Caamaño anuncia cambios en la ley de enjuicimiento criminal

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
Se modificará que la Fiscalía instruya casos y una nueva regulación de acusación popular
Caamaño explicó que su departamento ministerial trabaja en “un modelo distinto de enjuiciamiento penal” en el que la instrucción de las causas penales “recae sustancialmente sobre el Ministerio Fiscal” y en que el juez pasará a convertirse en “garante” de los derechos de aquellos ciudadanos sometidos a una investigación penal.
Respecto a lo referido de la acción popular --que la actual legislación faculta para poder mantener en solitario una acusación, como ocurre con la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por su investigación del franquismo--, el titular de Justicia anunció que se abrirá “una reflexión” para dotar de nuevo sentido a esta figura jurídica “respetado el mandato que da la Constitución”.

A lo largo de su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Caamaño ha explicado que es “muy difícil” de explicar a los ciudadanos y sobre todo fuera de nuestro país “que en España el interés general no lo defiende sólo el Ministerio Público, sino que puede haber algunas asociaciones que sin ser víctimas del delito pueden personarse en un proceso penal y mantener la acusación”. Esta figura “resulta ciertamente sorprendente y no existe en derecho comparado”, recalcó el ministro.

Rentabilizar recursos
Asimismo, el responsable de Justicia anunció también que en los próximos meses presentará un nuevo proyecto legislativo que incluirá la modificación de todos los preceptos legales necesarios para que los actuales juzgados de instrucción, que son unipersonales, sen sustituido por tribunales de Primera Instancia, que serán órganos colegiados, es decir compuestos por varios jueces. Con esta medida se trata rentabilizar recursos y de evitar la imagen de que un asunto recae en un juzgado tiene una determinada solución, mientras que si lo lleva otro, el resultado es distinto, según ha explicado el ministro.
A juicio de Caamaño, se trataría de sustituir los diferentes juzgados existentes en un núcleo de población (de instrucción número 1, número 2 etc.) por un tribunal de instancia constituido por los diferentes jueces que son titulares a día de hoy de esos juzgados. “Ya no habrá juzgados como unidades independientes aisladas, sino un órgano colegiado que trabajará y administrará justicia en ese territorio”, explicó.
Esto permitirá la sustitución entre los propios jueces de este tribunal, un mejor reparto de los asuntos y la interposición de criterios uniformes que impidan esa sensación entre los ciudadanos de que juzgados que se encuentran en el mismo edificio resuelvan con diferente criterio, según ha agregado.

Digitalización
El ministro de Justicia también ha dicho que antes de que finalice el presente año espera que esté operativo el proyecto EGIS, que permitirá que todos los tribunales españoles trabajen en red, y que la Audiencia Nacional será el primer tribunal de España que trabaje con expediente electrónico, es decir “con papel cero”.

Además, dentro del proyecto de modernización emprendido por su Ministerio, también anunció que durante los primeros días de noviembre comenzará a funcionar la Nueva Oficina Judicial en las ciudades de Murcia y Burgos, y que en un mes tomarán posesión los primeros 40 jueces de adscripción territorial.

LA NUEVA LEY ES “MUCHO MÁS ÁGIL EN SU FUNCIONAMIENTO”

Finalmente, en respuesta a una cuestión planteada por la senadora

Susana Sumelzo, también del grupo parlamentario socialista, sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio de Justicia para mejorar la protección judicial en el ámbito social, Caamaño se refirió a la aprobación del proyecto de ley regulador de la jurisdicción social que se presentó el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

La nueva Ley los reunifica en una única jurisdicción especializada en función de la materia, “mucho más ágil en su funcionamiento, dado el principio de oralidad”, ha precisado para explicar que esta norma, racionalizará todos los conflictos jurídicos de orden social en una sola jurisdicción. A día de hoy, en asuntos tan comunes como u accidente de trabajo el ciudadano debía debe dirigirse simultáneamente a los órdenes, social, civil o incluso contencioso-administrativo, según los matices que presentara el asunto