El Congreso aprueba la ley de controladores
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
TRANSPORTES
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos y ratificó el acuerdo alcanzado por PSOE, CiU y Coalición Canaria para fijar la edad máxima para el servicio activo en funciones de control de estos profesionales se fije en 57 años y eliminar la posibilidad de hacerlo a petición propia desde los 52 años cobrando el salario base íntegro de 170.000 euros.
Además, el Gobierno cambiará en tres meses la Let de Seguridad Aérea y suavizará las sanciones a quienes admitan incidencias.
La norma, que a partir de ahora se tramitará en el Senado, fue apoyada por todos los grupos salvo Izquierda Unida y BNG, que votaron en contra. Al texto se incorporaron aportaciones de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Coalición Canaria. Ninguna del PP, que había presentado un paquete de enmiendas contra la privatización o externalización de los servicios de control aéreo, en contra de lo propuesto por la norma aprobada por el Gobierno a primeros de febrero.
Rafael Simancas señaló que la norma permite garantizar la seguridad aérea y la sostenibilidad de las cuentas de AENA, al tiempo que acaba con los privilegios inasumibles que un grupo de personas ha disfrutado por las deficiencias del modelo, que hacía necesario sortear el obstáculo del convenio suscrito en 1999 en defensa del interés general y el sentido común.
La norma, que a partir de ahora se tramitará en el Senado, fue apoyada por todos los grupos salvo Izquierda Unida y BNG, que votaron en contra. Al texto se incorporaron aportaciones de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y Coalición Canaria. Ninguna del PP, que había presentado un paquete de enmiendas contra la privatización o externalización de los servicios de control aéreo, en contra de lo propuesto por la norma aprobada por el Gobierno a primeros de febrero.
Rafael Simancas señaló que la norma permite garantizar la seguridad aérea y la sostenibilidad de las cuentas de AENA, al tiempo que acaba con los privilegios inasumibles que un grupo de personas ha disfrutado por las deficiencias del modelo, que hacía necesario sortear el obstáculo del convenio suscrito en 1999 en defensa del interés general y el sentido común.