Colombia pide que no se juzgue el éxito de la Ley Justicia y Paz por el número de sentencias
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Fiscalía ha documentado 157.977 homicidios y 28.986 desaparecidos
Mendoza explicó que gracias al proceso se ha logrado identificar a las víctimas e impulsar unas 260.690 investigaciones de violaciones como homicidios y desapariciones forzosas y más de 4.000 investigaciones donde se han hecho formulaciones de cargo delictivo. La Fiscalía, dijo, ha documentado 157.977 homicidios y 860 masacres en todo el país, 28.986 desaparecidos, 2.549 menores reclutados en el marco del conflicto armado, 48.494 desplazamientos forzados, 412 casos de violencia de género, 2.017 secuestros y 2.017 casos de extorsión. Se han localizado 1.997 fosas con 1.479 cadáveres de los que 700 han sido identificados y entregados a los familiares.
Asimismo, se han denunciado 27.000 hechos delictivos, principalmente homicidios, seguidos de desapareción forzada, extorsión y reclutamiento, de los cuáles han sido víctimas más de 40.000 personas. Mientras, se han confesado un total de 10.000 delitos que afectan a 13.000 víctimas. Hasta ahora 230.516 víctimas se han registrado en el proceso de Justicia y Paz, 27.147 de ellas han participado en las diligencias procesales, mientras que 258.350 personas han tramitado los formularios para acceder a la reparación por vía administrativa. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recordó que la primera condena del Tribunal Penal Internacional llegó siete años después de su constitución y subrayó su esperanza en que en el plazo de seis meses o un año comiencen los juicios en Colombia y se produzcan sentencias. Eso esperamos, aseguró.
Estoy de acuerdo con las palabras del fiscal general y del juez Baltasar Garzón en el sentido de que la calificación sobre el proceso que adelanta Colombia no puede hacerse en términos absolutos porque es un proceso increíblemente complejo, apostilló el alto comisionado para la paz, Frank Pearl.
Perfeccionar el proceso
Pearl defendió identificar lo que funciona y no dentro del proceso para perfeccionarlo, aunque pidió reconocer la magnitud y complejidad sin precedentes del conflicto armado en Colombia y, desde esta perspectiava, defendió que Justicia y Paz es el proceso de reintegración más avanzado del mundo. Su objetivo es conseguir la garantía de que no habrá repetición. Los colombianos estamos haciendo esto porque queremos dejar la violencia atrás. Queremos que esto no se repita. Necesitamos entender el pasado para que no se repita, precisó. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, subrayó que lo importante no es el número de sentencias definitivas sino el tránsito y la calidad de las decisiones.
Asimismo, achacó la absolución del paramilitar de menor rango conocido por el alias El Loro --el único que ha recibido una condena en el marco de la Ley Justicia y Paz-- por el hecho de que no le imputaron el delito de concierto para delinquir que es delito básico en el marco del conflicto.
El fiscal general insistió en que decir que porque no haya una sentencia condenatoria la ley se está colapsando o que no haya producido resultados creo que no consulta la objetividad. Aquí no se ha perdido tiempo, insistió. En el área de la verdad se ha avanzado muchísimo, aseguró.
Mendoza defendió que lo más importante del proceso Justicia y Paz es el resultado colateral de las investigaciones que han permitido adelantar aquellas en el marco de la justicia ordinaria, en total más de 5.360 investigaciones. Tenemos un número elevado de sentencias condenatorias contra cabecillas de los paramilitares en la Justicia ordinaria, entre ellos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, justificó la falta de condenas porque todavía no se han imputado cargos. Solamente estamos en la etapa de audiencia de versión libre. No hemos llegado ni siquiera a la audiencia preliminar de formulación de imputación (...) para ahí sí llegar a la audiencia pública, precisó.
El representante del colectivo de víctimas Iván Cepeda, lamentó que el proceso tiene fallas estructurales y que desde el ámbito judicial no ha habido una política clara para perseguir los bienes, las tierras, los capitales que detentan estos señores, en referencia a los paramilitares, guerrilleros y otros grupos al margen de la ley. Siguen en las regiones los parapolíticos gobernando y van a seguir siendo elegidos en las próximas elecciones, lamentó.
DESMOVILIZACIÓN Y REINCIDENCIA
Pearl explicó que en los últimos siete años se han desmovilizado más de 51.000 personas, incluidos más de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y casi 32.000 paramilitares en el marco de Justicia y Paz, mientras que otros 3.500 paramilitares se desmovilizaron por su cuenta. El porcentaje de recincidencia a nivel nacional está en 7,4 por ciento, precisó.
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, subrayó la importancia de la reinserción, sobre todo, de los mandos medios y la necesidad de romperle el hueso a las organizaciones criminales que se han creado muy marcadas por el narcotráfico en los últimos 15 años. La reinserción es una necesidad del país, insistió.
EXTRADICIONES DE PARAMILITARES A EEUU
Cepeda criticó la falta de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos y consideró que las extradiciones de paralimitares obedecen al hecho de que iban a decir cosas sumamente comprometedoras para el Gobierno como los testimonios ofrecidos por Belosa y Mancuso que implicaban a miembros del Gobierno con el paramilitarismo.
