CEP y PP alertan sobre el aumento de las diligencias previas incoadas

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: Redacción
La senadora del Partido Popular, Mª Ángeles Font, ha calificado como alarmante “el incremento de la delincuencia en la provincia de Guadalajara que arroja la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2008”. Según este informe, las diligencias previas incoadas aumentaron en Guadalajara un 32,86%, lo que la convierte en la tercera provincia donde más han subido tras Zaragoza y Lugo.
Mª Ángeles Font ha lamentado que “el aumento registrado en Guadalajara suponga casi un 33% frente al crecimiento del 3´57% recogido en el conjunto del Estado”.
El Partido Popular han vuelto a pedir más medios materiales, que se cubran las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al 100%, “y que se lleven a cabo reformas legislativas que sirvan para hacer frente a las nuevas y numerosas formas de delincuencia surgidas en los últimos años, entre las que se encuentran la proliferación de bandas y mafias que ven a España como un paraíso donde se puede operar y delinquir de forma impune”.
La Confederación Española de Policía (CEP) quiere llamar la atención sobre el deterioro producido en los niveles de seguridad de Guadalajara. “Así, en el capítulo de delitos contra la vida e integridad física de las personas hemos vivido un aumento del 14,22%”, afirman en nota de prensa. “En este sentido, llama la atención el incremento de homicidios dolosos y asesinatos (250%), así como el de los delitos de amenazas (10,74%) o las agresiones sexuales (13,79%)”. Una situación que les lleva a plantear una reflexión “sobre si estamos ante un hecho puntual o bien nos encontramos en un punto de inflexión previo a una tendencia al alza sostenida”.
En lo relativo a los delitos contra el patrimonio destacan que “hemos vivido una mejoría global que encuentra su excepción en los robos con fuerza en las cosas (0,41% más que en 2007)”.
Finalmente, aseguran, si el análisis se centra en la evolución de los procedimientos por delitos contra la Administración de Justicia (quebrantamiento de condenas o medidas cautelares), la Fiscalía recoge un incremento, al que califica como “notable”, de un 90%.