Cerca de un centenar de jóvenes deberán devolver la ayuda por emancipación en Guadalajara

El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Esta frase condensa la razón que ha obligado a cerca de un centenar de jóvenes a devolver la renta básica de emancipación. En concreto, 106 personas incumplían el salario mínimo para percibir la ayuda tras la comprobación de datos realizada por parte de la delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda. De ellas, 26 ya han devuelto las ayudas de forma voluntaria mientras se han admitido ocho reclamaciones, según el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Fernando Senesteva. “Hasta el momento se han notificado 74 y las otras 32 han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia”, añade Senesteva. Además, los jóvenes que no hubieran avisado de su incremento salarial cuando éste se produjo serán penalizados con unos intereses del 5%. Así mismo, y tal y como señaló Vivienda tras comprobar quiénes superaron efectivamente el límite de 22.000 euros, y en caso positivo, se emite una resolución retirándoles el derecho a las ayudas. En los casos en que el beneficiario no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, y por tanto, incumplió la obligación establecida en la normativa, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas correspondientes, al que caben alegaciones. Según los convenios de colaboración firmados con todas las comunidades autónomas para la puesta en marcha de la renta básica, es la administración regional, como órgano competente para el reconocimiento del derecho, la que ha de realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurar que los solicitantes de esta ayuda cumplen todos los requisitos para la percepción de la misma. Así, cada comunidad fija qué documentación solicitar al joven para comprobar el requisito de ingresos. Vivienda precisa que los datos que comprueban las comunidades, como en cualquier subsidio o prestación que reconoce todo organismo del Estado, son estimaciones que posteriormente deben ser comprobadas. Por ello, añade, a partir del momento en que al joven se le reconoce el derecho a percibir la ayuda y empieza a cobrarla, el Ministerio de Vivienda realiza, cada mes, comprobaciones para ver que esté al día en el pago de su alquiler y que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Obligación de informar El Real Decreto que regula la RBE establece que para tener derecho a recibir esta ayuda el joven ha de disponer de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros. Además, fuentes de Vivienda señalan que el beneficiario tiene la obligación de comunicar inmediatamente ante su comunidad autónoma cualquier modificación de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda, entre ellos, el nivel de ingresos, y que el incumplimiento de esta obligación supone la devolución de las ayudas percibidas.