China lanza su primer plan de DDHH en el año de la crisis
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Asia
La iniciativa no aborda la mejora de la libertad de expresión
El Gobierno chino hizo público ayer su primer plan de acción en materia de Derechos Humanos, con el que pretende establecer su agenda social en un año el que la incertidumbre económica y la celebración de aniversarios como el de la masacre de Tiananmen pueden poner en riesgo la estabilidad nacional.
La aplicación de los Derechos Humanos, en su más amplio sentido, ha sido un ideal largamente deseado de la Humanidad y también un objetivo perseguido durante largo tiempo por el Gobierno chino y su pueblo, señala el documento publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado (Gobierno) y recogido íntegramente por la agencia oficial Xinhua. Pese al nombre, el plan de acción, en la práctica, sigue defendiendo la posición de Pekín de priorizar Derechos Humanos como el derecho a la educación o a una cobertura sanitaria, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, y no persigue incrementar las garantías en aspectos como la libertad de expresión, en la que China presenta importantes deficiencias. China da prioridad a los derechos de la población a la subsistencia y al desarrollo, aclara el documento. No obstante, los objetivos, al menos en el papel, no dejan de ser ambiciosos. El plan, cuyos puntos deben ser aplicados en los dos próximos años, habla de la igualdad a la hora de acceder a servicios sanitarios básicos, lo que supone un importante cambio con respecto a la situación desde la apertura económica a finales de los años setenta, tras la que el campo fue dejado de lado. Entre los más beneficiados estarán los pobres, la tercera edad y los discapacitados. Para estos últimos, por ejemplo, el Gobierno promete 300.000 nuevos empleos y subsidios que garanticen que los cuatro millones de discapacitados que hay, oficialmente, en las zonas rurales, cuenten con comida, ropa y techo.
FALTA DE CONTROL EN LA POLICÍA
Tampoco tiene presente el plan la falta de control de las fuerzas de seguridad y el escándalo levantado tras saberse de la muerte de varios jóvenes, en distintas partes del país, mientras permanecían bajo vigilancia policial.
El documento señala que todas las alas de interrogatorios deben establecer una separación física entre los detenidos y los interrogadores, reconociendo implícitamente las acusaciones internacionales vertidas durante años sobre el amplio uso de la tortura en el país asiático.
Ahora, además, los detenidos serán sometidos a un reconocimiento físico antes y después de entrar en prisión, para garantizar que no han sufrido castigos físicos. Y también serán, o al menos así consta en el papel, informados junto con su familia sobre sus derechos y los procedimientos legales.
El plan no hace mención sobre aspectos que minan las garantías de los acusados, como el hecho de que los centros de detención en los que los sospechosos pueden ser mantenidos durante meses, aun sin pruebas, estén a cargo de los mismos encargados de investigar los casos, lo que facilita el recurso a la tortura.
FALTA DE CONTROL EN LA POLICÍA
Tampoco tiene presente el plan la falta de control de las fuerzas de seguridad y el escándalo levantado tras saberse de la muerte de varios jóvenes, en distintas partes del país, mientras permanecían bajo vigilancia policial.
El documento señala que todas las alas de interrogatorios deben establecer una separación física entre los detenidos y los interrogadores, reconociendo implícitamente las acusaciones internacionales vertidas durante años sobre el amplio uso de la tortura en el país asiático.
Ahora, además, los detenidos serán sometidos a un reconocimiento físico antes y después de entrar en prisión, para garantizar que no han sufrido castigos físicos. Y también serán, o al menos así consta en el papel, informados junto con su familia sobre sus derechos y los procedimientos legales.
El plan no hace mención sobre aspectos que minan las garantías de los acusados, como el hecho de que los centros de detención en los que los sospechosos pueden ser mantenidos durante meses, aun sin pruebas, estén a cargo de los mismos encargados de investigar los casos, lo que facilita el recurso a la tortura.