El CGPJ seguirá investigando a Garzón por sus cobros en EE UU
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad que los servicios de Inspección del órgano de Gobierno de los jueces sigan investigando la posible responsabilidad disciplinaria del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por el cobro de 203.000 dólares durante la excedencia que disfrutó en Estados Unidos entre marzo de 2005 y junio de 2006.
Asimismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó en la jornada de hoy un escrito en el que apoya el recurso de súplica presentado por el juez Garzón, en contra de la decisión del tribunal de aceptar a trámite la querella presentada por el Sindicato Manos Limpias, en la que acusa al magistrado de un presunto delito de prevaricación derivado de su investigación sobre los desaparecidos del franquismo.
El CGPJ ha actuado en estricto cumplimiento de lo acordado en una sentencia dictada el martes por la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que pedía continuar con la investigación y que no se diera carpetazo al asunto de los cobros del juez Garzón durante su estancia en Estados Unidos, mientras disfrutaba de excedencia. Esta resolución respondía al recurso planteado por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra una decisión inicial del Consejo de archivar el caso. De este modo, el Consejo descarta por el momento archivar el expediente, tal como proponían los servicios de Inspección en relación con unas diligencias abiertas por lo mismos hechos durante el pasado mes de marzo, en esta ocasión por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las dos investigaciones, tanto la encomendada por la Sala de lo Penal como la de lo Contencioso-Administrativo, quedarán acumuladas como un único expediente.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ tuvo también ayer sobre la mesa un escrito remitido el pasado viernes por los abogados Panea y Mazón advirtiendo que la propuesta de archivo de esta investigación es un acto de desobediencia a la sentencia del Supremo que ordenó investigar los cobros de Garzón, por lo que anunciaban el posible ejercicio de acciones penales contra el propio CGPJ por conato de acto criminal. A juicio de ambos letrados, ni es posible apreciar la prescripción (la denuncia reabierta por el Supremo se presentó en febrero de 2008, antes del plazo de dos años que terminaba en julio de 2008), ni transmutar una infracción de la ley de incompatibilidades en un sobreentendido permiso para cobrar segundos sueldos.
APOYO DE LA FISCALÍA EN EL RECURSO CONTRA PREVARICACIÓN
Al margen de la presunta responsabilidad de Garzón por los cobros en Estados Unidos, el magistrado tiene abiertas otras investigaciones de carácter disciplinario. En lo referente a la querella del sindicato Manos Limpias por un presunto delito de prevaricación en torno a la investigación sobre los desaparecidos del franquismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido apoyar el recurso de súplica presentado por el juez de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía secunda esta postura y dice que desde la doctrina jurisprudencial expuesta, ninguna de las distintas resoluciones que la querella califica de prevaricantes merecen tal reproche porque únicamente acreditan la realización de una serie de labores de investigación para las que al menos funcionalmente y como juez instructor, el querellado era inequívocamente competente.
El juez argumentaba en su recurso que estaba jurídicamente obligado a comprobar el fallecimiento del general Francisco Franco y los otros mandatarios de su régimen antes de inhibirse en la causa sobre la Memoria Histórica y que su intención siempre fue la de garantizar la tutela judicial de las víctimas y por ello aceptó sus denuncias, declaró diligencias previas y se consideró competente para la instrucción.
Por su parte, el escrito del Ministerio Fiscal explica que el magistrado actuó en consecuencia de las denuncias que recayeron sobre su Juzgado mediante las oportunas normas de reparto, y a través de las que se trataba de evaluar la existencia de responsabilidades penales como consecuencia de hechos gravísimos, quien o quienes pudieran ser responsables de los mismos y si estaban o no prescritos, para plantearse posteriormente la cuestión de su competencia hasta agotar la investigación.
El CGPJ ha actuado en estricto cumplimiento de lo acordado en una sentencia dictada el martes por la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que pedía continuar con la investigación y que no se diera carpetazo al asunto de los cobros del juez Garzón durante su estancia en Estados Unidos, mientras disfrutaba de excedencia. Esta resolución respondía al recurso planteado por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra una decisión inicial del Consejo de archivar el caso. De este modo, el Consejo descarta por el momento archivar el expediente, tal como proponían los servicios de Inspección en relación con unas diligencias abiertas por lo mismos hechos durante el pasado mes de marzo, en esta ocasión por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las dos investigaciones, tanto la encomendada por la Sala de lo Penal como la de lo Contencioso-Administrativo, quedarán acumuladas como un único expediente.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ tuvo también ayer sobre la mesa un escrito remitido el pasado viernes por los abogados Panea y Mazón advirtiendo que la propuesta de archivo de esta investigación es un acto de desobediencia a la sentencia del Supremo que ordenó investigar los cobros de Garzón, por lo que anunciaban el posible ejercicio de acciones penales contra el propio CGPJ por conato de acto criminal. A juicio de ambos letrados, ni es posible apreciar la prescripción (la denuncia reabierta por el Supremo se presentó en febrero de 2008, antes del plazo de dos años que terminaba en julio de 2008), ni transmutar una infracción de la ley de incompatibilidades en un sobreentendido permiso para cobrar segundos sueldos.
APOYO DE LA FISCALÍA EN EL RECURSO CONTRA PREVARICACIÓN
Al margen de la presunta responsabilidad de Garzón por los cobros en Estados Unidos, el magistrado tiene abiertas otras investigaciones de carácter disciplinario. En lo referente a la querella del sindicato Manos Limpias por un presunto delito de prevaricación en torno a la investigación sobre los desaparecidos del franquismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido apoyar el recurso de súplica presentado por el juez de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía secunda esta postura y dice que desde la doctrina jurisprudencial expuesta, ninguna de las distintas resoluciones que la querella califica de prevaricantes merecen tal reproche porque únicamente acreditan la realización de una serie de labores de investigación para las que al menos funcionalmente y como juez instructor, el querellado era inequívocamente competente.
El juez argumentaba en su recurso que estaba jurídicamente obligado a comprobar el fallecimiento del general Francisco Franco y los otros mandatarios de su régimen antes de inhibirse en la causa sobre la Memoria Histórica y que su intención siempre fue la de garantizar la tutela judicial de las víctimas y por ello aceptó sus denuncias, declaró diligencias previas y se consideró competente para la instrucción.
Por su parte, el escrito del Ministerio Fiscal explica que el magistrado actuó en consecuencia de las denuncias que recayeron sobre su Juzgado mediante las oportunas normas de reparto, y a través de las que se trataba de evaluar la existencia de responsabilidades penales como consecuencia de hechos gravísimos, quien o quienes pudieran ser responsables de los mismos y si estaban o no prescritos, para plantearse posteriormente la cuestión de su competencia hasta agotar la investigación.