Cinco detenidos por corrupción en la construcción del pabellón Palma Arena
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El portavoz del PP en el Consistorio de Palma de Mallorca y otras cuatro personas han sido detenidas por los funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el recinto deportivo Palma Arena. Durán fue arrestado en torno a las 13.00 horas de este miércoles en la misma sede de los populares en el Ayuntamiento.
Además de Durán, también has sido arrestados a lo largo de la mañana el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el ex director general de Deportes del Govern de Jaume Matas, José Luis Ballester; y otra persona que responde a las iniciales I.A.S. No obstante, fuentes de la Policía Nacional informaron de que la denominada operación Espada continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Irregularidades
Las cinco detenciones se produjeron en el marco de registros que la policía judicial llevó a cabo en el Palma Arena y en la empresa de comunicación Nimbus, situada en el Paseo de Mallorca, 32A, donde Anticorrupción habría encontrado algunas presuntas irregularidades en la construcción de esta infraestructura impulsada e inaugurada por el anterior presidente del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige la operación, investiga entre otros un presunto delito de malversación de caudales públicos. Trata de averiguar el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Gobierno balear, que habría que sumar a los 48 millones de euros presupuestados como coste inicial de la obra.
A partir de ese momento, la Abogacía de la comunidad autónoma y los servicios jurídicos del Govern colaboraron con la Fiscalía en la transmisión de la documentación. El pasado 14 de noviembre de 2008, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, acompañado por los fiscales anticorrupción Joan Carrau y Pedro Horrach y agentes de la policía realizaron una inspección ocular del velódromo con el fin de averiguar posibles irregularidades. En concreto, la Comisión Judicial recorrió todas las instalaciones inspeccionando las pistas, las gradas y los sótanos del Palma Arena. Ese mismo día, el conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, aseguró que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es muy elevada, que provoca un agujero en la Conselleria que va a impedir hacer muchas cosas. En este sentido, Cañellas anunció a principios de la legislatura que se iba a realizar una auditoría técnica tras conocer que el coste final del Palma Arena ascendería a 90,6 millones de euros, lo que supondría un incremento del 89% respecto al precio presupuestado por Matas, situado en 47,7 millones de euros, debido a una serie de modificaciones de estructura y en la cubierta, así como por unas obras internas en el Estadio.
Por su parte, la secretaria de la Conselleria de Juventud y Deportes, Apolonia Serra admitió que su departamento envió una auditoría a la Fiscalía con el objetivo de que investigase el sobrecoste del presupuesto del recinto deportivo después de que los servicios jurídicos del Govern lo aconsejaran.
Serra explicó que su Conselleria se ha negado a pagar los 12 millones de euros reclamados por la constructora y los 1,3 millones por el movimiento de tierras y el párking al considerar estas partidas sospechosas. Así, señaló que tanto los interventores de la Conselleria de Economía y Hacienda, como la Abogacía de la Comunidad Autónoma consideraban que estos 13,3 millones de euros reclamados por la constructora no están licitados ni adjudicados en la contratación y, por tanto, no había fuerza jurídica que nos amparara a los nuevos responsables del Govern para pagar estos trabajos.
Por ello, indicó que tanto los técnicos de la Conselleria de Economía, como la Dirección General de la Abogacía recomendaron a la Conselleria de Deportes que no pagara el resto del sobrecoste para poder revisar el expediente y dar parte de ello a la Fiscalía Anticorrupción. Nos recomendaron que hasta que no se haya aclarado el origen de estos 13,3 millones de euros, no procedamos al abono total del precio final, concluyó.
Irregularidades
Las cinco detenciones se produjeron en el marco de registros que la policía judicial llevó a cabo en el Palma Arena y en la empresa de comunicación Nimbus, situada en el Paseo de Mallorca, 32A, donde Anticorrupción habría encontrado algunas presuntas irregularidades en la construcción de esta infraestructura impulsada e inaugurada por el anterior presidente del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige la operación, investiga entre otros un presunto delito de malversación de caudales públicos. Trata de averiguar el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Gobierno balear, que habría que sumar a los 48 millones de euros presupuestados como coste inicial de la obra.
A partir de ese momento, la Abogacía de la comunidad autónoma y los servicios jurídicos del Govern colaboraron con la Fiscalía en la transmisión de la documentación. El pasado 14 de noviembre de 2008, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, acompañado por los fiscales anticorrupción Joan Carrau y Pedro Horrach y agentes de la policía realizaron una inspección ocular del velódromo con el fin de averiguar posibles irregularidades. En concreto, la Comisión Judicial recorrió todas las instalaciones inspeccionando las pistas, las gradas y los sótanos del Palma Arena. Ese mismo día, el conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, aseguró que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es muy elevada, que provoca un agujero en la Conselleria que va a impedir hacer muchas cosas. En este sentido, Cañellas anunció a principios de la legislatura que se iba a realizar una auditoría técnica tras conocer que el coste final del Palma Arena ascendería a 90,6 millones de euros, lo que supondría un incremento del 89% respecto al precio presupuestado por Matas, situado en 47,7 millones de euros, debido a una serie de modificaciones de estructura y en la cubierta, así como por unas obras internas en el Estadio.
Por su parte, la secretaria de la Conselleria de Juventud y Deportes, Apolonia Serra admitió que su departamento envió una auditoría a la Fiscalía con el objetivo de que investigase el sobrecoste del presupuesto del recinto deportivo después de que los servicios jurídicos del Govern lo aconsejaran.
Serra explicó que su Conselleria se ha negado a pagar los 12 millones de euros reclamados por la constructora y los 1,3 millones por el movimiento de tierras y el párking al considerar estas partidas sospechosas. Así, señaló que tanto los interventores de la Conselleria de Economía y Hacienda, como la Abogacía de la Comunidad Autónoma consideraban que estos 13,3 millones de euros reclamados por la constructora no están licitados ni adjudicados en la contratación y, por tanto, no había fuerza jurídica que nos amparara a los nuevos responsables del Govern para pagar estos trabajos.
Por ello, indicó que tanto los técnicos de la Conselleria de Economía, como la Dirección General de la Abogacía recomendaron a la Conselleria de Deportes que no pagara el resto del sobrecoste para poder revisar el expediente y dar parte de ello a la Fiscalía Anticorrupción. Nos recomendaron que hasta que no se haya aclarado el origen de estos 13,3 millones de euros, no procedamos al abono total del precio final, concluyó.