De Juana inicia una nueva huelga de hambre para que no le embarguen su casa
01/10/2010 - 09:45
Esta sería la tercera huelga de hambre del ex cabecilla etarra. De Juana, que ha comunicado oficialmente a la dirección de la prisión su determinación de no comer, ya estuvo en ayuno durante 115 días, hasta que el 1 de marzo de 2007, en plena tregua de ETA, el Gobierno accedió a su petición de trasladarle al País Vasco.
Estuvo ingresado tres meses y cinco días en el Hospital Donostia de San Sebastián. El 6 de junio del año pasado el Ejecutivo ordenó su vuelta a la cárcel de Aranjuez.
El anuncio de la protesta de De Juana se produjo sólo horas después de que la Fiscalía hiciera público su escrito con el que pretende evitar que De Juana o su mujer, Irati Aranzabal, puedan vender este piso mientras la Policía investiga si la compra de la vivienda fue una operación fraudulenta para ocultar el patrimonio del etarra. Una maniobra que evitaría que los tribunales embargasen el piso para pagar los alrededor de ocho millones de euros en indemnizaciones que adeuda a las víctimas de varias decenas de asesinatos y atentados.
Anotación registral
El embargo preventivo, si al final es autorizado por la Audiencia Nacional, se hará efectivo mediante la correspondiente anotación en el registro de la propiedad, lo que haría imposible cualquier transacción legal con el inmueble. El matrimonio De Juana podrá residir en la vivienda, ubicada en el barrio donostiarra de Amara, mientras se realiza la investigación. El embargo tampoco afectará a la obligación de Aranzabal de pagar la hipoteca que firmó en julio de 2007 con la Caja Laboral para la adquisición de la casa a la familia del etarra. Por tanto, por el momento la viuda de un militar asesinado por ETA se verá obligada a compartir escalera con el ex jefe del comando Madrid.
La investigación que el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que deberá pronunciarse en los próximos días, que determine si el piso de San Sebastián es en realidad propiedad del etarra y si el proceso de adquisición no es más que un cúmulo de irregularidades o delitos para mantener al etarra en situación de insolvencia.
La casa en la que el terrorista pretende fijar su residencia perteneció hasta 2004 a su madre, que falleció en enero de 2007. A su muerte, la vivienda era propiedad de la hermana de De Juana, a quien su madre se la donó en vida. La hermana se la vendió a Aranzabal en julio de 2007, ocho meses antes de que, el 11 de febrero de este año, se casase en la prisión de Aranjuez con el terrorista. De esta forma, el etarra, sobre el papel, no tiene bienes a su nombre ya que no heredó y posiblemente viva en una casa que no es de su propiedad.
Exhaustivas diligencias
La Fiscalía, para desentrañar lo que cree un fraude, pidió a la sala que ordene una completa investigación a la Policía e indague las circunstancias de la adquisición de la casa por Aranzabal, los ingresos de esta mujer, la forma de pago de la vivienda, las garantías prestadas para la concesión del crédito hipotecario, y los pagos realizados del préstamo. El fiscal reclama que la investigación se complete con una certificación de registro de la propiedad sobre esta vivienda, sus sucesivas transmisiones y los cargos que la casa tiene en la actualidad; otro certificado de la defunción de la madre de De Juana, y una copia de la póliza de préstamo concedido a Aranzabal.
El Ministerio Público también reclama al tribunal que una vez concluya la investigación judicial sobre la vivienda y el patrimonio de este matrimonio se deduzca testimonio de todo lo actuado y se remita al juzgado de instrucción correspondiente de San Sebastián para que determine si debe abrir contra ellos diligencias por alzamiento de bienes, un delito condenado con penas de cárcel de uno a cuatro años y con multa.
Fuentes de la Fiscalía no descartaron que en las próximas semanas la actual investigación patrimonial se amplíe a todos los posibles bienes del terrorista, ya que desconoce, por ejemplo, si De Juana tiene derecho a algún tipo de ingreso o propiedad como resultado de la ejecución de la herencia que sus padres le dejan tras su muerte.
Una nueva situación insostenible
Milagros Altuna, la esposa del etarra Cándido Aspiazu, condenado por la muerte del militante de UCD Ramón Baglietto, compró ayer en una subasta judicial el negocio de cristalería de su marido, que está situado bajo la casa de Azkoitia (Guipúzcoa) en la que vive Pilar Elías, la viuda del político asesinado.
La Audiencia Nacional embargó en 2006 a Aspiazu el 50% de un negocio de cristalería y de otro local próximo para pagar las indemnizaciones que adeuda a las víctimas de sus delitos. La otra mitad de la propiedad no se incautó porque pertenecía a su esposa. El tribunal sacó a subasta los dos locales, que suman algo más de 120 metros cuadrados, y ambos fueron adquiridos por Altuna, que fue quien presentó la puja más alta en competencia con otro ciudadano interesado en los inmuebles.
