CLM destina 2,3 millones a la protección del consumidor
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
CIUDADANÍA
El director del Instituto de Consumo, Jesús Montalvo, anunció ayer la concesión de las ayudas anuales que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina a las entidades locales para que desarrollen políticas de protección y defensa de los derechos de los consumidores.
El montante total de esta partida asciende a 2,5 millones de euros que se distribuyen entre inversiones, mantenimiento y funcionamiento de las oficinas municipales de información al consumidor, de las 20 juntas arbitrales, los 8 centros de formación al consumidor, así como para diversas actividades de protección y defensa de los derechos del consumidor en Castilla-La Mancha.
El anuncio se produjo en una visita del responsable de las políticas regionales de consumo a las oficinas municipales de información al consumidor de las localidades conquenses de Sisante y Casas de Benítez donde ha agradecido a los trabajadores de estos dispositivos su labor de servicio a los ciudadanos.
Castilla-La Mancha cuenta con 146 oficinas municipales de información al consumidor que atienden de manera directa a más del 85 por ciento de la población de la región, con un ratio de 14.255 personas atendidas por oficina, cuatro veces menos que la media nacional, situada en 54.000 ciudadanos por oficina, lo que es un indicativo de calidad del servicio que se presta en la comunidad autónoma en este ámbito.
El anuncio se produjo en una visita del responsable de las políticas regionales de consumo a las oficinas municipales de información al consumidor de las localidades conquenses de Sisante y Casas de Benítez donde ha agradecido a los trabajadores de estos dispositivos su labor de servicio a los ciudadanos.
Castilla-La Mancha cuenta con 146 oficinas municipales de información al consumidor que atienden de manera directa a más del 85 por ciento de la población de la región, con un ratio de 14.255 personas atendidas por oficina, cuatro veces menos que la media nacional, situada en 54.000 ciudadanos por oficina, lo que es un indicativo de calidad del servicio que se presta en la comunidad autónoma en este ámbito.