Las autoridades colombianas han aprobado, previa petición de la Corte Suprema, extraditar a cerca de 960 paramilitares a EEUU por narcotráfico, algo que Cepeda calificó como el golpe maestro para debilitar el proceso aunque recordó el ejemplo de Diego Fernando Murillo quien, desde Estados Unidos, testificó que los grupos paramilitares financiaron la primera elección del presidente Alvaro Uribe.
Pearl rechazó que el Gobierno apruebe extradiciones porque tiene algo que esconder después de que se destapara el escándalo de la parapolítica porque de lo contrario no los hubiera extraditado, insistiendo en que con la extradición sus procesos no se suspenden.
Por su parte, Garzón consideró que los hechos que se investigan son muy graves y que no se puede anteponer una extradición y entrega por delito de narcotráfico porque nunca es tan grave como los crímenes contra la Humanidad.
Estoy de acuerdo con las palabras del fiscal general y del juez Baltasar Garzón en el sentido de que la calificación sobre el proceso que adelanta Colombia no puede hacerse en términos absolutos porque es un proceso increíblemente complejo, apostilló el alto comisionado para la paz, Frank Pearl.
Perfeccionar el proceso
Pearl defendió identificar lo que funciona y no dentro del proceso para perfeccionarlo, aunque pidió reconocer la magnitud y complejidad sin precedentes del conflicto armado en Colombia y, desde esta perspectiava, defendió que Justicia y Paz es el proceso de reintegración más avanzado del mundo. Su objetivo es conseguir la garantía de que no habrá repetición. Los colombianos estamos haciendo esto porque queremos dejar la violencia atrás. Queremos que esto no se repita. Necesitamos entender el pasado para que no se repita, precisó. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, subrayó que lo importante no es el número de sentencias definitivas sino el tránsito y la calidad de las decisiones.
Asimismo, achacó la absolución del paramilitar de menor rango conocido por el alias El Loro --el único que ha recibido una condena en el marco de la Ley Justicia y Paz-- por el hecho de que no le imputaron el delito de concierto para delinquir que es delito básico en el marco del conflicto.
El fiscal general insistió en que decir que porque no haya una sentencia condenatoria la ley se está colapsando o que no haya producido resultados creo que no consulta la objetividad. Aquí no se ha perdido tiempo, insistió. En el área de la verdad se ha avanzado muchísimo, aseguró.
Mendoza defendió que lo más importante del proceso Justicia y Paz es el resultado colateral de las investigaciones que han permitido adelantar aquellas en el marco de la justicia ordinaria, en total más de 5.360 investigaciones. Tenemos un número elevado de sentencias condenatorias contra cabecillas de los paramilitares en la Justicia ordinaria, entre ellos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, justificó la falta de condenas porque todavía no se han imputado cargos. Solamente estamos en la etapa de audiencia de versión libre. No hemos llegado ni siquiera a la audiencia preliminar de formulación de imputación (...) para ahí sí llegar a la audiencia pública, precisó.
El representante del colectivo de víctimas Iván Cepeda, lamentó que el proceso tiene fallas estructurales y que desde el ámbito judicial no ha habido una política clara para perseguir los bienes, las tierras, los capitales que detentan estos señores, en referencia a los paramilitares, guerrilleros y otros grupos al margen de la ley. Siguen en las regiones los parapolíticos gobernando y van a seguir siendo elegidos en las próximas elecciones, lamentó.
DESMOVILIZACIÓN Y REINCIDENCIA
Pearl explicó que en los últimos siete años se han desmovilizado más de 51.000 personas, incluidos más de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y casi 32.000 paramilitares en el marco de Justicia y Paz, mientras que otros 3.500 paramilitares se desmovilizaron por su cuenta. El porcentaje de recincidencia a nivel nacional está en 7,4 por ciento, precisó.
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, subrayó la importancia de la reinserción, sobre todo, de los mandos medios y la necesidad de romperle el hueso a las organizaciones criminales que se han creado muy marcadas por el narcotráfico en los últimos 15 años. La reinserción es una necesidad del país, insistió.
EXTRADICIONES DE PARAMILITARES A EEUU
Cepeda criticó la falta de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos y consideró que las extradiciones de paralimitares obedecen al hecho de que iban a decir cosas sumamente comprometedoras para el Gobierno como los testimonios ofrecidos por Belosa y Mancuso que implicaban a miembros del Gobierno con el paramilitarismo.
Las autoridades colombianas han aprobado, previa petición de la Corte Suprema, extraditar a cerca de 960 paramilitares a EEUU por narcotráfico, algo que Cepeda calificó como el golpe maestro para debilitar el proceso aunque recordó el ejemplo de Diego Fernando Murillo quien, desde Estados Unidos, testificó que los grupos paramilitares financiaron la primera elección del presidente Alvaro Uribe.
Pearl rechazó que el Gobierno apruebe extradiciones porque tiene algo que esconder después de que se destapara el escándalo de la parapolítica porque de lo contrario no los hubiera extraditado, insistiendo en que con la extradición sus procesos no se suspenden.
Por su parte, Garzón consideró que los hechos que se investigan son muy graves y que no se puede anteponer una extradición y entrega por delito de narcotráfico porque nunca es tan grave como los crímenes contra la Humanidad.