Según indicaron fuentes judiciales, la esposa de Aspiazu hizo la mejor oferta de la subasta, superior al 70% del precio de salida, tal como exige la ley, por lo que le fueron adjudicados los locales. La mujer abonó por recuperar el 50% de propiedad de su marido 46.438 euros, que irán destinados a sufragar parte del dinero que ya adelantó el Estado para pagar las indemnizaciones a las víctimas de Aspiazu. El precio de salida de los dos inmuebles en la subasta, celebrada de forma simultánea en los juzgados de Azpeitia (Guipúzcoa) y en la Audiencia Nacional, fue de 66.323 euros.
El anuncio de la protesta de De Juana se produjo sólo horas después de que la Fiscalía hiciera público su escrito con el que pretende evitar que De Juana o su mujer, Irati Aranzabal, puedan vender este piso mientras la Policía investiga si la compra de la vivienda fue una operación fraudulenta para ocultar el patrimonio del etarra. Una maniobra que evitaría que los tribunales embargasen el piso para pagar los alrededor de ocho millones de euros en indemnizaciones que adeuda a las víctimas de varias decenas de asesinatos y atentados.
Anotación registral
El embargo preventivo, si al final es autorizado por la Audiencia Nacional, se hará efectivo mediante la correspondiente anotación en el registro de la propiedad, lo que haría imposible cualquier transacción legal con el inmueble. El matrimonio De Juana podrá residir en la vivienda, ubicada en el barrio donostiarra de Amara, mientras se realiza la investigación. El embargo tampoco afectará a la obligación de Aranzabal de pagar la hipoteca que firmó en julio de 2007 con la Caja Laboral para la adquisición de la casa a la familia del etarra. Por tanto, por el momento la viuda de un militar asesinado por ETA se verá obligada a compartir escalera con el ex jefe del comando Madrid.
La investigación que el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que deberá pronunciarse en los próximos días, que determine si el piso de San Sebastián es en realidad propiedad del etarra y si el proceso de adquisición no es más que un cúmulo de irregularidades o delitos para mantener al etarra en situación de insolvencia.
La casa en la que el terrorista pretende fijar su residencia perteneció hasta 2004 a su madre, que falleció en enero de 2007. A su muerte, la vivienda era propiedad de la hermana de De Juana, a quien su madre se la donó en vida. La hermana se la vendió a Aranzabal en julio de 2007, ocho meses antes de que, el 11 de febrero de este año, se casase en la prisión de Aranjuez con el terrorista. De esta forma, el etarra, sobre el papel, no tiene bienes a su nombre ya que no heredó y posiblemente viva en una casa que no es de su propiedad.
Exhaustivas diligencias
La Fiscalía, para desentrañar lo que cree un fraude, pidió a la sala que ordene una completa investigación a la Policía e indague las circunstancias de la adquisición de la casa por Aranzabal, los ingresos de esta mujer, la forma de pago de la vivienda, las garantías prestadas para la concesión del crédito hipotecario, y los pagos realizados del préstamo. El fiscal reclama que la investigación se complete con una certificación de registro de la propiedad sobre esta vivienda, sus sucesivas transmisiones y los cargos que la casa tiene en la actualidad; otro certificado de la defunción de la madre de De Juana, y una copia de la póliza de préstamo concedido a Aranzabal.
El Ministerio Público también reclama al tribunal que una vez concluya la investigación judicial sobre la vivienda y el patrimonio de este matrimonio se deduzca testimonio de todo lo actuado y se remita al juzgado de instrucción correspondiente de San Sebastián para que determine si debe abrir contra ellos diligencias por alzamiento de bienes, un delito condenado con penas de cárcel de uno a cuatro años y con multa.
Fuentes de la Fiscalía no descartaron que en las próximas semanas la actual investigación patrimonial se amplíe a todos los posibles bienes del terrorista, ya que desconoce, por ejemplo, si De Juana tiene derecho a algún tipo de ingreso o propiedad como resultado de la ejecución de la herencia que sus padres le dejan tras su muerte.
Una nueva situación insostenible
Milagros Altuna, la esposa del etarra Cándido Aspiazu, condenado por la muerte del militante de UCD Ramón Baglietto, compró ayer en una subasta judicial el negocio de cristalería de su marido, que está situado bajo la casa de Azkoitia (Guipúzcoa) en la que vive Pilar Elías, la viuda del político asesinado.
La Audiencia Nacional embargó en 2006 a Aspiazu el 50% de un negocio de cristalería y de otro local próximo para pagar las indemnizaciones que adeuda a las víctimas de sus delitos. La otra mitad de la propiedad no se incautó porque pertenecía a su esposa. El tribunal sacó a subasta los dos locales, que suman algo más de 120 metros cuadrados, y ambos fueron adquiridos por Altuna, que fue quien presentó la puja más alta en competencia con otro ciudadano interesado en los inmuebles.
Según indicaron fuentes judiciales, la esposa de Aspiazu hizo la mejor oferta de la subasta, superior al 70% del precio de salida, tal como exige la ley, por lo que le fueron adjudicados los locales. La mujer abonó por recuperar el 50% de propiedad de su marido 46.438 euros, que irán destinados a sufragar parte del dinero que ya adelantó el Estado para pagar las indemnizaciones a las víctimas de Aspiazu. El precio de salida de los dos inmuebles en la subasta, celebrada de forma simultánea en los juzgados de Azpeitia (Guipúzcoa) y en la Audiencia Nacional, fue de 66.323 euros.