Educación acatará la resolución del Supremo sobre los alumnos de EpC

Las familias de estos tres alumnos se declararon objetoras y después emprendieron un proceso contencioso con el objetivo de que sus hijos no tengan que cursar la asignatura. García aseguró que la Consejería “está tratando este tema con todo el sosiego y la tranquilidad que requiere el sistema educativo” y explicó que “respetamos las medidas cautelares, las que dictamine el juez de Guadalajara y las que dictamine el juez de Toledo, cualquier dictamen lo vamos a respetar; esos alumnos no tienen que asistir a clase, que es en lo que se basa la medida cautelar, y no tendrá efectos académicos”, confirmó la consejera. Además, y en sus propias palabras, “también respetamos a todos los objetores que no fueron al contencioso; de hecho, como son nuestros alumnos y son menores, ya saben que les custodiamos en el centro”. A pesar de dicho respeto a las medidas cautelares dictadas, la consejera reiteró la “postura inequívoca” del Gobierno regional, y anunció que acatarán la resolución definitiva del Tribunal Supremo cuando ésta se produzca.
Por otro lado, la consejera de Educación se mostró “totalmente de acuerdo” con la sustitución del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) por el título universitario oficial de master de Secundaria de un año de duración, pues es un “clamor” social y del profesorado. García explicó que la Universidad de Alcalá “tiene la voluntad de realizarlo”, por lo que “una vez más vamos a ser pioneros” en que el profesorado tenga una formación didáctico pedagógica. Suscribiendo sus propias palabras, “creo que vamos a dar un paso muy importante y a atender a una demanda clamorosa por parte de la sociedad y del profesorado”.
El Gobierno central aprobó el pasado 8 de este mes un Real Decreto por el que se definen las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, así como las materias que puede impartir cada profesor en función de su área de especialización.