El campo se moviliza por el interés general agrario
01/10/2010 - 09:45
Cartas al director
JOSÉ MARÍA FRESNEDA FRESNEDA Secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha
La agricultura española atraviesa una crisis sin precedentes con una importante reducción de ingresos y elevación de sus costes de producción, afectando a todas los sectores. Estamos ante una crisis estructural debida, en gran parte, a la regulación actual, tanto regional, como nacional y europea, que no permite que las explotaciones sean rentables. Con las actuales normas es imposible que un agricultor sea un buen profesional y a la vez consiga que su explotación sea rentable.
Por si esto fuera poco, la Comisión Europea -quien en teoría debería velar por el normal desarrollo de la agricultura-, ya nos ha anunciado que a partir de 2013 pretende desmantelar la Política Agrícola Común (PAC), planteando pagos cofinanciados por los Estados, con más recortes y cambio en las ayudas. De salir adelante este planteamiento, la agricultura dejaría de ser considerada como un sector estratégico, poniendo en juego la seguridad y la estabilidad alimentaria de 500 millones de consumidores, la competitividad de la agricultura europea y una producción sostenible que proteja el suelo y el medio ambiente y que respete el bienestar de los animales.
Supondría, por tanto, la desaparición de un importante instrumento de cohesión europea que da empleo a más de 40 millones de personas y, en las circunstancias actuales, debe estar a la altura del desafío que supone el cambio climático. Ante todo esto, el sector agrario no puede permanecer impasible, razón por la que las tres organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, anteponiendo el interés general agrario hemos convocado un paro del sector el próximo día 20 que culminará con una gran manifestación el día 21 de noviembre en Madrid, para exigir normas y precios justos, así como, una nueva regulación para la agricultura y la alimentación. Apoyar esta movilización es apoyar la defensa en mayúsculas de una agricultura profesionalizada y rentable, al margen de intereses partidistas y, por supuesto, rédito político.
Otras naciones, como por ejemplo Francia, encabezada por su Presidente, ya ha anunciado su plan para que la agricultura siga siendo un sector estratégico y los agricultores profesionales puedan vivir de su trabajo. EEUU con su Farm Bill también tiene garantizado el futuro de su agricultura. ¿Y España? De nuestro gobierno, desafortunadamente, no podemos decir lo mismo, aunque éste ya haya anunciado su oposición a las pretensiones futuras de la Comisión Europea. Eso sólo no basta, es necesario una apuesta decidida y comprometida por el mantenimiento de la agricultura.
Hace falta un importante apoyo financiero. Es necesaria una auténtica reforma de la agricultura orientada a la profesionalización y rentabilización de la misma.
La seguridad alimentaria no puede estar en manos exclusivamente del libre comercio. Europa tiene que regular mejor los mercados agrícolas. Una verdadera regulación, que permita la rentabilidad de las explotaciones agrarias gestionadas con profesionalidad.
Es necesaria una preferencia comunitaria real, basada en criterios medioambientales, sanitarios, con una protección arancelaria para aquellos productos sensibles y para las indicaciones geográficas.
Hacen falta eficaces medios de gestión de mercados que permitan que el agricultor obtenga un precio justo por su trabajo, por su producto. Para ello no sólo son necesarios los seguros contra riesgos climáticos, se requieren seguros económicos o de rentas.
Las zonas desfavorecidas, necesitan de un trato diferenciado que permita la actividad y la vida en esos medios rurales.
Deben ponerse en marcha contratos que garanticen una rentabilidad, siempre que se cumplan criterios profesionales. Tampoco se puede permitir oligopolios de la distribución alimentaria, y la falta de transparencia en los canales de la comercialización.
La producción agrícola en España es necesaria. De continuar con esta crisis, nos quedaremos sin profesionales en el sector. Ningún sector económico puede progresar, ni siquiera mantenerse con la disminución constante de los precios percibidos, y el aumento de costes que la agricultura está padeciendo. Por ello son necesarias reglamentaciones distintas a las actuales.
¿Qué actividad económica se puede mantener, sin saber aunque sea aproximadamente, a qué precio se va a vender el producto y cuáles van a ser los costes de producción?
En la actual situación es injusto que la Administración española no proteja suficientemente al agricultor y encima le grave con cargas sociales y fiscales, después de que sus propias normas le impiden obtener un pago justo por su trabajo.
