El Ayuntamiento de Estepona abrió dos oficinas clandestinas para cobrar comisiones
01/10/2010 - 09:45
La red corrupta que anidó en el Ayuntamiento de Estepona saltó por los aires el pasado martes, cuando la Policía desató una redada que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza.
El Juzgado de Instrucción 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan a su vez una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.
Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las oficinas de cobro, la de mayor envergadura, era la que estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo más cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaba el día a día de esa oficina; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López Fernández, uno de los cerebros del entramado.
La segunda oficina de cobro era algo más modesta y se creó en fechas posteriores. Estaba dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la operación Hidalgo, relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.
Las dos oficinas clandestinas de cobro tenían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Marbella, aunque los pequeños constructores también podía acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado del aparato, una persona que se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las coimas.
¿Victimas o cómplices?
Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación, explican los especialistas de Anticorrupción, recibía el visto bueno si no pasaba antes por esta suerte de administración paralela en el Ayuntamiento de Estepona. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las trama por el mismo favor y luego llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno sólo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.
Multitud de empresas han tributado a estas cajas ilegales. La UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el consistorio: las constructoras Prasa, Codelsa y Agrojardín, y la promotora Valle Romano.
El presidente de Prasa y máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol, José Romero González, fue detenido el martes. La juez de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le impuso una fianza de 300.000 euros ese mismo día. El Grupo Prasa hizo pública ayer una nota en la que explica que el detenido ha contribuido a esclarecer los hechos relacionados con la actividad promotora en Estepona.
La UDEF investiga también el papel del ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano, Luis Fernando Linares, arrestado también en esta primera fase de la operación Astapa Esta empresa construye una lujosa urbanización y campo de golf en la localidad con una extensión de 150 hectáreas, y ha mantenido numerosos contactos con el alcalde Barrientos y con sus asesores urbanísticos.
Dos abogados vinculados a Valle Romano fueron detenidos en Bilbao, entre ellos Daniel Delgado Lorenzo. Esta empresa ha patrocinado a deportistas como Fonsi Nieto, que firmó un acuerdo con la promotora y con Barrientos para llevar en el carenado de su moto el nombre de la urbanización y del pueblo en el mundial de Superbikes.
Herencia del gilismo que campeó por Marbella
Pedro López Fernández, militante socialista y presunto cerebro de la red, es conocido como el cobrador del frac en círculos empresariales y policiales. Fue él, según la hipótesis de trabajo de la Fiscalía, quien importó el modelo de corrupción gilista desde Marbella.
Los investigadores dicen tener multitud de pruebas de que López Fernández mantenía estrechas relaciones con el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, que le consideraba su hombre de confianza en el vecino consistorio de Estepona.
Los pinchazos y los seguimientos al coche de López Fernández, un aparatoso Jaguar, en las semanas posteriores a la operación Malaya fueron los que a finales de 2006 destaparon la existencia de una red de corruptelas en Estepona.
Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las oficinas de cobro, la de mayor envergadura, era la que estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo más cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaba el día a día de esa oficina; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López Fernández, uno de los cerebros del entramado.
La segunda oficina de cobro era algo más modesta y se creó en fechas posteriores. Estaba dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la operación Hidalgo, relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.
Las dos oficinas clandestinas de cobro tenían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Marbella, aunque los pequeños constructores también podía acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado del aparato, una persona que se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las coimas.
¿Victimas o cómplices?
Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación, explican los especialistas de Anticorrupción, recibía el visto bueno si no pasaba antes por esta suerte de administración paralela en el Ayuntamiento de Estepona. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las trama por el mismo favor y luego llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno sólo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.
Multitud de empresas han tributado a estas cajas ilegales. La UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el consistorio: las constructoras Prasa, Codelsa y Agrojardín, y la promotora Valle Romano.
El presidente de Prasa y máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol, José Romero González, fue detenido el martes. La juez de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le impuso una fianza de 300.000 euros ese mismo día. El Grupo Prasa hizo pública ayer una nota en la que explica que el detenido ha contribuido a esclarecer los hechos relacionados con la actividad promotora en Estepona.
La UDEF investiga también el papel del ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano, Luis Fernando Linares, arrestado también en esta primera fase de la operación Astapa Esta empresa construye una lujosa urbanización y campo de golf en la localidad con una extensión de 150 hectáreas, y ha mantenido numerosos contactos con el alcalde Barrientos y con sus asesores urbanísticos.
Dos abogados vinculados a Valle Romano fueron detenidos en Bilbao, entre ellos Daniel Delgado Lorenzo. Esta empresa ha patrocinado a deportistas como Fonsi Nieto, que firmó un acuerdo con la promotora y con Barrientos para llevar en el carenado de su moto el nombre de la urbanización y del pueblo en el mundial de Superbikes.
Herencia del gilismo que campeó por Marbella
Pedro López Fernández, militante socialista y presunto cerebro de la red, es conocido como el cobrador del frac en círculos empresariales y policiales. Fue él, según la hipótesis de trabajo de la Fiscalía, quien importó el modelo de corrupción gilista desde Marbella.
Los investigadores dicen tener multitud de pruebas de que López Fernández mantenía estrechas relaciones con el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, que le consideraba su hombre de confianza en el vecino consistorio de Estepona.
Los pinchazos y los seguimientos al coche de López Fernández, un aparatoso Jaguar, en las semanas posteriores a la operación Malaya fueron los que a finales de 2006 destaparon la existencia de una red de corruptelas en Estepona.