Corbacho contrata 1.415 funcionarios para afrontar el trabajo originado por la subida del paro
01/10/2010 - 09:45
Estos funcionarios nada tienen que ver con los 1.500 orientadores profesionales que contratará el Ejecutivo para la atención personalizada y la reinserción laboral de los nuevos parados.
Las declaraciones del ministro tuvieron lugar en comisión, en el Congreso de los Diputados, para explicar a petición del PNV, ERC e IU-ICV la política de su Departamento ante el declive económico que vive el país. Corbacho resaltó la conveniencia de que la tarjeta de desempleo sólo dé derecho a la prestación económica y no a otras ayudas añadidas. A su juicio, cualquier beneficio social debe incluirse en apartados diferentes al del paro. «Nuestro objetivo primordial debe ser que todo desempleado esté el menos tiempo posible buscando empleo», recalcó.
El ministro insistió en que el cobro de la prestación de paro no corre peligro. «No va a haber ningún problema para atender las necesidades del SPE en los próximos meses», dijo tras aclarar que en la actualidad las cotizaciones de empleadores y empleados son suficientes para abordar el pago del desempleo. Ahora bien, si estas entradas de dinero resultan deficientes en un momento dado «sencilla y llanamente el Estado hará las aportaciones correspondientes como lo ha hecho históricamente». «Y si esto es déficit, pues es déficit, pero sólo debemos preocuparnos cuando es el resultado de una mala gestión y no cuando se utiliza para corregir determinadas situaciones», añadió.
Sin flexibilidad
A lo largo de su comparecencia, varios diputados de la oposición preguntaron por las reformas laborales que baraja el Gobierno. Corbacho contestó que urge la aplicación de medidas coyunturales «para evitar la angustia del momento» y señaló que, posteriormente, se fijarán los cambios estructurales encaminados a conseguir una economía basada en operaciones de valor añadido y no en actuaciones especulativas. Igualmente es preciso desarrollar cuanto antes acuerdos pactados en la anterior legislatura.El ministro resaltó la importancia del diálogo social (ámbito de debate y negociación entre Gobierno, patronales y sindicatos), reconoció la ineficacia del SPE a la hora de casar ofertas y demandas e instó a los presentes a superar las disfunciones detectadas en el ámbito laboral. Apuntó que por un lado se encuentra el Estado con las políticas pasivas de empleo, es decir, con el pago de la prestación, y por otro las comunidades autónomas con las medidas activas, como son la formación, las bonificaciones, las becas, etc. Apostó por una mayor coordinación entre todas las administraciones para «sacar el máximo provecho a la suma de políticas» y «no tratar al mismo parado como si fuera dos desempleados diferentes».
El ministro insistió en que el cobro de la prestación de paro no corre peligro. «No va a haber ningún problema para atender las necesidades del SPE en los próximos meses», dijo tras aclarar que en la actualidad las cotizaciones de empleadores y empleados son suficientes para abordar el pago del desempleo. Ahora bien, si estas entradas de dinero resultan deficientes en un momento dado «sencilla y llanamente el Estado hará las aportaciones correspondientes como lo ha hecho históricamente». «Y si esto es déficit, pues es déficit, pero sólo debemos preocuparnos cuando es el resultado de una mala gestión y no cuando se utiliza para corregir determinadas situaciones», añadió.
Sin flexibilidad
A lo largo de su comparecencia, varios diputados de la oposición preguntaron por las reformas laborales que baraja el Gobierno. Corbacho contestó que urge la aplicación de medidas coyunturales «para evitar la angustia del momento» y señaló que, posteriormente, se fijarán los cambios estructurales encaminados a conseguir una economía basada en operaciones de valor añadido y no en actuaciones especulativas. Igualmente es preciso desarrollar cuanto antes acuerdos pactados en la anterior legislatura.El ministro resaltó la importancia del diálogo social (ámbito de debate y negociación entre Gobierno, patronales y sindicatos), reconoció la ineficacia del SPE a la hora de casar ofertas y demandas e instó a los presentes a superar las disfunciones detectadas en el ámbito laboral. Apuntó que por un lado se encuentra el Estado con las políticas pasivas de empleo, es decir, con el pago de la prestación, y por otro las comunidades autónomas con las medidas activas, como son la formación, las bonificaciones, las becas, etc. Apostó por una mayor coordinación entre todas las administraciones para «sacar el máximo provecho a la suma de políticas» y «no tratar al mismo parado como si fuera dos desempleados diferentes».