CERMI pide una Ley Estatal de Garantía de Derechos Sociales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha pedido que haya una Ley Estatal de Garantía de Derechos Sociales para que los poderes autonómicos y municipales estén obligados a dar, al menos, "lo mínimo e igual a todos los españoles en cualquier parte de España".
En declaraciones a los medios momentos después de inaugurar en Toledo el VI Congreso de CERMIS Autonómicos, 'La hora de influir en la Política', Cayo Pérez ha manifestado que hay una base para una Ley Estatal que "obligue" a unos resultados y que "la Constitución no lo prohíbe" al hablar de asistencia social como competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, el presidente del CERMI ha querido ir más allá y ha explicado que se pide una Ley y no un acuerdo "débil que mañana se pueda romper" con el fin ce obtener unos resultados sociales iguales para todos y "que luego cada comunidad, si quiere, que los mejore".
Según Cayo Pérez se trata de una de las reivindicaciones que llevará el CERMI en las próximas elecciones generales y será "ampliable" a todo el tercer sector social porque "es una demanda compartida".
Color político
De otro lado, ha asegurado que en España "no se aprecia" el color político a la hora de aplicar políticas sociales de inclusión y discapacidad por parte de las Comunidades Autónomas, y que "la sensación general" es que este tipo de políticas "se parecen demasiado por lo bajo más allá de quién las lleve a cabo".
"Si mirásemos las políticas de las comunidades sin saber qué tipo de Gobierno hay detrás, no podríamos determinar si una es más de izquierdas u otra más de derechas", ha señalado el presidente del CERMI.
Por ello, ha mostrado su preocupación porque "nos gustaría que desde una perspectiva más liberal se hicieran cosas interesantes". Además, ha insistido en que las políticas de las regiones de España "tienden a asimilarse en el suelo y no el cielo".
Europa
Preguntado por cuál es la situación de las políticas de discapacidad de España con respecto a Europa, Cayo Pérez ha afirmado que si se mira desde el punto de vista del estado del bienestar "hay países que nos llevan mucha ventaja" porque "han tenido estado del bienestar mucho más tiempo que nosotros, mejores pensiones, mejores subsidios y mejores apoyos".
Sin embargo, ha señalado que si no se mira este hecho la sociedad civil ha tenido que buscarse "la vida" y por ello "el movimiento asociativo en España es mucho más exigente y tramado que en otras partes de Europa en donde el más dinero genera pasividad", ha argumentado.
"En ese sentido, lo malo es bueno y el menor apoyo de los poderes públicos ha servido para que la sociedad sea más rica. Por ejemplo, en materia de legislación España está avanzada, aunque es cierto que después hay una brecha entre la legislación y lo que ocurre en la realidad, pero por lo general estamos en la punta de lanza de los movimientos más activos de Europa", ha apostillado.
Crisis
Por otra parte, ha señalado que la crisis "no es un buen momento para nadie y menos para las políticas de inclusión". Así, tras decir que en España casi 10 millones de personas viven la discapacidad día a día, ha apuntado que en épocas de bonanza "nos llegan con más retraso los efectos positivos del crecimiento económico y en épocas de retroceso nos llegan con más virulencia las repercusiones negativas".
En este sentido, ha manifestado que son "momentos aciagos" y que el reducir los presupuestos es la "coartada" de los políticos "para no hacer", y "nosotros, en un ejercicio de creatividad, sabemos que la política no sólo se hace con dinero, sino con otras medidas que tienen un efecto económico más difuso".
Por ello, ha señalado que el CERMI está planteando medidas que tienen menos impacto pero que transforman el día a día de las personas con discapacidad. "Es el momento, hasta que nos recuperemos, de hacer cosas que cuesten poco, reordenar gastos y reducir en un sitio y aplicarlo a otro", ha añadido.