Celestino Corbacho incentiva el retorno de los inmigrantes
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Ante la crisis del empleo el Gobierno tiene una solución: facilitar el retorno de los extranjeros a sus lugares de origen "si así lo desean". Una iniciativa que irá acompañada con la búsqueda de nuevos puestos de trabajo en "sectores emergentes".
Para el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la inmigración es "un fenómeno que hay que controlar y gobernar porque de lo contrario acabaría afectando negativamente" a los españoles y a los propios inmigrantes.
El recién nombrado ministro de Trabajo asegura que España no mirará hacia otro lado ante la inmigración irregular e ilegal. En este aspecto aseguró que a nuestro país pueden llegar todos los inmigrantes que hagan falta "pero todos con contrato de trabajo".
Sobre el 'contrato de integración' de la Comunidad Valenciana, Corbacho, que se reunió ayer con el consejero de Inmigración de esta comunidad, destacó que le transmitirá el rechazo del Gobierno a esta iniciativa, a la que además "no dará soporte alguno por estar fuera del marco de las competencias de una autonomía".
En este sentido, insistió en declaraciones a la SER en que el problema de la inmigración en España en estos momentos "no es de usos y costumbres sino de integración" y, en segundo lugar, "de regularidad y de legalidad". "No creo que el 'contrato de integración' valenciano sea la mejor medida", afirmó.
El optimismo de Caldera
Más optimista ha sido su antecesor en el cargo, Jesús Caldera, quien dijo ayer en Telemadrid que no siente una "grave preocupación" por la evolución del desempleo, pues "seguramente" la economía española volverá a recuperar "la senda" en un par de años. Es un dato "malo", pero la situación "no es catastrófica", ya que, según ha dicho, "el núcleo duro" de los trabajadores mantienen su estabilidad laboral y sus salarios.
"Nos acercaremos a un paro del 10%, como prevén los organismos internacionales, cifra que está por debajo de nuestra media histórica. Pero seguramente en un par de años volveremos a recuperar la senda. Por eso para mí no es una grave preocupación", explicó.
El ex ministro ha señalado que, en una coyuntura económica como la actual, con una crisis financiera internacional y un sector inmobiliario "excesivamente dimensionado", es "lógico" que el paro aumente, aunque ha insistido en que se trata de algo "puramente transitorio".
De este lado, Caldera ha apuntado que cuando abandonó el Ministerio existían 30.000 ofertas de empleo de empresas que no podían cubrir sus necesidades por falta de mano de obra cualificada. "Lo que hay que hacer es favorecer, con las políticas de formación, con políticas activas de empleo y con las comunidades, que tienen muchas competencias en esta materia, el paso de un sector a otro", concluyó.
Sin acuerdo de repatriación
Los países de la Unión Europea (UE) no han logrado cerrar un acuerdo sobre una legislación común para la repatriación de los inmigrantes clandestinos.
Los embajadores de los 27 países comunitarios debatieron el texto, pero aplazaron la decisión hasta la sesión prevista para la próxima semana, según indicaron fuentes diplomáticas.
De los 27 países comunitarios, 11 rechazaron el texto acordado por la presidencia con representantes del Parlamento Europeo, diez de ellos porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva, que establece un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales.
El recién nombrado ministro de Trabajo asegura que España no mirará hacia otro lado ante la inmigración irregular e ilegal. En este aspecto aseguró que a nuestro país pueden llegar todos los inmigrantes que hagan falta "pero todos con contrato de trabajo".
Sobre el 'contrato de integración' de la Comunidad Valenciana, Corbacho, que se reunió ayer con el consejero de Inmigración de esta comunidad, destacó que le transmitirá el rechazo del Gobierno a esta iniciativa, a la que además "no dará soporte alguno por estar fuera del marco de las competencias de una autonomía".
En este sentido, insistió en declaraciones a la SER en que el problema de la inmigración en España en estos momentos "no es de usos y costumbres sino de integración" y, en segundo lugar, "de regularidad y de legalidad". "No creo que el 'contrato de integración' valenciano sea la mejor medida", afirmó.
El optimismo de Caldera
Más optimista ha sido su antecesor en el cargo, Jesús Caldera, quien dijo ayer en Telemadrid que no siente una "grave preocupación" por la evolución del desempleo, pues "seguramente" la economía española volverá a recuperar "la senda" en un par de años. Es un dato "malo", pero la situación "no es catastrófica", ya que, según ha dicho, "el núcleo duro" de los trabajadores mantienen su estabilidad laboral y sus salarios.
"Nos acercaremos a un paro del 10%, como prevén los organismos internacionales, cifra que está por debajo de nuestra media histórica. Pero seguramente en un par de años volveremos a recuperar la senda. Por eso para mí no es una grave preocupación", explicó.
El ex ministro ha señalado que, en una coyuntura económica como la actual, con una crisis financiera internacional y un sector inmobiliario "excesivamente dimensionado", es "lógico" que el paro aumente, aunque ha insistido en que se trata de algo "puramente transitorio".
De este lado, Caldera ha apuntado que cuando abandonó el Ministerio existían 30.000 ofertas de empleo de empresas que no podían cubrir sus necesidades por falta de mano de obra cualificada. "Lo que hay que hacer es favorecer, con las políticas de formación, con políticas activas de empleo y con las comunidades, que tienen muchas competencias en esta materia, el paso de un sector a otro", concluyó.
Sin acuerdo de repatriación
Los países de la Unión Europea (UE) no han logrado cerrar un acuerdo sobre una legislación común para la repatriación de los inmigrantes clandestinos.
Los embajadores de los 27 países comunitarios debatieron el texto, pero aplazaron la decisión hasta la sesión prevista para la próxima semana, según indicaron fuentes diplomáticas.
De los 27 países comunitarios, 11 rechazaron el texto acordado por la presidencia con representantes del Parlamento Europeo, diez de ellos porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva, que establece un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales.