados por el caso Palma Arena fueran conducidos hasta las dependencias judiciales sin ser esposados. El sindicato señala en su informe que trasladar a los detenidos con esposas es un procedimiento habitual en la comunidad autónoma, “principalmente cuando hay un aglomeración de personas”.

El secretario de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policías, Alfonso Alaiz, explicó que la asociación ha elaborado un informe sobre las condiciones en las que fueron trasladados los cinco detenidos por el caso Palma Arena, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán; el ex director general de Deportes en la anterior legislatura, José Luis Pepote Ballester; el ex gerente del recinto deportivo, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero; y el jefe de la UTE de las obras de la infraestructura, Miguel Ángel Rodríguez.
El informe critica que la orden que emitió el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, de “no dar espectáculo” y que no fuesen esposados está “fuera de toda norma”, por lo que solicitó su dimisión o cese. “Dando esta orden se está ofreciendo beneficios a determinados arrestados incumpliendo el protocolo”, explica el escrito. El comisario de Seguridad Ciudadana de Baleares ha asumido la responsabilidad de haber roto la cadena de mando.Alaiz defendió que los policías facilitaron ropa y tomaron medidas para garantizar la intimidad de los arrestados, cumpliendo así lo dispuesto en una instrucción del protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, lamentó que no hubiese suficiente personal para conducir a los cinco presuntos implicados a los Juzgados de Vía Alemania, cuando la normativa estima que debe haber un policía por cada uno de ellos.
En cuanto a que los agentes esposaran a los detenidos “derecha con derecha”, modo de engrilletamiento que provoca que caminasen con mayor dificultad y que no pudieran esconder las manos de los medios de comunicación, Alaiz manifestó que se trata de un procedimiento habitual en el archipiélago porque permite que los detenidos vayan más controlados y velar por su seguridad “principalmente cuando hay una aglomeración de personas”. Este fue el caso del sábado pasado cuando numerosos medios de comunicación se agolpaban a las puertas de los Juzgados. Por eso, el representante sindical asegura que las acusaciones de Socías son “tajantemente mentira” porque su objetivo no era generar “expectación mediática” y “exponerlos públicamente ante los medios”.

Órdenes ilegales
Según el informe del SUP, las órdenes en cadena que el delegado del Gobierno transmitió al Jefe Superior de Policía, comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, al inspector jefe del Grupo de conducciones, al subinspector, al oficial y por último a los policías, son “ilegales” por contradecir a la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre personas detenidas o bajo control policial. Este apartado relata que el policía debe decidir, en función de las circunstancias, la forma de realizar el traslado, respetando siempre los derechos de las personas bajo custodia policial, por lo que exigió la dimisión o el cese de Socías.

Además, solicitan que se abra una investigación sobre el cargo que autorizó el acceso de los medios de comunicación al interior del párking para que captaran imágenes de los detenidos. Así, pidió al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía o el juez Decano de Palma que investiguen al responsable “que sin duda es del ámbito del Ministerio de Justicia”. Del mismo modo, considera también responsables a aquellos que “no han establecido un protocolo de traslado de detenidos garantista, dejándolo al albor de decisiones policiales personales o de la voluntad de los responsables políticos”.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Baleares ha contestado a las acusaciones, alegando que él sólo se limitó a recordarle a los agentes que podían valorar “la conveniencia o no” de esposarles, por lo que “no conculcó la capacidad de decisión de los efectivos policiales responsables”. Además, recordó que la instrucción 12/2007 del protocolo establece que el agente que practique la detención o conducción, en atención a factores como las características del delito o la actitud del detenido, podrá valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de incrementar la discreción y no perjudicar la imagen del arrestado. Socías argumentó que no se trata de ninguna instrucción ilegal, sino de recordar que en el caso de estos cinco detenidos “tanto por la notoriedad de los mismos como por la personalidad de los detenidos, su ausencia de peligrosidad, el escaso riesgo de fuga y las consecuencias que sobre sus derechos fundamentales podría tener, una u otra manera de conducción permitían que la misma se hubiese realizado sin esposamiento”. Por último, calificó de “incomprensible” la actitud del SUP ya que en los primeros momentos tras la conducción expresaron su indignación por la forma en que realizó la misma, contra los superiores jerárquicos responsables de aquello, “tachándola de impropia de un estado democrático ya que se vulneraron los derechos de los detenidos”, cuando precisamente lo que se hizo “fue procurar que en ningún caso se diera ni un espectáculo mediático”.

atentara contra la honorabilidad y dignidad de las personas imputadas en su conducción a los juzgados”.