Concluye la investigación sin averiguar quién pagó el rescate
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
SECUESTRO ALAKRANA
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyó este lunes la investigación del secuestro del atunero Alakrana, manteniendo como procesados a los dos presuntos piratas que fueron detenidos dos días después de que el pesquero español fuera capturado frente a las aguas de Somalia y sin averiguar quién pagó el rescate para su liberación, el pasado 17 de noviembre.
Además, no imputa a los dos piratas procesados por asociación ilícita, aunque éstos podrán ser juzgados por ello si así lo pide la Fiscalía.
Pedraz cierra así por segunda vez la instrucción --después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le ordenara el pasado febrero reabrirla para la práctica de nuevas diligencias-- y mantiene los 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas por los que serán juzgados los dos corsarios. Cabdullahi Cadbduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji, según informaron fuentes jurídicas. Además, el juez decano de la Audiencia Nacional también concluyó la investigación del pago del rescate, que en un primer momento separó de la causa de los dos piratas, dado que no existe ningún indicio que permita averiguar quién estuvo detrás de las gestiones.
En el marco de la investigación de este asunto, Pedraz remitió dos requerimientos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para solicitarle que identificara a las personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales que pudieron participar como intermediarios o destinatarios en el pago del rescate que habría permitido la liberación del atunero, después de 47 días en manos de los piratas, y que los propios corsarios habían elevado a 2,7 millones de euros.
El CNI se negó a facilitar la información al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, alegando que se trataba de información secreta que debía ser desclasificada previamente el Consejo de Ministros. Sin embargo, este trámite no ha sido solicitado al juez por la Fiscalía ni por la acusación particular, por lo que Pedraz no se ha dirigido al Gobierno. De esta manera, al no existir datos sobre el pago del rescate y no poder seguir avanzando en la investigación de esta causa, el juez la ha dado por concluida.
PODRÁN SER JUZGADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
En relación con la petición de algunos de los marineros que fueron víctimas del secuestro para que se atribuyera también a los dos piratas el delito de asociación ilícita, el magistrado considera que no es el momento procesal para modificar la calificación, sobre la que deberá pronunciarse ahora el Ministerio Público.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 9 de febrero al juez Pedraz que reabriera la investigación que instruía contra los dos supuestos piratas y que había concluido el 17 de noviembre, coincidiendo con la liberación del atunero, para determinar, entre otras cosas, si pertenecían a una banda organizada. La reapertura de la investigación y la posterior práctica de nuevas pruebas fueron solicitadas por cuatro de los ocho marineros españoles que sufrieron el secuestro: el jefe de máquinas del Alakrana, Victor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez.
La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada podría abrir la puerta a que fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, abriría la puerta para que los secuestrados pudieran percibir una indemnización por su condición de víctimas.
Pedraz cierra así por segunda vez la instrucción --después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le ordenara el pasado febrero reabrirla para la práctica de nuevas diligencias-- y mantiene los 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas por los que serán juzgados los dos corsarios. Cabdullahi Cadbduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji, según informaron fuentes jurídicas. Además, el juez decano de la Audiencia Nacional también concluyó la investigación del pago del rescate, que en un primer momento separó de la causa de los dos piratas, dado que no existe ningún indicio que permita averiguar quién estuvo detrás de las gestiones.
En el marco de la investigación de este asunto, Pedraz remitió dos requerimientos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para solicitarle que identificara a las personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales que pudieron participar como intermediarios o destinatarios en el pago del rescate que habría permitido la liberación del atunero, después de 47 días en manos de los piratas, y que los propios corsarios habían elevado a 2,7 millones de euros.
El CNI se negó a facilitar la información al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, alegando que se trataba de información secreta que debía ser desclasificada previamente el Consejo de Ministros. Sin embargo, este trámite no ha sido solicitado al juez por la Fiscalía ni por la acusación particular, por lo que Pedraz no se ha dirigido al Gobierno. De esta manera, al no existir datos sobre el pago del rescate y no poder seguir avanzando en la investigación de esta causa, el juez la ha dado por concluida.
PODRÁN SER JUZGADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
En relación con la petición de algunos de los marineros que fueron víctimas del secuestro para que se atribuyera también a los dos piratas el delito de asociación ilícita, el magistrado considera que no es el momento procesal para modificar la calificación, sobre la que deberá pronunciarse ahora el Ministerio Público.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 9 de febrero al juez Pedraz que reabriera la investigación que instruía contra los dos supuestos piratas y que había concluido el 17 de noviembre, coincidiendo con la liberación del atunero, para determinar, entre otras cosas, si pertenecían a una banda organizada. La reapertura de la investigación y la posterior práctica de nuevas pruebas fueron solicitadas por cuatro de los ocho marineros españoles que sufrieron el secuestro: el jefe de máquinas del Alakrana, Victor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez.
La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada podría abrir la puerta a que fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, abriría la puerta para que los secuestrados pudieran percibir una indemnización por su condición de víctimas.