Detienen a dos personas por defraudar 1,7 millones a la Seguridad Social
17/04/2012 - 12:11
Una actuación llevada a cabo por la Brigada de Delincuencia Económica adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial en Guadalajara se ha saldado con dos detenciones como presuntos responsables de tres delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible y falsedad documental. Según un comunicado de la Policía Nacional, el grupo empresarial acumulaba deudas por impagos de las cuotas obreras que superaban 1.750.000 euros. El administrador de las mercantiles, presuntamente, se colocó en situación de insolvencia mediante el cierre y apertura de nuevas sociedades, a medida que estas se endeudaban.
Esta operación se suma a otra llevada a cabo en Albacete donde se ha detenido a un empresario como presunto responsable de más de 300 delitos de falsedad documental y estafa. Facilitó, a cambio de entre 400 y 1.200, contratos falsos a 289 supuestos trabajadores para obtener prestaciones por desempleo.
La mercantil de la que era administrador único no tenía ninguna actividad real y tuvo una vida de seis meses, durante los que no cotizó por ninguno de sus pretendidos empleados. El propio empresario fue también perceptor durante ocho meses de la Renta Mínima de Inserción -destinada a personas y familias sin recursos-, al tiempo que gestionaba varias sociedades que, en conjunto, acumularon 2,6 millones de deuda con la Seguridad Social.
La investigación desarrollada en Albacete comenzó a raíz de informaciones recibidas a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades cometidas por parte de una persona que ostentaba el cargo de administrador y socio único de una sociedad mercantil. La vida laboral de la empresa inició su actividad en febrero de 2011 y la finalizó en julio del mismo año. Desde el comienzo de sus movimientos, la empresa en ningún momento ingresó las cuotas correspondientes a los seguros sociales de los trabajadores dados de alta, ascendiendo su deuda a 122.500. Además incurrió en multitud de anomalías tales como no presentar los documentos de cotización para su sellado, no disponer de facturas, no efectuar ningún tipo de declaración, IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA ni ningún tipo de declaración informativa de operaciones con terceros.
La principal finalidad de los falsos contratos consistía en el acceso a distintas prestaciones y subsidios para personas desempleadas, aunque las simulaciones de contrato también eran utilizadas para la obtención de permisos de trabajo y residencia por parte de ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.
Hasta el momento se ha detectado que 24 de los falsos trabajadores han sido beneficiarios de prestaciones por desempleo obtenidas en base a la supuesta vinculación laboral con la mercantil. De éstos, 10 han sido arrestados por un delito de falsedad y estafa cada uno y el administrador único detenido como presunto responsable de 289 delitos de falsedad documental y 24 más de estafa.
Esta operación se suma a otra llevada a cabo en Albacete donde se ha detenido a un empresario como presunto responsable de más de 300 delitos de falsedad documental y estafa. Facilitó, a cambio de entre 400 y 1.200, contratos falsos a 289 supuestos trabajadores para obtener prestaciones por desempleo.
La mercantil de la que era administrador único no tenía ninguna actividad real y tuvo una vida de seis meses, durante los que no cotizó por ninguno de sus pretendidos empleados. El propio empresario fue también perceptor durante ocho meses de la Renta Mínima de Inserción -destinada a personas y familias sin recursos-, al tiempo que gestionaba varias sociedades que, en conjunto, acumularon 2,6 millones de deuda con la Seguridad Social.
La investigación desarrollada en Albacete comenzó a raíz de informaciones recibidas a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades cometidas por parte de una persona que ostentaba el cargo de administrador y socio único de una sociedad mercantil. La vida laboral de la empresa inició su actividad en febrero de 2011 y la finalizó en julio del mismo año. Desde el comienzo de sus movimientos, la empresa en ningún momento ingresó las cuotas correspondientes a los seguros sociales de los trabajadores dados de alta, ascendiendo su deuda a 122.500. Además incurrió en multitud de anomalías tales como no presentar los documentos de cotización para su sellado, no disponer de facturas, no efectuar ningún tipo de declaración, IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA ni ningún tipo de declaración informativa de operaciones con terceros.
La principal finalidad de los falsos contratos consistía en el acceso a distintas prestaciones y subsidios para personas desempleadas, aunque las simulaciones de contrato también eran utilizadas para la obtención de permisos de trabajo y residencia por parte de ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.
Hasta el momento se ha detectado que 24 de los falsos trabajadores han sido beneficiarios de prestaciones por desempleo obtenidas en base a la supuesta vinculación laboral con la mercantil. De éstos, 10 han sido arrestados por un delito de falsedad y estafa cada uno y el administrador único detenido como presunto responsable de 289 delitos de falsedad documental y 24 más de estafa.