El abogado de Fujimori carga contra el Poder Judicial

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: EUROPA PRESS
César Nakazaki, abogado del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), aseguró ayer que la sentencia emitida el lunes demuestra que el Poder Judicial quiere que el ex mandatario “muera en la cárcel” y criticó el carácter “político” que han tenido los procesos penales en contra de su defendido.
La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y medio de prisión a Fujimori tras hallarlo culpable de los delitos contra la administración pública, peculado y falsedad ideológica en agravio del Estado, por haber entregado 15 millones de dólares (10,7 millones de euros), procedentes de fondos públicos, a su ex asesor Vladimiro Montesinos en el año 2000.
Nakazaki dijo que “el Poder Judicial ha decidido no hacerle justicia a Fujimori” y cuestionó que ahora deba pagar una indemnización de 3 millones de nuevos soles (unos 700.300 euros) “si está probado que se devolvió el dinero al tesoro público”.
“Me llama profundamente la atención la condena ya que los informes del tesoro público dicen que el dinero se restituyó. La ley contempla que si el autor realiza los actos para reparar el daño se exonera de la responsabilidad”, dijo el abogado en declaraciones a la emisora local RPP.
Esta es la tercera condena que pesa sobre el ex presidente peruano. En el último juicio fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de 25 personas durante los años 1991 y 1992, y los secuestros de un empresario y un periodista.

Nuevo juicio
Nakazaki adelantó que el nuevo juicio contra Fujimori será un proceso largo porque en este cuarto proceso penal no tienen previsto acogerse a la figura de la “conclusión adelantada” como lo hicieron recientemente. Aún se desconoce la fecha en la que comenzará el juicio, pero la Fiscalía ha dicho que solicitará 8 años de prisión para el ex mandatario por los delitos de interferencia o escucha telefónica, corrupción de funcionarios y peculado en agravio del Estado por la compra irregular de la cadena Cable Canal de Noticias (CCN).
La Fiscalía pide además una indemnización para el Estado de cinco millones de nuevos soles (1,1 millones de euros), así como el pago de unos tres millones de nuevos soles (700.300 euros) que se repartirá entre las personas afectadas por las escuchas ilegales.