Detenidos tres policías y un funcionario por presunta estafa
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Policía Nacional ha detenido a siete empleados públicos destinados en la Oficina de Extranjería, entre ellas tres policías y un funcionario, por su presunta implicación en una red de estafa a inmigrantes en Almería.
A todos ellos se les imputa un presunto delito de cohecho por agilizar la tramitación de las tarjetas de trabajo y residencia a cambio de dinero.
La denuncia de la que deriva esta actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía, y que ha permitido la desarticulación de la red, partió de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General de Madrid. Según las primeras investigaciones, la presunta red de estafa a inmigrantes, integrada por personas con un largo historia de servicio y en segunda actividad, aprovechó las listas de espera de hasta dos meses para obtener tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecerse a agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica. Los pagos realizados todavía no han trascendido.
No obstante, fuentes de la investigación explicaron que, por el momento los precedentes de una relación muy tensa entre el policía que ostenta la Jefatura de Almería y el denunciante, y sus malas relaciones con el resto de implicados, aconsejan poner la veracidad de los hechos en cuarentena. Además, expresaron su desacuerdo con esta intervención, a la que calificaron de calamitosa porque, a su juicio, en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa. Las siete personas arrestadas, que prestaron declaración ayer ante la Policía Nacional pasaron esta mañana a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número de las diligencias. Con el objetivo de no entorpecer la conclusión satisfactoria de la operación, el juez decretó el secreto de sumario. Mientras, la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos.
Piden prudencia
Las mismas fuentes también señalaron que la operación se ha saldado también con la detención del hijo y la nuera de uno de los policías implicados, al parecer en segunda actividad. Sin embargo, ante las numerosas preguntas de los periodistas sobre los detalles de la operación, el subdelegado del Gobierno central en Almería, Miguel Corpas pidió prudencia, con el objetivo de favorecer que se desarrolle con máxima normalidad la operación abierta.
Tras recordar que hasta que concluyan las diligencias policiales y judiciales debe predominar la presunción de inocencia, confirmó que todos los arrestados están adscritos a la Oficina de Extranjería. Copras avanzó también que desde la Comisaría Provincial de Almería se trabaja para poder suplir de inmediato las bajas causadas en el servicio por los implicados en la presunta trama, por lo que auguró que en próximas horas podría funcionar con normalidad. Además, reconoció que las anomalías detectadas en cuanto a los plazos de tramitación de los permisos se solucionaron hace un mes y medio y que ahora la media no excede de los cuatro días.
Sobre estas detenciones, la directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy aseguró que si esas supuestas irregularidades se confirman, serán todo lo contundentes que la actuación se merece. En este sentido, Rodríguez-Tarduchy insistió en que el Gobierno central perseguirá y penalizará cualquier ilegalidad que pueda producirse, porque esos actos no tienen justificación.
La denuncia de la que deriva esta actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía, y que ha permitido la desarticulación de la red, partió de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General de Madrid. Según las primeras investigaciones, la presunta red de estafa a inmigrantes, integrada por personas con un largo historia de servicio y en segunda actividad, aprovechó las listas de espera de hasta dos meses para obtener tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecerse a agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica. Los pagos realizados todavía no han trascendido.
No obstante, fuentes de la investigación explicaron que, por el momento los precedentes de una relación muy tensa entre el policía que ostenta la Jefatura de Almería y el denunciante, y sus malas relaciones con el resto de implicados, aconsejan poner la veracidad de los hechos en cuarentena. Además, expresaron su desacuerdo con esta intervención, a la que calificaron de calamitosa porque, a su juicio, en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa. Las siete personas arrestadas, que prestaron declaración ayer ante la Policía Nacional pasaron esta mañana a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número de las diligencias. Con el objetivo de no entorpecer la conclusión satisfactoria de la operación, el juez decretó el secreto de sumario. Mientras, la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos.
Piden prudencia
Las mismas fuentes también señalaron que la operación se ha saldado también con la detención del hijo y la nuera de uno de los policías implicados, al parecer en segunda actividad. Sin embargo, ante las numerosas preguntas de los periodistas sobre los detalles de la operación, el subdelegado del Gobierno central en Almería, Miguel Corpas pidió prudencia, con el objetivo de favorecer que se desarrolle con máxima normalidad la operación abierta.
Tras recordar que hasta que concluyan las diligencias policiales y judiciales debe predominar la presunción de inocencia, confirmó que todos los arrestados están adscritos a la Oficina de Extranjería. Copras avanzó también que desde la Comisaría Provincial de Almería se trabaja para poder suplir de inmediato las bajas causadas en el servicio por los implicados en la presunta trama, por lo que auguró que en próximas horas podría funcionar con normalidad. Además, reconoció que las anomalías detectadas en cuanto a los plazos de tramitación de los permisos se solucionaron hace un mes y medio y que ahora la media no excede de los cuatro días.
Sobre estas detenciones, la directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy aseguró que si esas supuestas irregularidades se confirman, serán todo lo contundentes que la actuación se merece. En este sentido, Rodríguez-Tarduchy insistió en que el Gobierno central perseguirá y penalizará cualquier ilegalidad que pueda producirse, porque esos actos no tienen justificación.
