El Congreso debatirá la renovación del Constitucional
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Pleno del Senado dio AYER el visto bueno a la propuesta de Entesa Catalana del Progrés y CiU para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en la que, entre otros puntos, se insta al alto tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut de Cataluña.
El texto será ahora remitido al Congreso para su debate y tramitación. La iniciativa salió adelante gracias al apoyo del PSOE y pese al rechazo del PP.
La toma en consideración de la proposición de ley recibió el apoyo de toda la Cámara excepto el PP que votó en contra y el senador del PAR, José María Mur, que optó por la abstención. Los socialistas aseguraron que consideran necesario abordar el debate, aunque dejaron abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el texto. Por su parte, el PP votó en contra y se negó a legislar en caliente cuando el Tribunal Constitucional está en pleno debate del Estatut. Entre otros puntos, la iniciativa propone que los magistrados del TC cesen automáticamente de sus cargos una vez que se cumplan seis meses del cumplimiento de su mandato. El objetivo es evitar que se repita la situación actual por la que cuatro magistrados llevan en esa situación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas. Además, propone que el Tribunal Constitucional cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las reformas de estatutos de autonomía y que, en caso contrario, los recursos sean desestimados.
La proposición que este miércoles inició su tramitación parlamentaria también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas y propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal. Y, por último, añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten a las deliberaciones sobre Estatut de Cataluña. El encargado de defender la iniciativa fue el portavoz de la Entesa, Isidre Molas, quien quiso subrayar de entrada que la pretensión de los grupos que presentaban la iniciativa no era reabrir el debate sobre la reforma estatutaria, ni buscar responsabilidades, ni arrojar piedras o discutir las funciones del Tribunal.
También defendió limitar el tiempo de dictar sentencia sobre los estatutos de autonomía. No es necesario que subraye la importancia de las CCAA en el tejido institucional de España; ejercen una parte del poder legislativo del Estado y los recursos deben solucionarse sin demora, defendió. Por argumentos similares, puesto que se trata de leyes singulares, reclamó una mayoría reforzada para estas sentencias. El tercer problema, concluyó Molas, es el carácter interpretativo de las sentencias. Necesita interpretar la Constitución y las leyes objeto de recurso, claro, naturalmente. Pero es un legislador negativo, su misión no es sustituir al legislador, su misión es juzgar si una norma se encuentra externa al marco fijado por la Constitución, explicó.
Isidre Molas abandonó la tribuna algo molesto con los senadores, por las conversaciones en las bancadas durante su intervención. No les interesa, les dijo en un momento. ¿Ustedes tienen prisa? Pues busquen otro trabajo, dijo al final, mientras Javier Rojo, presidente del Senado, le pedía que concluyese. Ofrecemos un marco abierto, para debatir y buscar acuerdo y el acuerdo significa diálogo, se despidió el portavoz, que es también vicepresidente primero de la Cámara.
La toma en consideración de la proposición de ley recibió el apoyo de toda la Cámara excepto el PP que votó en contra y el senador del PAR, José María Mur, que optó por la abstención. Los socialistas aseguraron que consideran necesario abordar el debate, aunque dejaron abierta la posibilidad de realizar modificaciones en el texto. Por su parte, el PP votó en contra y se negó a legislar en caliente cuando el Tribunal Constitucional está en pleno debate del Estatut. Entre otros puntos, la iniciativa propone que los magistrados del TC cesen automáticamente de sus cargos una vez que se cumplan seis meses del cumplimiento de su mandato. El objetivo es evitar que se repita la situación actual por la que cuatro magistrados llevan en esa situación desde diciembre de 2007, incluida la presidenta del tribunal, María Emilia Casas. Además, propone que el Tribunal Constitucional cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las reformas de estatutos de autonomía y que, en caso contrario, los recursos sean desestimados.
La proposición que este miércoles inició su tramitación parlamentaria también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas y propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal. Y, por último, añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten a las deliberaciones sobre Estatut de Cataluña. El encargado de defender la iniciativa fue el portavoz de la Entesa, Isidre Molas, quien quiso subrayar de entrada que la pretensión de los grupos que presentaban la iniciativa no era reabrir el debate sobre la reforma estatutaria, ni buscar responsabilidades, ni arrojar piedras o discutir las funciones del Tribunal.
También defendió limitar el tiempo de dictar sentencia sobre los estatutos de autonomía. No es necesario que subraye la importancia de las CCAA en el tejido institucional de España; ejercen una parte del poder legislativo del Estado y los recursos deben solucionarse sin demora, defendió. Por argumentos similares, puesto que se trata de leyes singulares, reclamó una mayoría reforzada para estas sentencias. El tercer problema, concluyó Molas, es el carácter interpretativo de las sentencias. Necesita interpretar la Constitución y las leyes objeto de recurso, claro, naturalmente. Pero es un legislador negativo, su misión no es sustituir al legislador, su misión es juzgar si una norma se encuentra externa al marco fijado por la Constitución, explicó.
Isidre Molas abandonó la tribuna algo molesto con los senadores, por las conversaciones en las bancadas durante su intervención. No les interesa, les dijo en un momento. ¿Ustedes tienen prisa? Pues busquen otro trabajo, dijo al final, mientras Javier Rojo, presidente del Senado, le pedía que concluyese. Ofrecemos un marco abierto, para debatir y buscar acuerdo y el acuerdo significa diálogo, se despidió el portavoz, que es también vicepresidente primero de la Cámara.