El acusado por el crimen machista de Cifuentes se niega a declarar

El 30 de septiembre de 2013, José Miguel Batanero acabó en Cifuentes (Guadalajara) con la vida de Carolina Diana Carmen Calderón, su pareja sentimental y con la que iba a tener un hijo, ya que estaba embarazada de ocho meses. Tras pasar varios días tratando de ocultar el crimen, lo que le llevó a mandar falsos mensajes a familiares, fingir llamadas telefónicas y sacar dinero en cajeros de Madrid con la tarjeta de ella, finalmente la Guardia Civil logró que confesara lo ocurrido, pero no el lugar en el que descansaba el cuerpo de ella. Tras dar versiones contradictorias, como que lo había arrojado en un muladar o utilizado como alimentos para rehalas de perros de cazadores, finalmente el cuerpo se localizó en una nave de su propiedad, desmembrado en un nueve partes y enterrado en cal en diferentes nichos. Con muchas preguntas y el silencio de José Miguel Batanero, quien se negó a declarar por estar confuso respecto a lo ocurrido aquella mañana, así ha arrancado el juicio por la muerte de Carolina Diana Carmen Calderón, que también tres hijos de una relación anterior. Las únicas palabras que dijo el acusado fueron dirigidas a la familia de Carolina: “Lo siento mucho”. Por lo demás, ni siquiera desde la acusación existe acuerdo sobre si fue homicidio o asesinato. La principal diferencia entre una fórmula u otra son cinco años de prisión. La condena por asesinato es de 20. La de homicidio, de 15. Desde el Ministerio Fiscal se considera que no concurren las condiciones necesarias para que el crimen sea considerado asesinato, aunque sí apuntan que “el acusado, de forma consciente y violenta,” acabó con la vida de Carolina y del bebe no nato. Sin embargo, apuntan que no hubo ataque sorpresivo ni ensañamiento.

Las acusaciones particulares, tanto del ex marido en nombre de los hijos como de la madre, y las populares, de la Junta de Comunidades y del Estado, sí consideran que hubo asesinato. Para ello se basan en los numerosos golpes que recibió la víctima, hablan de ataques por la espalda y de la indefensión de Carolina al estar embarazada. Desde la acusación de la Junta, personada por tratarse de un caso de Violencia de Género, y la de la madre apuntaron otro factor: habitualmente, el acusado o la víctima se encargaban de ir a recoger a los tres hijos de ella al colegio. Sin embargo, un día antes del crimen, José Miguel Batanero pidió a un amigo que se encargara de hacerlo él. Ese mismo amigo, apuntaron las acusaciones, al ir a llevar a los niños al domicilio que compartía la pareja se percató de la existencia de restos de sangre en el hogar y le preguntó al acusado por Carolina. Él le respondió que se había ido, que no iba a volver y que incluso había cambiado las cerraduras de la casa. Las penas que piden oscilan entorno a 20 años por asesinato, 7 por provocar la muerte del no nato, 10 meses por profanación de cadáver y otros tantos meses por hurto, ya que el acusado también sacó 800 euros de una cuenta de la víctima en cajeros de Madrid. Por último, desde la defensa señalaron que “si todo fuera tan claro, los relatos de la defensa serían el mismo, pero no es así”. En su versión sostienen que, un día antes de que se produjeran los hechos, el acusado llevó a Carolina al Consultorio Médico ha consecuencia de un sangrado vaginal que les hizo temer por la salud de madre e hijo. Al día siguiente, tras llevar a los otros tres niños al colegio, se inició una discusión en la que José Miguel habría recriminado a Carolina lo poco que se cuidaba, bebiendo en exceso y con demasiadas salidas. La discusión terminó, según pudo leer el secretario judicial en el escrito elaborado por la defensa, con Carolina golpeando en la cara a José Miguel, algo que no era nuevo, a lo que él habría respondido con un empujón que la llevó a caer golpeándose la cabeza contra una cómoda, lo que provocó su muerte. A esta situación, continúan, siguió un bloqueo mental que, unido a “una inteligencia no muy brillante”, impidió al acusado actuar de forma lógica, ya que carecía de la posibilidad de tener “una conducta libre y razonable”. En conclusión, solicitan una peña de un año por homicidio imprudente o de dos años y un día, dependiendo de los atenuantes. Antes estas palabras desde las acusaciones consideran “imposible” que un solo golpe contra una cómoda pudiera provocar heridas como las de Carolina, quien, señalaron, tenía el cráneo roto en once trozos. Por su parte, la defensa señala que las no parecen ponerse de acuerdo sobre si hubo asfixia, sobre si fueron golpes con o contra un objeto romo o sobre si el ataque fue por la espalda o de frente. También varías las compensaciones económicas solicitadas. El Ministerio Fiscal pide 125.000 euros para cada hijo de la víctima y 20.000 para la madre. La acusación particular del padre de los tres niños, 250.000 para cada hijo. La de la madre y la hermana de Carolina, 136.000 para la madre, 60.000 para la hermana y 150.000 para cada hijo. La acusación popular, tanto de la Junta como del Estado, 150.000 para los hijos, 75.000 para la madre y 25.000 para la hermana.