Detenidas 21 personas de una red de matrimonios de conveniencia
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Agentes de la Policía Nacional desarticularon en Castellón una organización dedicada a arreglar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros, procedentes en su mayoría de Nigeria, con la finalidad de que éstos obtuvieran una autorización de residencia en España.
Además de la provincia castellonense, los enlaces se celebraban en varias ciudades del territorio nacional, algunos de ellos en Guadalajara. No obstante, la Subdelegación del Gobierno no ha podido confirmar el número.
Los 21 detenidos en esta operación cobraban unos 10.000 euros a los inmigrantes ilegales por gestionar los llamados matrimonios blancos. Según las estimaciones policiales, esta organización podría ser la responsable de 400 bodas celebradas en nuestro país desde 1999.
Detenidos españoles y nigerianos
La operación, denominada Níger, en la que ha participado la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Castellón y que ha contado con la colaboración de los Obispados de Tortosa y Segorbe-Castellón, se saldó con la detención de una veintena de personas, cinco de nacionalidad nigeriana y 16 españoles, entre ellos dos jóvenes menores de edad, todos acusados, según los casos, de delitos de asociación ilícita, usurpación del estado civil, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y bigamia.
Captación de voluntarios
Según explicaron las Fuerzas de Seguridad que llevaron el caso, los miembros de esta organización captaban a españoles dispuestos a casarse con individuos de nacionalidad nigeriana, en situación irregular en nuestro país, mientras el cabecilla de la red era quien se encargaba de obtener la documentación necesaria para formalizar los enlaces. Una vez conseguido el cónyuge español y los papeles, los inmigrantes pagaban unos 10.000 euros, costes como compensación por la gestión de estos matrimonios que les permitirían obtener su residencia legal en España. La red se quedaba con unos 7.000 euros y el resto era para el contrayente español, que recibía por adelantado 500 euros. En total llegaban a cobrar entre 2.500 y 3.000 euros.
Las parroquias eran elegidas a conciencia
Los ciudadanos españoles interesados en formar parte de estas bodas eran acompañados por miembros de la organización ilegal en los trámites necesarios para conseguir la documentación, tanto en el Registro Civil como en las distintas parroquias. Además, falsificaban todos aquellos documentos que no fueran obtenidos por los contrayentes españoles o por los ciudadanos nigerianos, llegando a falsificar partidas de bautismo o documentos de identificación, algunos de ellos con filiaciones obtenidas de documentos perdidos o sustraídos. La organización localizaba también aquellas iglesias en las que el control de la documentación exigida para casarse fuera menor y, una vez seleccionadas, acompañaba a los contrayentes españoles a su primera entrevista con el párroco. Justo antes de ese primer encuentro, la pareja mantenía un breve encuentro para acordar sus respuestas. Los supuestos novios solicitaban al párroco la fecha más próxima posible para la celebración del matrimonio. El propio cabecilla de la red y otro miembro de la organización, de nacionalidad española, asistían como testigos del enlace e, incluso, otras personas hacían las veces de amigos o invitados. Los investigadores estiman que esta red habría celebrando más de 400 enlaces de este tipo desde 1999, muchos de ellos sin la autorización ni conocimiento del supuesto contrayente español a quien usurpaban su identidad, explicaron las mismas fuentes en un comunicado. La organización habría celebrado este tipo de matrimonios en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Almería y Murcia, según información oficial.
Los 21 detenidos en esta operación cobraban unos 10.000 euros a los inmigrantes ilegales por gestionar los llamados matrimonios blancos. Según las estimaciones policiales, esta organización podría ser la responsable de 400 bodas celebradas en nuestro país desde 1999.
Detenidos españoles y nigerianos
La operación, denominada Níger, en la que ha participado la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Castellón y que ha contado con la colaboración de los Obispados de Tortosa y Segorbe-Castellón, se saldó con la detención de una veintena de personas, cinco de nacionalidad nigeriana y 16 españoles, entre ellos dos jóvenes menores de edad, todos acusados, según los casos, de delitos de asociación ilícita, usurpación del estado civil, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y bigamia.
Captación de voluntarios
Según explicaron las Fuerzas de Seguridad que llevaron el caso, los miembros de esta organización captaban a españoles dispuestos a casarse con individuos de nacionalidad nigeriana, en situación irregular en nuestro país, mientras el cabecilla de la red era quien se encargaba de obtener la documentación necesaria para formalizar los enlaces. Una vez conseguido el cónyuge español y los papeles, los inmigrantes pagaban unos 10.000 euros, costes como compensación por la gestión de estos matrimonios que les permitirían obtener su residencia legal en España. La red se quedaba con unos 7.000 euros y el resto era para el contrayente español, que recibía por adelantado 500 euros. En total llegaban a cobrar entre 2.500 y 3.000 euros.
Las parroquias eran elegidas a conciencia
Los ciudadanos españoles interesados en formar parte de estas bodas eran acompañados por miembros de la organización ilegal en los trámites necesarios para conseguir la documentación, tanto en el Registro Civil como en las distintas parroquias. Además, falsificaban todos aquellos documentos que no fueran obtenidos por los contrayentes españoles o por los ciudadanos nigerianos, llegando a falsificar partidas de bautismo o documentos de identificación, algunos de ellos con filiaciones obtenidas de documentos perdidos o sustraídos. La organización localizaba también aquellas iglesias en las que el control de la documentación exigida para casarse fuera menor y, una vez seleccionadas, acompañaba a los contrayentes españoles a su primera entrevista con el párroco. Justo antes de ese primer encuentro, la pareja mantenía un breve encuentro para acordar sus respuestas. Los supuestos novios solicitaban al párroco la fecha más próxima posible para la celebración del matrimonio. El propio cabecilla de la red y otro miembro de la organización, de nacionalidad española, asistían como testigos del enlace e, incluso, otras personas hacían las veces de amigos o invitados. Los investigadores estiman que esta red habría celebrando más de 400 enlaces de este tipo desde 1999, muchos de ellos sin la autorización ni conocimiento del supuesto contrayente español a quien usurpaban su identidad, explicaron las mismas fuentes en un comunicado. La organización habría celebrado este tipo de matrimonios en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Almería y Murcia, según información oficial.