Doblegando el Memorándum de Cospedal

 Hace dos semanas, con motivo de la aprobación del nuevo Plan de Cuenca del Tajo, dirigentes populares en el Levante salían a reaccionar a la noticia y felicitaban al presidente Emiliano García-Page y a Castilla-La Mancha por el resultado en contraposición a sus intereses. La victoria de nuestra región en esta nueva planificación hidrológica no es otra que la de hacerse justicia, la de dar cumplimento a cinco sentencias del Tribunal Supremo que el Gobierno de Castilla-la Mancha ganó denunciando la falta de fijación de caudales ecológicos en el río Tajo como ordena la Ley de Aguas española y la Directiva Marco del Agua europea. Y la consecuencia inmediata es que habrá más agua circulando por el río y menos por el trasvase.

Pero los titulares sobre este asunto también alcanzan a la millonaria inversión en desalación. El Gobierno de España va a destinar 830 millones de euros para recortar la dependencia de la agricultura del regadío en el Levante del agua del Trasvase Tajo-Segura, apostando por la construcción de desaladoras y el desarrollo de fotovoltaicas que abaraten su coste; y en último lugar, subvencionando con hasta 60 millones de euros anuales el precio final de esa agua para el regante. Sin duda, este aspecto es el más determinante porque supone un punto de inflexión para dotar de mayor autonomía a la cuenca del Segura y transitar, en unos años, hasta el final del trasvase.

Este paso adelante forma parte del cambio de rumbo en la política hídrica en nuestro país que se inició hace dos años con el recorte del Gobierno de España al conocido como “Memorándum de Cospedal”. Desde agosto de 2021 hasta febrero de 2023 incluido, la rebaja de 38 a 27 hm3 ha reducido en 55 hm3 el trasvase automático cuando los embalses están a Nivel 2. Además, entre esas mismas fechas, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha rebajado en 92,5 hm3 los trasvases máximos solicitados por la Comisión de Explotación de Trasvase Tajo-Segura cuando los embalses están a Nivel 3. En total 147,5 hm3 se han quedado en Entrepeñas y Buendía en solo un año y medio de que se cambiaran las reglas de María Dolores de Cospedal que -trabajando al dictado de Murcia- había blindado el trasvase dejando atado el corpus jurídico en forma de ley, de manera que tuviera preponderancia por encima de los planes de cuenca con consecuencias que seguimos sufriendo hoy.

No es casualidad que el Levante callara cuando Cospedal y Mariano Rajoy entregaban Castilla-La Mancha a sus intereses electorales -también calló el PP en nuestra región-. Tampoco es casual que ahora se agiten y se opongan a estas decisiones que están siendo recurridas por la estructura política del Partido Popular en el Levante y enmendadas por el PP nacional, a pesar de que responden tanto a criterios técnicos y científicos como a la aplicación de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

En paralelo están sucediendo más cosas que el PP de Guadalajara y Castilla-La Mancha tampoco se permiten celebrar o que olvidan premeditadamente. Hoy los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía estamos ejecutando, gracias al Gobierno Regional, una subvención del MITECO de 40 millones de euros para mejorar nuestras infraestructuras hidráulicas municipales y desarrollar económicamente el territorio con proyectos vertebradores. Al mismo tiempo, se está llevando a cabo, por parte del Gobierno Central, los últimos trabajos del nuevo sistema de abastecimiento de Morillejo, como resultado de otra inversión de 60 millones de euros que garantiza agua en cantidad y calidad para nuestros pueblos.

Todos estos avances en política hídrica, hace tan solo tres años eran impensables y nos lleva a preguntarnos cuál sería la realidad de nuestra provincia, de los municipios ribereños o de nuestros embalses de cabecera, si en Castilla-La Mancha gobernara Paco Núñez y en España, Núñez Feijóo. Afortunadamente, ahora tenemos al presidente García-Page que ha liderado siempre esta causa y ha antepuesto siempre los intereses de nuestra tierra a cualquier otro, así como un Gobierno de la nación que por fin es sensible a nuestras demandas.

Nuestro trabajo, no obstante, no se detiene aquí. Aunque estamos contentos con los últimos avances en la materia, hemos de seguir reivindicando el uso preferencial del agua como determina la Ley, junto con el establecimiento de una lámina de agua estable del 50% en Entrepeñas y Buendía que nos permita dar seguridad y certidumbre a las empresas para que de nuevo se genere riqueza y oportunidades en el territorio. Será, sin duda, la próxima batalla ganada.