Doce escolares no cursarán la asignatura de Educación para la Ciudadanía
01/10/2010 - 09:45
Primer curso de Educación para la Ciudadanía para 2.525 alumnos de Guadalajara, 602 de la capital, y los tribunales aún no han resuelto si las 117 objeciones que se han presentado en contra de esta materia son o no legales. En esta situación, 12 alumnos de 2º de ESO, el curso en el que se imparte la polémica materia, dejarán sin estrenar los libros de Educación para la Ciudadanía porque sus familias no comulgan con sus contenidos. Desde la Delegación de Educación se recurda que no existe alternativa para esta asignatura porque es obligatoria, de manera que los estudiantes que no quieran cursarla deberán saber que no podrán completar el curso.
¿Artificial o no? La polémica sobre la impartición de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía es para algunos una situación alentada por algunos de forma artificial y, para otros, un problema que llega a tocar lo más profundo de sus convicciones. Sea como sea, la realidad es que, según establece el calendario de la LOE, el curso que acaba de empezar será el primero en el que se impartirá la asignatura para los alumnos de segundo curso de la ESO. En concreto, 602 alumnos de centros públicos de la capital, 397 de centros concertados, junto con 1.436 estudiantes de colegios públicos de la provincia y 90 más de centros concertados en total 2.525 deberán cursar esta asignatura si quieren completar el currículo de asignaturas obligatorias de su nivel de enseñanza. Además, en 2008/2009 los estudiantes de 4º de Secundaria recibirán clases de Ética y Ciudadanía, la antigua Ética adaptada a la LOE, y los de Bachillerato tres horas semanales de Filosofía y Ciudadanía.
Por el momento, la totalidad de los centros, tanto públicos como concertados religiosos, han decidido acatar la ley e impartir esta asignatura de acuerdo con su ideario religioso. La oposición más contundente a la asignatura la está ofreciendo la Plataforma Guadalajara Educa en Libertad, una agrupación de padres de alumnos creada para informar a la ciudadanía sobre la materia y la posibilidad de interponer una objeción de conciencia en su contra. Según los cálculos de su coordinador, el presidente del AMPA del Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, se han interpuesto más de una treintena de objeciones de conciencia. Fuentes de la Delegación de Educación reconocen haber recibido 117 recursos de este tipo, pero matizan que muchos de ellos se referían a padres de niños de Infantil, cuyos hijos no cursarán esta materia hasta dentro de varios cursos o, incluso, o de otros niveles educativos en los que tampoco se imparte esta nueva asignatura.
La administración educativa considera que las únicas objeciones que podrían afectar al desarrollo del nuevo curso son las pertenecientes a 12 familias de alumnos de 2º de ESO que han manifestado por escrito la intención de que sus hijos no estudien Educación para la Ciudadanía.
Además, Educación aclara que no existe alternativa. La ley es la que manda y el que decida no cursarla tendrá que saber que no hay alternativa. En cualquier caso, los padres afectados podrán esperar a la resolución judicial sobre el derecho o no a objetar en esta materia.
La delegada de Educación, Mar Gutiérrez, ha defendido siempre las bondades de esta asignatura y ha atribuido la polémica a la falta de información veraz al respecto de sus contenidos. Gutiérrez considera que Educación para la Ciudadanía cumple con la Constitución Española y su artículo 27.2. sobre que el estado debe educar en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, defiende la existencia de tres perspectivas que avalan los contenidos de Educación para la Ciudadanía. La primera de ellas es la educativa, y tiene que ver con el hecho de que otros países europeos, comoFrancia, Alemania o Italia, imparten esta formación, en algunos casos desde hace décadas.
La segunda perspectiva es la sociológica, fundamentada en el cada vez mayor pluralismo de la sociedad y, por consiguiente, la creciente necesidad de cohesión social y diálogo sobre derechos humanos y prácticas democráticas. El último punto de vista es el filosófico y radica en la importancia de formar ciudadanos con ética personal y virtudes cívicas incuestionables y universales basadas en los derechos humanos y en los valores constitucionales.
Por el momento, la totalidad de los centros, tanto públicos como concertados religiosos, han decidido acatar la ley e impartir esta asignatura de acuerdo con su ideario religioso. La oposición más contundente a la asignatura la está ofreciendo la Plataforma Guadalajara Educa en Libertad, una agrupación de padres de alumnos creada para informar a la ciudadanía sobre la materia y la posibilidad de interponer una objeción de conciencia en su contra. Según los cálculos de su coordinador, el presidente del AMPA del Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, se han interpuesto más de una treintena de objeciones de conciencia. Fuentes de la Delegación de Educación reconocen haber recibido 117 recursos de este tipo, pero matizan que muchos de ellos se referían a padres de niños de Infantil, cuyos hijos no cursarán esta materia hasta dentro de varios cursos o, incluso, o de otros niveles educativos en los que tampoco se imparte esta nueva asignatura.
La administración educativa considera que las únicas objeciones que podrían afectar al desarrollo del nuevo curso son las pertenecientes a 12 familias de alumnos de 2º de ESO que han manifestado por escrito la intención de que sus hijos no estudien Educación para la Ciudadanía.
Además, Educación aclara que no existe alternativa. La ley es la que manda y el que decida no cursarla tendrá que saber que no hay alternativa. En cualquier caso, los padres afectados podrán esperar a la resolución judicial sobre el derecho o no a objetar en esta materia.
La delegada de Educación, Mar Gutiérrez, ha defendido siempre las bondades de esta asignatura y ha atribuido la polémica a la falta de información veraz al respecto de sus contenidos. Gutiérrez considera que Educación para la Ciudadanía cumple con la Constitución Española y su artículo 27.2. sobre que el estado debe educar en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, defiende la existencia de tres perspectivas que avalan los contenidos de Educación para la Ciudadanía. La primera de ellas es la educativa, y tiene que ver con el hecho de que otros países europeos, comoFrancia, Alemania o Italia, imparten esta formación, en algunos casos desde hace décadas.
La segunda perspectiva es la sociológica, fundamentada en el cada vez mayor pluralismo de la sociedad y, por consiguiente, la creciente necesidad de cohesión social y diálogo sobre derechos humanos y prácticas democráticas. El último punto de vista es el filosófico y radica en la importancia de formar ciudadanos con ética personal y virtudes cívicas incuestionables y universales basadas en los derechos humanos y en los valores constitucionales.