En las manos de la Administración y de la sociedad en general está el parar esta sangría que padece la agricultura, lo que está suponiendo la paulatina desaparición de profesionales en el campo, la consiguiente disminución de tierras agrícolas y productividad de las mismas. Todo ello, además, en una situación de aumento constante de la demanda mundial de alimentos.
La próxima Presidencia Europea, que recaerá en nuestro país, debe ser una oportunidad para apostar por la agricultura. En el ámbito nacional, nuestra agricultura merece un mayor apoyo e impulso, al igual que ya lo están haciendo otras naciones.
Supondría, por tanto, la desaparición de un importante instrumento de cohesión europea que da empleo a más de 40 millones de personas y, en las circunstancias actuales, debe estar a la altura del desafío que supone el cambio climático. Ante todo esto, el sector agrario no puede permanecer impasible, razón por la que las tres organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, anteponiendo el interés general agrario hemos convocado un paro del sector el próximo día 20 que culminará con una gran manifestación el día 21 de noviembre en Madrid, para exigir normas y precios justos, así como, una nueva regulación para la agricultura y la alimentación. Apoyar esta movilización es apoyar la defensa en mayúsculas de una agricultura profesionalizada y rentable, al margen de intereses partidistas y, por supuesto, rédito político.
Otras naciones, como por ejemplo Francia, encabezada por su Presidente, ya ha anunciado su plan para que la agricultura siga siendo un sector estratégico y los agricultores profesionales puedan vivir de su trabajo. EEUU con su Farm Bill también tiene garantizado el futuro de su agricultura. ¿Y España? De nuestro gobierno, desafortunadamente, no podemos decir lo mismo, aunque éste ya haya anunciado su oposición a las pretensiones futuras de la Comisión Europea. Eso sólo no basta, es necesario una apuesta decidida y comprometida por el mantenimiento de la agricultura.
Hace falta un importante apoyo financiero. Es necesaria una auténtica reforma de la agricultura orientada a la profesionalización y rentabilización de la misma.
La seguridad alimentaria no puede estar en manos exclusivamente del libre comercio. Europa tiene que regular mejor los mercados agrícolas. Una verdadera regulación, que permita la rentabilidad de las explotaciones agrarias gestionadas con profesionalidad.
Es necesaria una preferencia comunitaria real, basada en criterios medioambientales, sanitarios, con una protección arancelaria para aquellos productos sensibles y para las indicaciones geográficas.
Hacen falta eficaces medios de gestión de mercados que permitan que el agricultor obtenga un precio justo por su trabajo, por su producto. Para ello no sólo son necesarios los seguros contra riesgos climáticos, se requieren seguros económicos o de rentas.
Las zonas desfavorecidas, necesitan de un trato diferenciado que permita la actividad y la vida en esos medios rurales.
Deben ponerse en marcha contratos que garanticen una rentabilidad, siempre que se cumplan criterios profesionales. Tampoco se puede permitir oligopolios de la distribución alimentaria, y la falta de transparencia en los canales de la comercialización.
La producción agrícola en España es necesaria. De continuar con esta crisis, nos quedaremos sin profesionales en el sector. Ningún sector económico puede progresar, ni siquiera mantenerse con la disminución constante de los precios percibidos, y el aumento de costes que la agricultura está padeciendo. Por ello son necesarias reglamentaciones distintas a las actuales.
¿Qué actividad económica se puede mantener, sin saber aunque sea aproximadamente, a qué precio se va a vender el producto y cuáles van a ser los costes de producción?
En la actual situación es injusto que la Administración española no proteja suficientemente al agricultor y encima le grave con cargas sociales y fiscales, después de que sus propias normas le impiden obtener un pago justo por su trabajo.
En las manos de la Administración y de la sociedad en general está el parar esta sangría que padece la agricultura, lo que está suponiendo la paulatina desaparición de profesionales en el campo, la consiguiente disminución de tierras agrícolas y productividad de las mismas. Todo ello, además, en una situación de aumento constante de la demanda mundial de alimentos.
La próxima Presidencia Europea, que recaerá en nuestro país, debe ser una oportunidad para apostar por la agricultura. En el ámbito nacional, nuestra agricultura merece un mayor apoyo e impulso, al igual que ya lo están haciendo otras naciones.